-Cuarto comunicado-

Se han dibujado dos posiciones, en las vísperas de la jornada electoral, sobre la posibilidad de que ocurra un fraude. Por un lado, hay quienes expresan temor por la posibilidad de que se esté “cocinando” un fraude masivo de forma coordinada centralmente. Por otro lado, hay quienes argumentan que aquellos que claman que se prepara un fraude sin ofrecer pruebas concluyentes se comportan de manera antidemocrática y, en consecuencia, dicen, vulneran las instituciones y son un riesgo para la continuidad de la democracia. No compartimos ninguna de estas dos posiciones y creemos que la importancia que se les ha dado responde a la propia disputa electoral y ninguna reflexiona sobre los problemas que, en los hechos, afectan la calidad de nuestras elecciones. Creer que se debe tomar postura del lado de alguno de estos actos discursivos oscurece negativamente la posibilidad de enfocarnos en los problemas existentes.

Entendemos que nuestra democracia es joven y hay inercias que llevan a la población y a los actores políticos a temer la posibilidad de un fraude, así también hay inercias que llevan a temer la posibilidad de una ruptura en la democracia institucional. Sin embargo, creemos que las advertencias han cruzado el borde de la exageración. En este momento particular, con las leyes y las instituciones que tenemos y con los antecedentes políticos que hemos ido acumulando, creemos que no hay razones suficientes para temer ninguno de los eventos sugeridos anteriormente. Las autoridades electorales han hecho bien su trabajo, y han construido las condiciones en las que un fraude masivo y coordinado centralmente sea altamente improbable. No es un asunto de fe ciega en el IFE, es una confianza producto de la buena organización y de los mecanismos legítimos de impugnación. Por el otro lado, tampoco vemos ni la voluntad, ni la posibilidad de que la hipotética rebeldía de algún candidato frente a los resultados electorales vaya a producir un quiebre institucional. Las preocupaciones de tipo “preventivo” sobre posibles fraudes ocurrieron en la elección del año 2000 y de 2006, y nuestra democracia sobrevivió perfectamente sin importar los sobresaltos. Pensar que hoy no deberían existir preocupaciones similares es pensar que nuestra democracia funciona de manera perfecta.

Decir que se cocina un fraude presentando pruebas flacas o inconclusas puede manchar injustificadamente el prestigio del árbitro electoral por razones de interés de partido, pero no es necesariamente anti democrático ni tampoco anti-institucional. Tampoco hay que pasar por alto que estar atento ante la posibilidad de un fraude, por más mínimo que sea, también es un comportamiento natural en la democracia y los árbitros deben (y están) preparados para resistir las presiones y los cuestionamientos, ese es parte de su trabajo. El sistema entero depende de que, además de la imparcialidad y fortaleza del árbitro, los partidos sean vigilantes puntillosos de sus propios intereses, recopilen pruebas, impugnen y los presenten en los tribunales. El fortalecimiento de la democracia institucional pasa también por la desconfianza y la impugnación. Los partidos harán eso y harán bien en hacerlo, por el bien de la democracia.

Lo anti democrático y anti institucional sería que pasada la elección los perdedores se negaran a acatar las órdenes de la autoridad y actuaran en consecuencia. Podría ocurrir que el perdedor se moleste y se mantenga molesto por razones políticas, pero sin hacer nada más al respecto. Preocuparse paranoicamente por un fraude no es deseable pero es, sin duda, un caso común y esperable en todas las democracias, no sólo en la mexicana. Sí habría razones para juzgar los comportamientos como sediciosos en caso de que el perdedor hiciera un llamado y se organizara con el fin de derrocar al legítimo ganador. Sin embargo, es imposible afirmar que esto sucederá de antemano.Más aún, nos tranquiliza considerar que eso nunca ha ocurrido en el caso mexicano desde la alborada democrática de finales del siglo XX. No compartimos, por tanto, la percepción de algún sector de la población, en particular de algunos comunicadores, que predice, casi con certeza, que un conflicto postelectoral sucederá la noche del 1 de julio.

Así pues, vemos un riesgo mínimo y muchos beneficios en aquellos que se preocupan por comportamientos fraudulentos. Sin embargo, los dos miedos de los que hablamos, no por ser discursivos, dejan de tener consecuencias prácticas, materiales, y ninguna de los dos ha producido consecuencias que nos parezcan deseables en términos de apuntalar el juego democrático (quizá no tendrían por qué hacerlo en tanto actos de campaña) especialmente porque al convertirse en bandos, terminan ignorando lo sustancial.

Por nuestra parte, declaramos que no tenemos razones para dudar de que existen las condiciones para una jornada electoral limpia. Sin embargo, sí creemos que existe el riesgo de irregularidades y prácticas antidemocráticas que pongan en entredicho ciertas partes de la elección. Y, aún más importante, creemos que nuestra democracia electoral aún tiene problemas serios, que es perfectible y que se deben tomar las medidas para mejorarla. Vemos problemas que habrá que reflexionar más a fondo después del primero de julio. Basten estos cinco ejemplos:

1. La relación entre los medios de comunicación, los candidatos y la democracia en general.
2. La coacción del voto.
3. La violencia física entre candidatos y simpatizantes que ha llevado hasta el asesinato.
4. Fiscalización de donativos privados y gastos de campaña.
5. Las resoluciones del TEPJF.

Estos problemas tienen implicaciones negativas para la equidad de nuestras elecciones, la libertad en la participación electoral, la transparencia de la acción política de los partidos, la austeridad presupuestal, la paz democrática y la eficiencia en la resolución de conflictos electorales.

Por todo lo anterior creemos que cualquiera que exija al opositor que renuncie a la posibilidad de preocuparse y vigilar comportamientos fraudulentos está promoviendo un comportamiento no democrático. Cualquiera que diga que la democracia electoral está bajo riesgo de fraude masivo o de quiebre institucional sin suficientes argumentos y con fines políticos, está lucrando con el miedo injustificado. Cualquiera que niegue que nuestra democracia electoral aún es perfectible le estorba a aquellos que queremos elecciones más equitativas, con menos coacción y con menos violencia. Por eso declaramos que cualquiera que defienda estas tres posiciones de manera simultánea será nuestro adversario político.

DEMOCRACIA DELIBERADA

Corriente política