-Quinto comunicado-

Los resultados de la elección del 1° de julio pueden tener distintas interpretaciones. Esta es la nuestra, desde una perspectiva, por supuesto, de izquierda. En estas elecciones, la izquierda se ha consolidado como la segunda fuera política del país; es hoy una alternativa para uno de cada tres mexicanos. La coalición de izquierdas obtuvo triunfos electorales en dos de los seis estados que renovaron gobernador y confirmó al Distrito Federal como su bastión, alcanzando niveles de votación históricos. Ganó Tabasco, estado gobernado por el PRI durante 83 años. Además, incrementó su representación en la Cámara de Diputados en aproximadamente 59 por ciento y mantuvo una importante participación en el Senado. Pero su avance no debe sólo medirse en términos de puestos ganados. La izquierda consiguió aumentar su nivel de votación en estados donde tradicionalmente no tenía presencia. Por ejemplo, pasó de 23 a 31 por ciento en Baja California y de 16 a 22 por ciento en Nuevo León.

Andrés Manuel López Obrador mostró seguir siendo un importante líder de la izquierda. En términos absolutos, obtuvo un mayor número de votos que en 2006 (un millón ciento cuarenta mil más) y superó los porcentajes obtenidos por los candidatos del Movimiento Progresista en ambas cámaras del Congreso. Aunque es imposible saber qué hubiera pasado en un escenario con un candidato distinto, el discurso que cuestionó (y sigue cuestionando) la pertinencia de su candidatura debe tomar esto en cuenta.

Los resultados de la elección, hasta hoy, no son definitivos. Ni López Obrador ni la izquierda, ni ningún otro actor político están obligados a reconocer un proceso con evidentes irregularidades. Al contrario, en Democracia Deliberada consideramos que la lucha por la democracia y el fortalecimiento de las instituciones que la sostienen es uno de nuestros objetivos fundamentales. Por eso, es necesario recurrir a todas las instancias legales para dar certeza a los resultados de esta elección.

Andrés Manuel López Obrador, a través de su coordinador de campaña, ha expresado que respetará el fallo del tribunal electoral. Desde nuestra perspectiva, este discurso es congruente con el respeto al proceso institucional, aprovechando las instancias legales que permiten presionar para que las prácticas antidemocráticas se castiguen. Impugnar la elección no demerita la labor realizada por el IFE y los ciudadanos. Al contrario, desde la izquierda, en Democracia Deliberada reconocemos que su labor durante la emisión y el conteo de votos fue ejemplar. Pero creemos que pedir que el proceso se revise fortalece al IFE y a la democracia, siempre que sirva para evidenciar las debilidades de un organismo aún perfectible. Las impugnaciones de la izquierda (y de todos los demás partidos) a esta elección deben ser usadas, entonces, como un mecanismo para fortalecer las instituciones democráticas en México.

Como antes lo hemos manifestado, valoramos la protesta como un acto democrático, por lo que rechazamos las reacciones que pretenden limitar a quienes han salido a las calles a mostrar su desaprobación a la forma en que se condujo el proceso electoral. Manifestarse es un camino paralelo y no contradictorio a la vía legal, siempre que no se afecten los derechos de los demás. Sin embargo, rechazamos también las acciones infundadas y la desinformación que han generado algunos medios y personajes públicos afines a la izquierda. Del mismo modo, rechazamos las actitudes de quienes pretenden normar el comportamiento del candidato de la izquierda, al calificarlo como inmaduro o antidemocrático por el simple hecho de ejercer su legítimo derecho y, desde nuestra perspectiva, su obligación, de señalar y pedir que se castiguen las irregularidades cometidas en esta elección. Por ejemplo, la cometida por el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señalando que ‘nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas’, cuando la posibilidad de anular una elección, si se cumplieran ciertas condiciones, es precisamente una de las atribuciones del tribunal.

López Obrador ha denunciado irregularidades en tres procesos electorales distintos y el resultado siempre ha sido positivo en términos democráticos. En 1991, como presidente del PRD, logró que se reconociera el fraude en Cárdenas, Tabasco y otros municipios de Veracruz. En 1994 exhibió el excesivo gasto de campaña del candidato del PRI y la influencia de dinero de fuentes ilícitas. Como consecuencia del conflicto postelectoral de 2006, la reforma de 2007 permitió un mejor funcionamiento del IFE en 2012, con un PREP más confiable y funcional, con la digitalización de las actas de cada casilla que otorga certeza a los conteos, con la regulación a los medios electrónicos, o con el ‘voto por voto’ como un instrumento con reglas claras. Sus contribuciones al fortalecimiento de la democracia en México son evidentes.

Por otro lado, consideramos que poco ayudan a la democracia las actitudes pasivas de Josefina Vázquez Mota y Gabriel Quadri, quienes en vez de activar los mecanismos institucionales para denunciar irregularidades, alzaron con complacencia la mano del candidato del PRI, fuera de todo tiempo legal. Incluso Josefina, quien denunció durante su campaña los manejos financieros por parte del PRI, parece validar con su silencio lo que fue objeto de sus críticas previas.
Llamamos a los miembros y simpatizantes de la izquierda a asumir una posición inteligente.

En el momento actual, se requiere pensar cada una de nuestras acciones y pronunciamientos, e informarnos e informar para manifestar nuestras inconformidades de manera inteligente. Por su parte, el equipo de campaña de López Obrador debe preparar una impugnación impecable. Debe privilegiarse como prueba aquello que pueda sostenerse de manera legal y que pueda ser demostrado. El equipo legal debe tomarse la vía jurídica en serio, optando por los alegatos viables y no apelando a la buena fe de los funcionarios y jueces (un buen precedente puede encontrarse en la impugnación de la elección municipal de Morelia.) La izquierda tiene la gran responsabilidad de representar dignamente a esos 15 millones de ciudadanos que le dieron su confianza con su voto.
Creemos, sobre todo, que detrás de la impugnación debe haber una crítica a las malas prácticas que se hicieron evidentes durante el proceso electoral y a las lagunas jurídicas y procedimentales que las hicieron posibles, dando lugar a una contienda inequitativa. Esto es, la impugnación de la elección constituye una crítica a la forma en que se ejerce el gasto en los estados, que sirve en muchos casos para promover el voto para el partido en el gobierno; una crítica a los gastos en publicidad disfrazados de comunicación social; una crítica a la relación entre los medios y los partidos y candidatos. Es necesario analizar el papel de las encuestas, que jugaron un papel más de propaganda que informativo y a las que hoy se cuestiona su credibilidad. 

La impugnación debe ser también un llamado al Congreso para implementar las reformas que establezcan mecanismos más eficientes para sancionar a quienes usan métodos ilegales para obtener votos. Se requieren mecanismos para que los castigos tengan implicaciones inmediatas, en términos de candidaturas, votos y futuras participaciones, para quienes infrinjan la ley, y no sólo en términos de multas ex post a los partidos. Además, se deberá prestar más atención a los actos ilegales por sí mismos y no analizarlos sólo en términos causales, es decir, la compra y coacción del voto debería ser un delito grave por sí mismo y no sólo en términos de cuántos votos es posible determinar que fueron efectivamente coaccionados. Esta deberá ser la agenda que viene para las instituciones electorales y para la democracia en general. En Democracia Deliberada hemos decidido contribuir en esta discusión.

Seremos aliados políticos de aquellos que busquen una democracia más justa y equitativa, y que se pronuncien por mejores instrumentos para garantizar que los ciudadanos elijan a sus representantes de manera libre. Daremos una pelea junto a aquellos que se conduzcan por los canales institucionales para llevar sus justas demandas hasta las últimas consecuencias legales, de manera pacífica. Repudiamos las prácticas añejas que lucran con la necesidad para ganar votos y a quienes usan el dinero público con fines partidistas. Quienes pretendan limitar el derecho a protestar, quienes se queden callados ante la  ilegalidad, y quienes validen el viejo estilo de hacer política, para ganar cueste lo que cueste, serán nuestros adversarios políticos.