Calificar sin conocer las respuestas -séptimo comunicado-

Al calificar la elección presidencial, el TEPJF validará o no las condiciones de equidad en la competencia, el respeto al marco normativo, y la capacidad efectiva de los electores para emitir su voto en condiciones de libertad para expresar sinceramente sus preferencias.

Cuestionar el proceso no se deriva de un cuestionamiento al resultado. En todo caso, la revisión exhaustiva del proceso electoral podría o no derivar en un cuestionamiento al resultado que arrojó. La democracia descansa centralmente en la selección, mediante elecciones justas y transparentes, de quienes ocupan puestos de decisión. Por tanto, quien busca procesos incuestionables, defiende la democracia, independientemente de quiénes resulten ganadores.

Una elección puede resultar inválida y que al repetirla gané la misma persona o no; puede ocurrir igualmente que la elección se valide, pero en la resolución de quejas y demandas se entre al fondo de las circunstancias del proceso y el ejercicio libre del voto, y se identifiquen al menos las restricciones a lo segundo. En cualquiera de los dos escenarios hay un elemento clave: la información.

Los mexicanos llegamos al proceso de calificación por parte del TEPJF sin saber todo lo que tendríamos que saber. Peor aún, el propio TEPJF no tendrá a su alcance toda la información relevante para emitir su decisión. ¿Cómo validar una elección bajo esas condiciones? ¿Cómo identificar violaciones a principios constitucionales y ponderar su magnitud sin la información concluyente de los reportes de campañas (que se entregarán en octubre) y el consecuente ejercicio de fiscalización por parte del IFE (que concluirá en enero del 2013)?

Así, el TEPJF tendrá por parte del IFE y la FEPADE sólo información sobre quejas o procedimientos para los que ya se haya emitido una resolución con base en la información existente. Ello incluye las diligencias de investigación concluidas por parte de la Unidad de Fiscalización del IFE, que como sabemos, expresó hace apenas dos semanas que el COFIPE impedía acelerar el proceso de fiscalización.

Llegamos nosotros y llegan los magistrados del TEPJF a la calificación de la elección sin conocer toda la información relevante para validar el proceso:

No sabremos de quiénes recibieron dinero o donaciones en especie las campañas; ni por qué montos.

No sabremos el desglose de gastos operativos, gastos de producción o gastos de propaganda.

No sabremos si el IFE encuentra irregularidades en los reportes de las campañas, y mucho menos la magnitud de dichas irregularidades.

No sabremos si hubo o no rebases en los topes de gasto de campaña, por qué montos y destinados a qué tipo de gasto.

No sabremos si las violaciones a la normatividad implican sólo sanciones administrativas, ni las razones jurídicas para ello.

No sabremos si las encuestas publicadas constituyen o no una forma de propaganda (el IFE ya concluyó en su informe circunstanciado que no lo son dado que no encajan en lo que el COFIPE define como propaganda); ni si algunas de ellas, justamente con fines políticos, no cumplieron con los criterios técnicos propios de un estudio de opinión de esta naturaleza.

No sabremos el número estimado de ciudadanos que emitieron su sufragio sujetos a interferencias, presiones, coacciones o manipulaciones; ni la regularidad en la oferta de dádivas a cambio de voto que, el propio IFE concluye, “lesionan gravemente el derecho al ejercicio libre del voto”.

No sabremos la dimensión de la entrega de bienes privados; si éstos son un medio para la distribución de propaganda (como argumenta el IFE) o si su entrega fue condicionada a cambio del voto (sólo bajo ese condicionamiento el IFE considera que hablamos de “compra de votos”). 

No sabremos las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el uso y entrega de algunos objetos ya emblemáticos del proceso, como las tarjetas Soriana y Monex; o de cualquier otro, aún no conocido. 

No sabremos los detalles ni el efecto del sesgo en coberturas mediáticas o de acuerdos explícitos entre televisoras y candidatos; el propio TEPJF ya decidió el año pasado que una cobertura mediática, por más sesgada que sea, no puede afectar un proceso que aún no inicia. Esto quiere decir para los magistrados, que todo lo que ocurrió en medios de comunicación antes del 7 de octubre de 2011 no pudo haber afectado lo que ocurrió el 2 de julio de 2012. Por su parte, el IFE concluyó, sin investigación alguna, que haya habido propaganda encubierta hacia algún candidato.

No sabremos pues a cabalidad, si hubo violaciones a los principios constitucionales que protegen la voluntad de los electores; ni mucho menos si tales violaciones fueron de tal dimensión que cuestionen el resultado de la elección.

La única conclusión posible a la que podemos llegar después de todo lo anterior no puede tranquilizar a nadie: en la calificación y validación de la elección, toda la información sobre las fuentes de ingresos y total de gastos de campaña, es considerada como irrelevante.

Mientras las autoridades no tengan la información relevante para calificar la elección, ya sea porque no existen los instrumentos legales y técnicos para recopilarla o se mantenga una interpretación jurídica que restringe su recopilación a partir de exigencias poco realistas, es difícil pensar que el TEPJF pueda dar respuestas a las quejas y cuestionamientos que plantean los dilemas más importantes de nuestro sistema electoral.

Hay dos momentos en los que la información detallada sobre ingresos y gastos de las campañas es clave (ya sea monetarios o en especie). En primer lugar, investigar y probar si hubieron violaciones a los principios señalados en el artículo 41 constitucional: universalidad, libertad, secrecía y voto directo. En segundo lugar, ponderar si la magnitud de dichas violaciones afectaron sustancialmente el resultado.

¿Con qué se violarían los principios constitucionales sobre las condiciones del voto, sobre los que descansa la validez de una elección, sin que en ello intervengan dineros?

Esta ausencia de información es resultado en gran parte del marco normativo que una clara mayoría de legisladores de todos los partidos propusieron y aprobaron en 2007. Con intención o sin ella, los partidos políticos permitieron que dado el proceso de fiscalización y validación del proceso electoral, quede un enorme espacio para que las campañas violen la normatividad sobre sus ingresos y gastos; así como para dedicar la cantidad que gusten a la transferencia de bienes privados (i.e. clientelismo).

Sí, pero si atendemos a los argumentos en algunas resoluciones del TEPJF, todo indicaría que incluso si tuviésemos toda esa información y aun en presencia de graves violaciones a los principios constitucionales, ello no bastaría para invalidar el proceso electoral. Ello se debe al criterio cuantitativo de determinancia de dichas violaciones, que,

“atiende a cierta magnitud medible, como puede ser tanto el cúmulo de irregularidades graves o violaciones sustanciales, así como el número cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos en forma irregular […] a fin de establecer si esa irregularidad grave o violación sustancial definió el resultado de la votación o de la elección, teniendo como referencia la diferencia entre el primero y el segundo lugar”. http://www.te.gob.mx/transparencia/informes/info_04/05_tesis/tesis_relevantes/29.html

Bajo esta definición, no sorprende que el único criterio que ha sido realmente medido y usado, sea la distancia entre el primero y el segundo lugar. El resto nunca ha sido ni documentado, ni ponderado, ni cuantificado.

En la resolución de la Sala Regional del TEPJF con sede en Toluca, respecto a la elección en Morelia y la portación de un logotipo en los calzoncillos del boxeador Juan Manuel Márquez, se concluyó por ejemplo,

“es dable tener por acreditada la determinancia de las violaciones ya precisadas, toda vez que, como ya se apuntó, el margen de diferencia entre el primer y segundo lugar fue menor a un punto porcentual, por lo que al haberse desplegado las conductas en mención, a través de medios de comunicación masivos que se encuentran al alcance de la ciudadanía, es evidente que cualquier variación por mínima que se presente en el electorado pudo ser determinante”.

A eso se reduce el criterio de determinancia de quienes piden enfáticos que las impugnaciones, sujetas como todos a las limitantes de información ya señaladas, documenten perfectamente violaciones, su magnitud, y circunstancias de modo, tiempo y lugar. La imposibilidad por parte del TEPJF para cuantificar, ha derivado en que la documentación de ese criterio jurídico sea obligación de la parte acusatoria. No existe hoy en todo México alguien capaz de tal ejercicio.

Por ejemplo, en la resolución hecha por la sala superior del TEPJF sobre la elección en Acapulco (SUP-JRC-165/2008), a cargo de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, se concluye:

“[…]a estimación de esta Sala resolutora, los argumentos de disenso mencionados son infundados e inoperantes, esencialmente por tres razones. Primero, porque contrario a lo que en ellos se afirma, en el caso particular resulta elemental acreditar fehacientemente que las campañas electorales, que según la recurrente se sucintaron en contravención a la constitución […], fueron determinantes en el resultado de la elección impugnada, esto es, que las mismas hayan sido la causa primordial por la que los electores del Municipio de Acapulco votaron por dicho candidato y dejaron de hacerlo a favor de otra opción política, […] En segundo, porque esa determinancia, como bien lo sostuvo la Sala Unitaria en el fallo reprochado, no se acreditó por no haberse ofrecido en autos pruebas idóneas para demostrar la aludida determinancia de las campañas tildadas de inconstitucionales e ilegales por la impugnante; y tercero, porque el spot difundido en televisión […] por más que se haya transmitido en el intermedio de un partido de fútbol de gran afluencia de televidentes y que de acuerdo con la mercadotecnia los spots políticos son una herramienta de comunicación política-electoral eminentemente persuasiva que es utilizada por los partidos políticos y sus candidatos para influir en la preferencia de los electores, el spot de referencia por sí sólo no demuestra, en el ámbito real, que el mismo fue la razón o el motivo esencial y contundente por el que los electores de la municipalidad en cita hayan decidido ejercer su voto a favor del candidato de la Coalición “Juntos para Mejorar”.

Textualmente, alguien más, que no el TEPJF, debe demostrar a cuántos ciudadanos pudieron haber afectado las violaciones a los principios constitucionales. Como tal cosa no ocurre, ni por parte de quienes impugnan (¿cómo podrían?), ni por parte del TEPJF (¿ellos sí podrían?); entonces el único criterio que sobrevive es el de la distancia entre el primero y segundo lugar.

Estamos sujetos entonces a un marco normativo que produce tales vacíos de información; y al uso, de por parte de la máxima autoridad electoral, de criterios empíricamente imposibles y jurídicamente superficiales para ponderar violaciones a principios constitucionales. Ambos, las normas y su lectura son contrarios a una democracia que exija, de manera muy elemental, equidad, certeza y transparencia en sus procesos electorales; y que garantice el libre ejercicio del sufragio de todos sus ciudadanos.

En Democracia Deliberada pensamos que el marco normativo tiene que cambiar y al mismo tiempo exigimos a las autoridades correspondientes a que hagan una lectura de la ley que de la mejor respuesta posible a serios dilemas que se presentan en nuestra democracia. Consideramos que tanto la ley actual como las interpretaciones jurídicas que se han hecho hasta el momento no ayudan a resolverlos pese a ser planteados una y otra vez en un número cada vez mayor de procesos electorales. Por estas razones, quienes intenten mantener las leyes electorales tal y como están, para aprovechar los vacíos legales y de información que existen, así como quienes sólo quieran un lectura textual de la ley sin un interpretación jurídica relevante para la democracia serán nuestros adversarios políticos. 

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