-Noveno Comunicado-

Hace unas semanas el Presidente Calderón envió a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma laboral mediante el mecanismo de iniciativa preferente. La propuesta del Presidente tenía dos componentes fundamentales: mayor flexibilización del mercado laboral (contratos por hora, contratos a prueba, subcontratación, etc.) y cambios en los mecanismos de representación sindical que podrían mejorar la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas de la mayor parte de los sindicatos del país (la propuesta se refiere únicamente a los trabajadores del apartado A del artículo 123). Como es sabido, la propuesta de reforma laboral del Presidente fue aprobada por los Diputados pero sin incluir los elementos relativos a la vida sindical. En contraste, todas las modificaciones relativas a la flexibilización del mercado laboral –que representaban básicamente la agenda y las propuestas de las cúpulas empresariales– fueron aprobadas en la Cámara con los votos del PRI, el PAN, el PVEM y el PANAL.

Ahora, la propuesta está a discusión en la Cámara de Senadores en donde se especula que podría haber una alianza entre el PAN y las izquierdas para reintegrar a la reforma la parte relativa a la democracia y transparencia sindicales. El PRI, como era de esperarse, se opone a realizar cambios que afecten al viejo sistema corporativo priista y amenaza con bloquear toda la reforma si es que llegase a ocurrir lo anterior. Mientras tanto, las cúpulas empresariales, desesperadas por la posibilidad de perder lo ganado con la reforma aprobada por los Diputados, hacen llamados urgentes y publican desplegados apremiando a los Senadores del PAN a aprobar la reforma “sin modificaciones”.

Dado el contexto y la situación actual de esta polémica, los miembros de Democracia Deliberada manifestamos nuestra posición:

La propuesta de Reforma Laboral parte de un par de premisas equivocadas, pues considera, primero, que el mercado laboral mexicano es demasiado rígido y, segundo, que las condiciones de impartición de justicia laboral son muy favorables para los trabajadores. Estos factores perjudicarían a las empresas, principalmente a las pequeñas y medianas, desalentando así la creación de empleos formales. Sin embargo, ninguna de estas dos premisas es cierta ya que la evidencia empírica tanto en creación y destrucción de empleo, como en los resultados de los mecanismos de impartición de justicia laboral, sugieren lo contrario. Estas premisas equivocadas, sin embargo, han servido para justificar algunas de las propuestas de la reforma y han dado lugar a una considerable sobre-estimación de los beneficios de la misma en materia de creación de empleos formales. Esto, por supuesto, también ha servido para “vender” mejor la reforma ya que con ello se promete la creación de más oportunidades de empleo, sobre todo para la gente joven y para las mujeres.  

En cambio, nosotros consideramos que la Reforma Laboral, tal y como fue aprobada por los Diputados, está muy lejos de ser una verdadera reforma de fondo en las condiciones que norman las relaciones entre trabajadores y empresas en el ámbito laboral. Lo anterior se debe a que esta reforma no modifica los instrumentos históricos del corporativismo representado por las cúpulas del PRI, las organizaciones obreras y los organismos patronales, ya que sigue permitiendo la existencia de sindicatos blancos y de contratos de protección; no cambia los mecanismos de impartición de justicia laboral, y no establece mecanismos apropiados de protección social para los trabajadores (como el seguro de desempleo, por ejemplo).

Más aún, dentro de lo ya aprobado, la Reforma Laboral amplía las posibilidades de subcontratación y de los llamados servicios de “puesta a disposición de los trabajadores”, lo cual pretende regularizar una serie de prácticas que hoy se dan al margen de la ley y que han servido únicamente para beneficiar a las empresas a costa de la calidad de las condiciones laborales. De aprobarse estas modificaciones, se estaría regularizando una serie de prácticas que hoy en día son ilegales y que en el futuro podrían perjudicar a amplios segmentos de los trabajadores al facilitar su desvinculación de las empresas en las que actualmente laboran, con lo que sus ingresos y condiciones de trabajo podrían verse severamente afectados.

En Democracia Deliberada creemos que una auténtica reforma laboral debe contener, al menos, los siguientes elementos:

1) Mayor transparencia y democracia sindical.

2) Mecanismos ampliados de protección social para los trabajadores, incluyendo la creación de un seguro de desempleo.

3) Nuevos mecanismos de impartición de justicia laboral (juzgados laborales), que formen parte del Poder Judicial y no de Juntas de Conciliación y Arbitraje como ha funcionado hasta ahora.

4) Eliminación del concepto de “Toma de nota” y de la “cláusula de exclusión”, que permiten la existencia de sindicatos blancos y de opresión a la disidencia sindical.

5) Garantía de voto libre y secreto antes de la asignación del contrato colectivo.

6) Una mejor regulación de la subcontratación, que limite el uso de ésta a actividades no sustantivas de las empresas.

7) Una mejor regulación de los servicios de “puesta a disposición de los trabajadores” que evite la simulación y el establecimiento de relaciones laborales semi-permanentes en actividades que, por su propia naturaleza, deberían de ser temporales o esporádicas.

En Democracia Deliberada pensamos que ha sido un error proponer una Reforma Laboral parcial, sesgada, divisiva e incompleta que, por lo demás, tendrá efectos negativos sobre las condiciones laborales y los ingresos de los trabajadores, sobre todo como resultado de la legalización de prácticas de subcontratación que van más allá de lo establecido en los estándares internacionales. Consideramos que la única ventaja real que podría resultar de esta propuesta de reforma reside en la posibilidad de mejorar las condiciones de transparencia, democracia y rendición de cuentas de los sindicatos blancos que actualmente operan en la mayor parte de las empresas privadas y, eventualmente, en las de los sindicatos públicos. Por ello, una reforma que no incluya al menos estos elementos no debería ser aprobada por no contener elementos que representen un beneficio para los trabajadores, pero que si podría ser lesiva para algunos de ellos. Así, ante la posibilidad de que pueda ser aprobada una reforma que estaría legalizando prácticas de subcontratación con carácter abusivo y por debajo de los estándares internacionales de protección laboral, es posible, por sorprendente que parezca, que el statu quo sea preferible a la reforma que actualmente ha sido aprobada en la Cámara de Diputados.

Por estas razones, quienes intenten aprobar una reforma laboral que perjudique los intereses de los trabajadores mexicanos, quienes promuevan una mayor flexibilización del mercado laboral sin promover una mejora de los mecanismos de protección social, así como quienes pretendan mantener las condiciones de opacidad y antidemocracia al interior de los sindicatos, serán nuestros adversarios políticos.

Democracia Deliberada
Corriente política