-onceavo comunicado-

El pasado 21 de enero el Gobierno Federal anunció la implementación de una estrategia de combate al hambre denominada Cruzada Nacional Contra el Hambre. El objetivo, se dice, es coordinar esfuerzos intersectoriales para asegurar que todos los mexicanos puedan satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Si bien garantizar el derecho a la alimentación es una obligación irrenunciable del Estado, en Democracia Deliberada consideramos que la Cruzada contra el Hambre tiene al menos cuatro grandes defectos de origen que limitarán su efectividad y que pueden hacer de ésta una estrategia fallida –como otras estrategias federales en sexenios anteriores.

Primero, consideramos que no se realizó una correcta cuantificación del problema que se desea atender y, por tanto, no se definió cuáles son los alcances de esta estrategia. En principio, la Cruzada tiene como población objetivo a aquellas personas que viven en condiciones de pobreza extrema y que al mismo tiempo tienen carencias de acceso a la alimentación. Para atender a esta población, se indicó que inicialmente la Cruzada se implementará en 400 municipios en donde el problema de la pobreza extrema es de acuciante gravedad. Sin embargo, hasta hoy no es transparente la forma en que se delimitó el número de municipios. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 18.8 por ciento de la población de México se encuentra en situación de pobreza alimentaria y 10.4 por ciento se clasificó en situación de pobreza extrema. Por tanto, debe vigilarse que haya transparencia en la forma en que se escogieron a los municipios para llegar a la cifra de 7.4 millones de personas que se buscará atender. En Democracia Deliberada consideramos que la transparencia debe ser un elemento central en todas las acciones del gobierno, en todo nivel, por lo que nos sumamos a quienes exigen una mayor claridad en la forma en se elegirán a los municipios de la Cruzada.

El segundo punto de discrepancia que tenemos es que, de acuerdo a los presupuestos asignados a los programas de la Cruzada, los esfuerzos se concentrarán en dos grandes conjuntos de la población más pobre, lo cual puede excluir en la práctica a muchas de las familias en condiciones de alta vulnerabilidad. Los programas más importantes enlistados en el decreto que establece el SINHAMBRE, que representan el 66 por ciento del presupuesto de los programas de la estrategia[1],o bien se enfocan al ámbito rural y de la producción agrícola, o tienen como objetivo transferir recursos para incrementar el ingreso de las familias y acercarlas a servicios básicos, como el Seguro Popular y Oportunidades. Sin embargo, podría estarse pasando por alto la complejidad de la pobreza extrema en que viven las familias con carencias alimentarias, que no es exclusivamente rural o que en muchos casos no tienen acceso a los servicios en sus comunidades.

En 2010, de acuerdo a CONEVAL, alrededor de 6 por ciento de la población en zonas urbanas se encontraba en situación de pobreza extrema. Por tanto, consideramos necesario tener en cuenta que las carencias alimentarias en las zonas urbanas pueden ser subsanadas con mejoras en el ingreso. En el contexto rural, cuando nos referimos a las zonas más castigadas por la pobreza y el hambre, la respuesta no es tan obvia. La falta de mercados, la severidad de las condiciones naturales y el aislamiento poblacional imponen severas restricciones para el funcionamiento de las políticas públicas. Errores en el diseño, como no tomar en cuenta estas diferencias entre los ámbitos urbano y rural, ya han causado que otras estrategias de política social fracasaran, mientras que la pobreza y el hambre siguen ahí, persistentemente flagelando a una parte importante de la población mexicana.

Los discursos de los funcionarios han enfatizado el carácter no asistencialista de la Cruzada, como una forma de desmarcarse de las sospechas que pudieran surgir sobre el uso de la misma con fines políticos. Es cierto, para dar una solución sostenible al problema del hambre se requiere mejorar las capacidades productivas de las familias más pobres para que sean capaces de salir de la condición de pobreza en que se encuentran. Sin embargo, miles de familias no tienen siquiera un piso mínimo de activos productivos sobre el cual las políticas públicas de la Cruzada puedan tener efecto. Para millones de familias las medidas asistencialistas son la única salida a la situación de pobreza en que viven. El problema es que aquéllos que hoy pretenden oponerse a este tipo de medidas son los mismos que han lucrado con la pobreza para obtener apoyos políticos a cambio de sus dádivas.

Tercero, consideramos que es importante señalar que, de acuerdo al decreto que formaliza el SINHAMBRE, se dota a una Comisión Intersecretarial encargada de dirigir el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE) de total discrecionalidad en la selección de los próximos municipios a entrar en el programa así como de capacidad de rediseñar las reglas de operación de los programas que han de operar dentro de la cruzada. Esto es poner nuevamente a los presupuestos más cuantiosos del gobierno en manos de funcionarios que pueden decidir qué hacer, con cuánto dinero y en qué tiempos. Consideramos sacar ventaja de la miseria de la gente para conseguir apoyos políticos es uno de los más arraigados vicios que debemos erradicar, en todos los niveles de gobierno. No basta con condenar esta práctica, en Democracia Deliberada urgimos a crear mecanismos externos a los gobiernos para vigilar el uso de recursos públicos, y para señalar y sancionar a quienes incurran en estas prácticas.

Otro punto que es necesario cuestionar está relacionado a la selección de programas que se incluyen dentro de la Cruzada. Pareciera que en aras de cumplir el compromiso de lanzar la Cruzada contra el Hambre en los primeros 60 días del nuevo gobierno, no se realizó una revisión profunda de los programas que se proponen para funcionar en el marco de la cruzada. De hecho, de entre los programas incluidos en la cruzada, algunos, como el PROCAMPO, han sido catalogados como regresivos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En cambio, otros programas fueron incluidos aunque, de acuerdo a las evaluaciones del mismo CONEVAL no se ha podido documentar con evidencia convincente su efecto positivo. No es claro que programas que consistentemente han fallado en alcanzar sus objetivos puedan funcionar dentro del marco de la cruzada, ni por qué no se consideró rediseñar estos programas o implementar otros nuevos y mejores.

Finalmente, en Democracia Deliberada asumimos una posición crítica respecto a la Cruzada contra el Hambre pues no ataca problemas de fondo sino que, enmarcado en un discurso atractivo, se limita a tratar de resolver los síntomas sin ir a las causas fundamentales. En el marco del Pacto por México, todo crítico al discurso de unidad es señalado casi como un traidor. La Cruzada contra el Hambre no será la excepción. ¿Quién podría estar en contra de asegurar que aquellos que no tienen qué comer encuentren tengan una forma digna de acceder a los alimentos? Sin embargo, poco o nada puede resultar de la cruzada contra el hambre si se mantiene la separación tajante entre la política económica y sus consecuencias sociales. De poca utilidad serán los esfuerzos en el contexto de una economía que gasta millones de pesos cada año en subsidios a los grandes productores agrícolas, a las gasolinas y a la electricidad. De poco puede servir que los más pobres reciban justo lo necesario para quedar por encima de la línea oficial que define la pobreza si se encontrarán en una situación igualmente vulnerable, de trabajo precario, sin acceso a la seguridad social y en riesgo inminente de ser de nuevo pobre a causa de alguna eventualidad.

En Democracia Deliberada creemos que es importante replantear lo que hoy se conoce como “política social”. Después de más de una década de programas focalizados dirigidos a los más pobres, no hay evidencia clara de que hayan sido efectivos en reducir de manera fundamental la pobreza y la desigualdad. Por esa razón creemos que urge considerar los programas de servicios y transferencias universales, que reduzcan la captura política de los más pobres, sean más fáciles de administrar y rompan con ciclos de pobreza de los cuáles hoy es casi imposible de salir. Quienes antepongan los intereses políticos y mediáticos por encima de medidas que distribuyan el presupuesto en beneficio de los grupos más necesitados, y quienes optan por estrategias espectaculares pero que se niegan a reconocer los grandes problemas que originan las desigualdades económicas y sociales y la carencia de oportunidades para los que menos tienen, serán nuestros adversarios políticos.

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[1] Se llegó a esta cifra con los datos que obtuvimos sobre el monto asignado a cada programa para el presente ejercicio, aunque no todos los recursos de cada programa estarán exclusivamente dedicados al SINHAMBRE.