La teletonización de la política social

-decimotercer comunicado-

Hace ya unas semanas en Democracia Deliberada hicimos públicas nuestras objeciones a la Cruzada contra el Hambre. El programa social insignia de la presente administración federal nos parece, en el mejor de los casos, mal diseñado. En el peor de los casos, nos parece una simple reedición de viejas estrategias sociales fallidas. Como dijimos en su momento, no hay transparencia sobre cómo se eligió a la población objetivo; el diseño del programa se presta para que su implementación dependa de criterios políticos; las evaluaciones a varios de los programas incluidos como parte de la cruzada los muestran como poco efectivos; otros ni siquiera han sido evaluados. Además, como señalamos en el comunicado anterior, la cruzada, con todo su marketing, ignora el problema de fondo: esa terca separación entre la política económica y sus efectos sociales. En suma, de acuerdo con su presentación original, nos parecía que la cruzada anteponía los intereses políticos y mediáticos por encima de la efectividad de los programas sociales. Pensamos que se trataba de una estrategia espectacular que se negaba a reconocer el origen de las grandes desigualdades económicas y sociales del país.

Tres meses después, consideramos que la implementación del programa ha ido confirmando su carácter meramente propagandístico, aunque también ha incorporado elementos aún más preocupantes: la participación de entidades privadas en el programa resulta poco clara, potencialmente contraproducente y en algunos casos banaliza el problema que el programa dice combatir.

Hace unos días, la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles anunció con bombo y platillo un convenio de colaboración con PepsiCo para que la compañía mencionada colabore en el cumplimiento de cuatro objetivos de la Cruzada contra el Hambre: primero, PepsiCo colaborará con el desarrollo de productos alimenticios que contribuyan a combatir la desnutrición. Según la  mencionada funcionaria federal, el convenio permite aprovechar “toda la experiencia, toda la capacidad de investigación científica de PepsiCo para diseñar un producto enriquecido a base de avena que contribuya a solucionar las necesidades nutricionales de los niños y las niñas, las mujeres embarazadas y en lactancia”. Las preguntas son obvias: ¿no había un mejor aliado en materia de investigación nutricional que una empresa en parte responsable de la grave crisis de obesidad en México? ¿No hay en el sector público mexicano alguna institución capaz de desarrollar un producto que permita cumplir los objetivos? ¿Qué gana PepsiCo con esta alianza? ¿Cuántos recursos públicos habrán de transferirse a PepsiCo a cambio de su “capacidad de investigación científica”? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de PepsiCo en este programa y hasta dónde la de la Sedesol?

Otro de los aliados estratégicos anunciados por Rosario Robles es Nestlé. En este caso, la compañía se involucrará por medio de impartición de cursos de nutrición y autoempleo. Es decir, los productores de los chocolates Kit Kat y los cereales Lucky Charms serán los encargados de educar a la población pobre de México sobre cómo tomar las mejores decisiones de consumo desde el punto de vista nutricional. Será una empresa líder en la producción de leche en polvo la que le explique a las madres pobres de México sobre las ventajas de la leche materna. Será una compañía internacional con cientos de miles de empleados alrededor del mundo la que enseñe a las madres pobres de México a crear su propio empleo. ¿Nadie en el equipo de Rosario Robles ha notado el potencial conflicto de interés? ¿El estado mexicano no cuenta con otros mecanismos para proveer información a la población?

Otros componentes de la Cruzada contra el Hambre podrían parecer menos kafkianos que la alianza con Nestlé y PepsiCo y aún así nos parecen cuestionables. Por ejemplo, SEDESOL ha anunciado que en colaboración con Cinépolis llevará funciones de estreno, presumimos que a regiones marginadas del país. Nosotros no tenemos nada en contra de proyectos que permitan que las clases más pobres del país tengan acceso a opciones de entretenimiento, en general exclusivas para las clases medias y acomodadas. Pero hacerlo como parte de una Cruzada contra el Hambre trivializa el grave problema de pobreza extrema. Concursos de fotografía, campañas en Facebook donde por cada “like” se donan litros de leche a la campaña por parte de los patrocinadores, historietas de Pepe el Tenedor, entre otras, no son formas efectivas de sensibilización, si acaso servirán para limpiar la conciencia de quienes, en el gobierno, en el sector privado, y en la sociedad en general quisieran que el problema de la pobreza pudiera resolverse haciendo “clicks” en Internet, comprando kilos de ayuda, o tomando el “redondeo” que tiendas de autoservicios después presumen como donación propia.

El resultado de todos estos anuncios es la teletonización de la política social. En el esquema teletón, el Estado cede sus responsabilidades sociales a empresas privadas cuyos intereses entran en conflicto con los objetivos del programa o que -por lo menos- trivializan esos objetivos en aras de promover sus intereses comerciales y ganar notoriedad mediática. En Democracia Deliberada consideramos que el sector privado ciertamente tiene un rol que jugar en la solución de los problemas del país, pero que este rol debe estar siempre subordinado a los objetivos de los programas para el combate a la pobreza. Si el objetivo de PepsiCo, Nestlé, Cinepolis y otros es ayudar a reducir los inaceptables niveles de pobreza en el país deben hacerlo a través del Estado mexicano, pagando impuestos, respetando las regulaciones, haciéndose responsables de los efectos sociales que el consumo de sus productos puede tener en materia, por ejemplo, de obesidad infantil y diabetes.

Pero aún más importante, en Democracia Deliberada consideramos que la política social es responsabilidad irrenunciable del Estado. Consideramos que más que coordinar esfuerzos de diversos sectores para alcanzar un fin tan importante como terminar con la pobreza extrema, lo que el Estado mexicano está haciendo con estos convenios es renunciar a sus responsabilidades a cambio de forjar alianzas poco transparentes con el sector privado. Estas alianzas nos confirman que a pesar de la retórica gubernamental, detrás de la Cruzada contra el Hambre hay intereses políticos e incluso privados que han convertido al combate a la pobreza en una simple campaña mercadotécnica.

Democracia Deliberada
Corriente política 
Partido de la Revolución Democrática

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