-decimocuarto comunicado-

Nos preocupa que la reforma educativa no llegue a buen fin. Podríamos abundar en la condena pública a las protestas de la CNTE en cuatro de los estados más pobres del país (Gro, Oax, Mor y Mich) pero no lo haremos. Lo que sí condenamos es que el SNTE, la CNTE y el gobierno federal parecen seguir compartiendo el uso de los maestros. Ese problema es la concepción de la educación pública (de maestros, puestos y presupuestos) como si fueran un botín. Uno que se recibe, se administra, se usa, se invierte y se apropia cotidianamente o en tiempo de elecciones. En esto, consideramos que el gobierno -lo mismo que los líderes sindicales- aún no muestran suficientes pruebas de no tener la intención de seguir calculando sus movimientos con base en una expectativa patrimonial de los recursos educativos.

Los líderes de la CNTE movilizan a sus clientelas preocupadas porque en un examen universal estandarizado puedan perder las plazas que heredaron de alguien más (a veces de sus propios familiares). Sin dudarlo, nos oponemos a la defensa que la CNTE hace de la venta y herencia de plazas, de la exclusión de enemigos políticos de los concursos que deberían ser públicos, y la imposición de una obligación legal para que los maestros participen en movilizaciones convocadas por la dirigencia.

No obstante, aún no conocemos los detalles de las evaluaciones a los profesores. Asumiendo que las evaluaciones las diseñará y aplicará un sólo órgano externo a todos los maestros a nivel nacional, es razonable esperar que sean los maestros de las zonas rurales y de los estados más pobres los que -en efecto- pierdan sus plazas. En un mercado laboral que no se puede describir como vibrante (el guerrerense, oaxaqueño, etc) entendemos algunos porqués de las tomas de las calles. En este sentido, el cálculo de riesgo que hacen muchos maestros no es muy distinto a aquellos que tienen el privilegio de ingresos garantizados vía concesiones del estado, sean mineras, televisivas o sindicales.

Lo que nos cuesta más trabajo entender es cómo el gobierno mexicano, al haber acusado y perseguido por la vía legal a la antigua líder sindical, haya decidido intervenir una vez más en el SNTE y apoyar decididamente a Juan Díaz como el nuevo líder sindical – un viejo miembro del equipo de Elba Esther. Tampoco ha proseguido con presteza las investigaciones sobre sospechas de colusión que recaían en miembros prominentes de la vieja cúpula sindical que sigue en pie. Parece que lo que se disputa no es una mejor educación, sino la recuperación del control sindical por el viejo PRI. Un control que el Estado perdió paulatinamente en los últimos dos sexenios a cambio de seguir corrompiendo la representación de los trabajadores. Serán dictadores, pero son nuestros dictadores, parece ser la lógica. Un cambio similar ocurrió hace años cuando la salida de Carlos Jonguitud nos dejó en su lugar a Elba Esther Gordillo. Ya conocemos las consecuencias.

Apoyamos enérgicamente la urgencia de una reforma profunda de la educación, de restringir la influencia del sindicato en la conducción de las tareas educativas, de construir una carrera magisterial más justa, más ordenada y más meritocrática, de tener mecanismos menos clientelares y más eficientes de promoción, de contrarrestar los efectos de la mala calidad de la infraestructura escolar, de mejorar la capacitación y la actualización de los maestros y de evitar la movilización corporativa con fines electorales. Sin embargo, a pesar de los objetivos compartidos, vemos tres problemas a lo que hasta ahora aparece como el grueso de la reforma educativa. Problemas que creemos podrían convertirse en la razón de su fracaso.

En primer lugar, creemos que las propuestas donde las evaluaciones de maestros tipo “examen de opción múltiple” son el único pilar de la carrera magisterial son equivocadas y pueden ser contraproducentes. Combatir la venta y compra de plazas y ascensos es una cosa, la estandarización mecánica de la carrera profesional es otra. Las experiencias internacionales nos indican que cuando un exámen de ese tipo se les aplica a los maestros para decidir quién sube y quién sale, suele terminar premiándose la mecanización sobre el conocimiento, la habilidad pedagógica, la creatividad y la responsabilidad comunitaria del maestro. Todas cuestiones fundamentales en proveer buena educación. Esos exámenes estandarizados deben hacerse pero no deben llevar el peso mayor en el avance o salida de un individuo de la carrera magisterial. Estados Unidos está revisando mecanismos similares que tuvieron efectos contraproducentes y los países donde hay una mejor educación pública (Finlandia por ejemplo) confían en mecanismos de evaluación donde los propios maestros califiquen y premien a sus colegas en cuerpos colegiados (autoevaluación). También han ido notando los grandes efectos positivos de elevar el nivel de entrada para nuevos maestros jóvenes. Para la tarea más importante del Estado, se busca a las mejores personas desde el comienzo con exámenes estrictos y después se flexibilizan los criterios de promoción en la subsecuente carrera magisterial. Éste último punto nos lleva a nuestra segunda preocupación.

Las iniciativas de reforma legal que han circulado parecen ignorar por completo algún tipo de reforma a las escuelas normales donde hoy se recluta, forma y actualiza a los maestros del país. El proyecto parece asumir que al abrir el examen de entrada al servicio magisterial de carrera a cualquier persona, las escuelas normales irán perdiendo relevancia. Creemos que esta expectativa es equivocada. La educación en las normales está controlada por los sindicatos y es de mala calidad, pero aunque pierdan la capacidad de reclutamiento y de generar las redes que aseguren la promoción de unos y no de otros, alguien va a tener que formar a los maestros y actualizarlos. Las normales deben reformarse, pues vienen de un pasado donde la prioridad era la expansión de los servicios educativos y la concesión corporativa el método de hacerlo. Idealmente, consideramos valioso explorar la posibilidad de que se revalúe el papel de las universidades públicas en este sentido. Quizá las facultades de pedagogía en las Universidades Autónomas de los estados, o los capítulos locales y nacional de la Universidad Pedagógica Nacional, que deberían tener un papel protagónico en la formación y actualización de los maestros del futuro, sobre todo en las regiones más pobres.

Por último, creemos que enfrentar definitivamente el problema de la educación como botín, debe también enfrentar los problemas que la reforma laboral decidió ignorar. La rendición de cuentas, la transparencia sindical, y la transición hacia un sistema sindical más democrático y menos corporativo es fundamental. Sin eso, el uso electoral de los maestros, la opacidad y la arbitrariedad seguirán siendo prácticas recurrentes del sistema educativo.

Creemos que una discusión inmediata y paralela sobre estos tres asuntos es condición necesaria para llegar a buen fin. Los actores en conflicto tendrán mejores maneras para demostrar que quieren dejar atrás las nociones patrimoniales de la educación pública. También, al entender mejor las consecuencias esperadas en términos de costos y beneficios por región del país, por generación y por posición magisterial, más fácil será salir del pantano y desentrampar lo atorado.

En esta reforma, el gobierno está pidiendo un voto de confianza, pero -tras la captura de Elba Esther Gordillo- no ha hecho lo suficiente para probar que tampoco ve la educación como un botín. Esta es una oportunidad valiosa para que el Estado se reconcilie con los ciudadanos en general. Una oportunidad que, tememos, esté a punto de desaprovechar. Por eso declaramos que aquellos que se nieguen a discutir los detalles del futuro sistema de evaluación y promoción de maestros, a discutir la reforma a las normales y a enfrentar abiertamente el problema de la falta de transparencia y democracia sindical, serán nuestros adversarios políticos.   

Democracia Deliberada

Corriente política

Partido de la Revolución Democrática