-Décimoquinto comunicado-

La zanja que hoy se ha abierto entre grupos políticos al interior del PAN y PRD está marcada por una preocupación fundada de varios críticos al Pacto por México: con muchas de las reformas legislativas recientemente aprobadas, y con el método mismo del pacto, se va construyendo el camino de regreso a la centralización del poder político y el hiperpresidencialismo en nuestro país.

Algunos ejemplos: la recentralización de la negociación laboral de los maestros; el control desde la Secretaría de Hacienda de la deuda de los Estados; la creación de nuevos órganos constitucionales electos desde DF por las cúpulas partidistas; la amenaza de una comisión anticorrupción que actué desde el centro hacia los estados; la reconstrucción de la Secretaría de Gobernación; la propuesta de un Instituto Nacional de Elecciones que organice todos los procesos electorales del país. Éstas son medidas políticas que atienden y pretenden solucionar algunos problemas fundamentales del país; sin embargo, lo hacen a costa de la pluralidad y de la cercanía entre la ciudadanía y sus autoridades. La recentralización podrá obligar a caciques locales a rendir cuentas ante alguien (por ejemplo a las cúpulas políticas y partidistas que residen en el DF) pero no abre una oportunidad para la democratización de estados y municipios a partir de rendición de cuentas local e institucionalizada. ¿Por qué una autoridad estatal debe rendirle cuentas sólo a la Secretaría de Hacienda o a un Instituto Electoral más que a sus propios ciudadanos? Como siempre, el problema de concentrar el poder es que en vez de fortalecer pesos y contrapesos, suele ocurrir que las mejores y peores decisiones se concentran en personas (el secretario de esto o el otro) y no en la interacción entre instituciones reguladas y colectivas.

Vemos con interés la propuesta de reforma política presentada por los senadores del PAN y del PRD. Compartimos su diagnóstico sobre el riesgo de la recentralización y la reconstrucción de hiperpresidencialismo. No obstante, creemos que sus propuestas necesitan redirigir la prioridad hacia otros objetivos: mejorar la representación política de los ciudadanos, y no limitarse a discutir cómo repartir atribuciones entre los poderes legislativo y ejecutivo federal. Es importante reducir el poder del presidente de la república, sin duda, y más aún si éste cuenta con una mayoría legislativa de su propio partido, pero la mejor forma de hacerlo es empezando por darle más poder de negociación a los legisladores y no necesariamente quitándole atribuciones al presidente.

Permítanos explicarlo de otra manera, preferimos fortalecer políticamente al congreso obligando a los legisladores a ser mejores representantes, y así debilitar políticamente al presidente. De otra forma, al darle más poder de control al legislativo, simplemente se eleva el costo de la negociación con el legislativo y se crea un botín más grande para quienes se disputan el poder en la capital del país. Pero no se fortalece a los legisladores en su calidad de representantes autónomos, y vigilados por sus propios representados.

Fueron dos instrumentos los que le permitieron la centralización del poder a los presidentes priistas de mediados del siglo pasado. Uno fue el sistema de registro nacional de partidos, y el otro fue la no reelección. Y creemos que reformar ambas cosas es las clave de una auténtica reforma que tenga la rendición de cuentas en el centro y al ciudadano como prioridad. Una reforma que al fragmentar el poder que actualmente tienen las dirigencias de los partidos (y del presidente en turno) fortalece a los representantes en el congreso y a la vez le apuesta a una democratización anidada más en lo local que en lo nacional. Una mejor respuesta a los problemas de poca transparencia y autoritarismo que viven algunos estados del país. Aquí nuestras razones.

Con el registro nacional de partidos, se acabó con los partidos locales como formas de organización política que representaran -primordialmente- intereses locales en distintos niveles de gobierno. Esto a su vez hizo que el monopolio en el acceso a candidaturas, y por tanto el destino de las carreras de políticos, dependieran de las cúpulas de los partidos nacionales. Hoy, de forma injustificada, si alguien quiere ser regidor en un municipio de Quintana Roo tiene que tener buena relación con una cúpula partidista en el DF, y al mismo tiempo competir bajo el mismo logo nacional que un candidato a regidor en un municipio en Baja California. Consideramos este hecho una barrera sustancial a que los ciudadanos de Quintana Roo (como de cualquier estado) tengan una mejor representación local y una participación más activa, libre y fluida en construir la democracia dentro de su propio estado, y en el resto del país.

La no reelección garantizó la disciplina de legisladores y gobernantes a quienes tuvieran el poder dentro de un partido político. En el caso de PRI, durante muchos años, ese poder recayó en el presidente de la república, y en el caso del PAN y PRD en quienes controlaran la burocracia partidista. Con la no reelección y el sistema de registro nacional de partidos lo legisladores se convirtieron en levantadedos a merced de sus líderes partidistas. Esto quiere decir que la centralización no sólo otorga mucho poder a muy pocos, sino que corrompe la representación en una democracia que se dice representativa. Por ello creemos que la mejor manera de frenar la acumulación de poder y evitar el sometimiento del poder legislativo frente al ejecutivo, es haciendo que las carreras política de los legisladores y gobernantes dependan de sus electores y ya no de las cúpulas partidistas. Es menor el énfasis que la actual propuesta de la “oposición” legislativa hace en estos temas. El perenne debate legislativo sobre la reforma política vuelve, una vez más, a excluir a los ciudadanos que debería representar.

Permitiendo la reelección y flexibilizando el registro de partidos locales, se descentraliza el poder en dos vertientes: fortaleciendo a la Cámara de Diputados y empoderando a lo estados. Esto último no con una visión de cacicazgos locales, sino como un balance de poder frente al gobierno federal. La mejor evidencia ante esto es precisamente México durante 1917 y 1934. En este período la reelección legislativa se combinó con un complejo multipartidismo y con diversas luchas locales, logrando una mayor profesionalización del legislativo y un vínculo más estrecho con los representados por la provincialización del sistema político electoral.

Si logramos romper el control que las cúpulas partidistas ejercen sobre el sistema político en todo el país, podemos hacer que la ciudadanía elija con mayor libertad y se resulte mejor representada por sus representantes electos. Esto a su vez cambiará la forma en la que el presidente de la república se relaciona con el congreso. El riesgo no es es el presidencialismo en sí, ni la solución el parlamentarismo por sí mismo; el riesgo es que el poder ejecutivo continúe construyendo pactos poco claros a los ojos de los votantes como lo hace ahora, el riesgo es que continúe sin estar obligado a construir coaliciones multipartidistas transparentes y públicas. El riesgo es volver a confundir centralización con democratización.

La centralización de poder en el sistema de partidos y de representación ya no están justificadas. En Democracia Deliberada creemos en la fragmentación del poder, en la apertura de los partidos políticos a los ciudadanos y combatimos la partidocracia tal cual existe hoy, somos partidarios de un federalismo vigoroso y de un poder legislativo fuerte. Por eso declaramos que aquellas personas que impulsen una reforma política que aumente o redistribuya la captura cupular y la centralización de los mecanismos de representación democrática, serán nuestros adversarios políticos.

Democracia Deliberada

corriente política del PRD