-Décimo séptimo comunicado-

Los debates públicos suelen estructurarse partiendo de ciertos supuestos que después encaminan la discusión en una u otra dirección. En el caso de la reforma energética la discusión se estructura tradicionalmente como en la Tragedia de Hamlet: ¡privatizar o no privatizar, es la cuestión! Y las premisas sobre las que se levanta esta duda de naturaleza existencial-empresarial son dos: (1) que las ineficiencias de la paraestatal son insostenibles y virtualmente irremediables y (2) que el Estado no tiene los fondos para invertir lo que se necesita para seguir sacando hidrocarburos del subsuelo. Los defensores de la privatización suelen concluir sus argumentos con una advertencia también muy propia del príncipe de Dinamarca: “enérgicas empresas, de trascendencia inmensa, a esa mirada torcieron rumbo, y sin acción murieron”. Con esa lánguida conclusión se apagan las ganas de discutir y comienzan las ganas de privatizar.

Sin embargo, a pesar de nuestro ocasional temperamento existencial, en Democracia Deliberada creemos que ese es el debate equivocado. No creemos que esa sea la cuestión. Creemos que el problema está en otro lado, parte de otra premisa: los ingresos petroleros de México son de tan alta proporción en el erario que no podemos prescindir de ellos ¿o sí? La renta petrolera, camaradas, esa sí es la cuestión. A fin de cuentas, en el hipotético caso de que nuestras arcas puedan prescindir de PEMEX, entonces ¿para qué sacar petróleo? Mejor dejarlo guardado, hasta que las tecnologías sean más baratas, hasta que suba más el precio, hasta que nuestros nietos lo puedan aprovechar mejor que nosotros. Por eso creemos que permitir o no inversión privada en algunas de las operaciones de PEMEX es un tema supeditado a los posibles efectos que tenga en la renta petrolera vis a vis otras propuestas para PEMEX o, también, otras propuestas para sustituir el ingreso que recibe el Estado en esta materia. Esa es la discusión que los partidos debemos sostener y dejar de languidecer.

Por ejemplo, en el caso del gas natural y del petróleo proveniente de la explotación de yacimientos de lutitas, creemos que la participación de capital privado puede ser muy nocivo para la renta pública. Los montos de inversión para la explotación son tan altos que compiten con el precio de venta del gas y del crudo. Además el vecino del norte tiene ya instalada una capacidad de producción que rebasa su consumo interno y con precios con los que nos sería virtualmente imposible competir a menos que cayéramos en un régimen proteccionista y de autoconsumo. Además de los riesgos medioambientales que representa este tipo de extracción, si se firman contratos de riesgo con inversionistas privados, lo más probable es que el erario público tenga que subsidiar en el largo plazo la explotación y consumo de gas lutita. Creemos que existe una alta probabilidad que, en este caso particular, la participación de capital privado sería un riesgo para el erario público. Mejor dejar esos yacimientos guardados para cuando mejore las tecnologías y suba el precio de venta. Quizá la explotación de yacimientos en aguas profundas sea de otra naturaleza y se beneficie de algún esquema particular de inversión público-privado, pero hacer la distinción es fundamental.

Aunque los liberales hamletianos quieran decir que la disputa sobre la participación de capital privado en PEMEX es una entre izquierda y derecha, en el fondo lo que dice su reflexión es que están confundidos. Hay gobiernos liberales y hay gobiernos estatistas que han tomado rutas aparentemente contradictorias. Juan Carlos Boué nos ha recordado que mientras que Cuba y Corea del Norte han suscrito acuerdos de producción compartida con empresas privadas, Arabia Saudita y Kuwait (esos regímenes cuya existencia revolcaría al mismísimo Lenin en su tumba) prohíben la participación privada. Por otro lado, mientras que el estatismo ruso y venezolano se abrieron a la participación privada, perdieron tanto en el experimento, que ahora buscan recuperar algo de control estatal. ¿O por qué en Chile, unos de los países más liberales del continente, la gran empresa del cobre CODELCO sigue siendo 100% estatal? ¿Por qué ocurren estas discrepancias en el mundo cartesiano de los cuadrantes políticos? La respuesta debería ser obvia: porque permitir la participación privada no es un asunto ideológico, es una simple estrategia y no siempre es la mejor. Porque en muchos países la discusión no se obsesiona con la idea de liberalizar, sino con la idea de hacer más eficiente la renta petrolera. ¿Cuánto sacar hoy, a qué precio y cuánto dejar para mañana?

Hay al menos dos dimensiones importantes para pensar la renta desde otras perspectivas. Primero, el impacto de la circunstancia sindical y de la estructura de los órganos de gobierno de PEMEX, tal cual existen hoy, tiene implicaciones en las “ineficiencias productivas”. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuánto cuesta eliminarlas? ¿De qué trata esa batalla? Factores cuyos efectos en la rentabilidad, en general, son menos notorias en la extracción y más en la refinación y la distribución. Y segundo, parte de la pérdida de renta petrolera potencial depende de una decisión fiscal: el subsidio a las gasolinas que no sólo es regresivo sino que desfonda la capacidad de recaudación, gasto, ahorro y reinversión del Estado mexicano. Dicen que subir el IVA es una manera sencilla de recaudar con ciertas medidas compensatorias, pues eliminar el subsidio a la gasolina también lo es y es menos regresivo. Y notarán en este punto, que este tema crucial, ni entre izquierdas ni entre derechas, hace primavera. Y esto sólo es el comienzo de la discusión.

Por lo pronto, el día de hoy, frente a los Hamlets de este mundo, preferimos emular el ejemplo de las brujas que se encuentra el barón Macbeth en el campo de batalla y, así, lanzar dos profecías a los ideólogos de la reforma neoliberal. Primero, si liberalizan sin blindar el sistema fiscal frente a las compensaciones de los contratistas convertidos en asociados, puede que su fórmula nos lleve directo al camino desastroso en el que cayó Venezuela (cosa que, en castigo, encontrarán dolorosa en partida doble: por lo desastroso y por lo bolivariano). Y segundo, si firman “contratos de riesgo” para la extracción de shale gas (una de las actividades más riesgosas en términos financieros) pronto se verán compartiendo la renta de los mexicanos con compañías privadas a cambio de las dudosas ventajas de la “soberanía energética” en materia de gas.  Esto lo encontrarán doloroso por tener que apechugar una pérdida financiera asociada a una idea de soberanía nacionalista propia del proteccionismo estatal. En resumidas cuentas, estas brujas temen que se vayan a equivocar. Eso no se lo deseamos a ustedes porque tampoco nos conviene a nosotros, ni a nadie. Por eso ahora les decimos, primero cuiden los arcones del Estado, escuchen a las brujas y paren de languidecer cuando escuchen a la izquierda expresar sus posiciones. Mejor debatan. Sugerimos tres preguntas para empezar:

1. Una vez calculados los efectos en la renta petrolera ¿que haríamos con ella? ¿para que permitir el beneficio privado de un bien público si las ganancias potenciales se gastan de manera insustancial? Ya tuvimos un boom de renta petrolera con José López Portillo y otro en las de Vicente Fox. Las consecuencias de la renta extra fueron poco menos que intrascendentes en los efectos del gasto público en el largo plazo. ¿Queremos que ocurra lo mismo?

2. ¿Cuáles de los problemas de ineficiencia de PEMEX se pueden arreglar mediante cambios de tipo sindical y a los órganos de gobierno de la paraestatal? Considerar la conclusión de Joseph Stiglitz es fundamental, si se arreglan (o disminuyen) las ineficiencias institucionales actuales, entonces ¿para qué privatizar? La respuesta a ese debate concentra mucho mejor la discusión.

3. La renta petrolera subsidia el 32% del gasto público. Los hidrocarburos son un recurso no corriente, que se usa de manera corriente. Lo ideal sería despetrolizar el gasto público en la medida de lo posible y utilizar un bien escaso para maximizar su impacto en esta y otras generaciones mediante el crecimiento sistemático del fondo transgeneracional. En ese sentido ¿será que la reforma fiscal debe preceder la reforma energética? Creemos que sí. Tener respuestas apropiadas a la primera y a esta tercera pregunta depende de ello y es fundamental.

Por todo lo anterior declaramos que todos los que presenten la liberalización del sector energético como un asunto ideológico y todos aquellos que la defiendan sin poner como explicación prioritaria las consecuencias que tendría en la renta petrolera y en el gasto público, serán nuestros adversarios políticos.

Porque lo de todos, también es suyo,

Democracia Deliberada

Corriente política del PRD