-decimo noveno comunicado-

El mercado de mariguana existe y está regulado por los delincuentes. Son ellos quienes deciden la calidad del producto, su precio y su disponibilidad. Al permitir que la mariguana, un producto que consumen 12 de cada 100 mexicanos, quede en manos de delincuentes estamos debilitando al Estado de Derecho. Lo debilitamos porque se crea la necesidad de que un ciudadano común conozca delincuentes y realice transacciones comerciales con ellos para satisfacer sus preferencias de consumo.

Es en estas transacciones en las que los delincuentes pueden introducir a los consumidores a drogas más dañinas. Cada uno de los al menos 46 mil consumidores de marihuana en el DF conoce en promedio 6 puntos de venta, el 30% va a narco-tienditas y el 17% la pide por teléfono. Cada ida a la tienda y cada llamada suponen la posibilidad de ser inducido a probar nuevas substancias. Los narcotraficantes no tienen restricciones publicitarias.

Es en estas transacciones en las que el delincuente puede aumentar sus precios o reducir la calidad de sus productos unilateralmente. La mariguana puede contener pesticidas, sustancias tóxicas o altísimos contenidos del cannabinoide tetrahidrocannabinol (TCH) sin que el consumidor lo sepa. Los narcotraficantes no tienen controles de calidad sanitaria.

Es en estas transacciones en las que los delincuentes son dueños de la oferta y, como tal, deciden a quién y cómo vender drogas. En la Ciudad de México, el 76% de los usuarios de mariguana comenzaron a fumar a los 16 años y la edad media de consumo a nivel nacional (18 años) disminuye en promedio dos años cada década. Los narcotraficantes no piden IFE.

Es en estas transacciones en las que se normaliza la criminalidad, haciendo que los ciudadanos y los delincuentes se conviertan en cómplices regulares de la ruptura de la ley.

En Democracia Deliberada creemos que la legalización del consumo, producción y venta de mariguana permitirá controlar la disponibilidad, calidad y precio de ésta, y fortalecerá al Estado de Derecho. Desafortunadamente también creemos que el debate actual está lleno de ilusiones pachecas.

Desafortunadamente, no creemos que la legalización de la mariguana vaya a debilitar a los criminales o a reducir su capacidad de violencia. Los efectos de la legalización al respecto son ambiguos. Los cárteles mexicanos obtienen a lo más una tercera parte de sus ganancias por la venta de mariguana, lo cual no significa que las ganancias totales sean de esa magnitud o que sea una cantidad tan insignificante como para impedirles financiar armamento y enfrentamientos entre bandas rivales. De hecho, esta cantidad puede significar una parte menor del ingreso de los criminales ahora que éstos han diversificado su portafolio de actividades delictivas. Incluso si dicha cantidad fuera significativa, no se puede saber qué efectos tendría una reducción de ésta sobre la violencia. Una disminución en los ingresos de los cárteles de la droga podría crear mayores incentivos a que éstos pelearán por controlar las pocas fuentes de ingreso que les quedan.

Desafortunadamente, no creemos que la legalización de la marihuana vaya a reducir el número de delincuentes que están en prisión, porque hay muy pocas personas en prisión por haber consumido mariguana. De acuerdo a las estadísticas judiciales del INEGI en 2012, sólo 109 personas fueron condenadas por delitos contra la salud. La gran mayoría de las averiguaciones previas nunca llevan al procesamiento o sentencia de individuos. Y para todos aquellos procesados que aún esperan su sentencia tras las rejas sería mucho mejor apostar por un mejor sistema de impartición de justicia que por una simple medida legalizadora. Aún más, cabe la posibilidad de que la legalización de la mariguana incremente el número de consumidores y la prevalencia de crímenes como detenciones por manejar usando drogas, por vender a menores, o por romper cualquier otra legislación secundaria relacionada. La legalización no necesariamente solucionará la cantidad ni la calidad de injusticias que produce nuestro sistema judicial.

Desafortunadamente, no creemos en la legalización de la mariguana bajo el supuesto de que la mariguana no genera problema de salud alguno, porque los estudios al respecto no son contundentes. Es cierto que la THC no tiene dosis letal conocida y que sólo 15% de los usuarios se vuelve adicto (adicciones con riesgos más bajos a los asociados al alcohol y al tabaco). Sin embargo, sabemos muy poco sobre qué efectos tiene la mariguana en dosis más altas y más concentrada. El promedio de THC se ha incrementado en 50% en los últimos 15 años y los estudios nos dicen poco sobre esta nueva y más potente mariguana. El problema de salud pública sí existirá, así como existe ya con otras drogas legales.

Desafortunadamente, no creemos que la legalización de la mariguana se deba justificar como un triunfo de las libertades; un triunfo de la libertad del individuo para decidir sobre su propio cuerpo sin la intervención del Estado. Al revés, nosotros creemos que el Estado es necesario y no siempre se debe celebrar su retirada de nuestras vidas. Una sociedad sin un Estado fuerte es una sociedad donde las externalidades negativas no pueden mitigarse, la desigualdad económica florece y donde el terreno de juego fácilmente se inclina en favor de los poderosos. La justificación de la legalización no debe ser la de las libertades, debe ser la de las consecuencias sociales de la misma.

Desafortunadamente, no creemos que con la legalización de la mariguana el consumo vaya a mantenerse estable porque nadie puede decir con certeza qué tan grande es la demanda de una sustancia que ha permanecido escondida en mercados negros, sin publicidad y con estigma. Se ha estimado que la legalización podría reducir  el costo de la producción de mariguana a 1 por ciento. Si al menos una parte de esta reducción se llegara a reflejar en el precio final, y considerando que la demanda por drogas ha probado ser elástica, podríamos ver un incremento importante en el número de usuarios. La descriminalización de la droga en Portugal, sin embargo, no aumentó significativamente su consumo y la de los Países Bajos produjo un crecimiento inicial que cambió a una tendencia a la baja, determinada por la disponibilidad de cafés expendedores. Esas experiencias nos dan una idea de los efectos, pero no los aseguran.

El pronunciamiento de Democracia Deliberada es uno sin mitos, sin exageraciones, uno que no considera la legalización una panacea. Nos alejamos de aquellos que idealizan la legalización de la mariguana como la política de justicia, salud y libertad ciudadana más vanguardista y prometedora porque la mala noticia es que no lo es. La violencia no se detendrá hasta que exista un verdadero Estado de derecho. Las cárceles seguirán saturadas hasta que se aprueben las reformas estatales secundarias adecuadas para que los delitos se solucionen con métodos de justicia alternativa más adecuados para estos casos. Los problemas de salud por consumo de drogas no se reducirán hasta que tengamos un sistema de salud universal, de buena calidad y financieramente sostenible.

Sin embargo, también declaramos que la mariguana debe ser legalizada porque no podemos permitir que los delincuentes sigan determinando su calidad, precio y disponibilidad, y que se fomente así que el ciudadano común entre en tratos con delincuentes, burlando el Estado de derecho.

La mariguana debe legalizarse porque dicha política será un símbolo para la comunidad internacional de que México dejará de luchar las guerras que no le corresponden. Los mayores problemas causados por el tráfico de mariguana no son de México sino de Estados Unidos. Como tal, Estados Unidos debe establecer políticas para reducir la demanda por drogas, en vez de exportar el problema a los países oferentes.

La mariguana debe ser legalizada porque así se limitará la extorsión de los ciudadanos por parte de la policía. Casi dos terceras partes de los usuarios de mariguana en el DF han sido extorsionados por la autoridad. Las consecuencias para los derechos humanos de los individuos y para la percepción que estos forman sobre  la calidad del sistema de justicia tienen implicaciones no triviales y de largo alcance.

La mariguana debe legalizarse porque mejorará la eficiencia en la utilización de los recursos del Estado. El costo de la prohibición es inaceptablemente alto y es desproporcionado respecto a los efectos sociales y de salud pública que tiene el consumo. Los recursos que hoy se invierten en perseguir policialmente la producción y el comercio de mariguana se podrían invertir de manera mucho más eficaz en prevenir las adicciones y brindar tratamiento a los dependientes. La prohibición desvía la atención del problema de salud y opta por una estrategia punitiva ineficiente.

En Democracia Deliberada éstas nos parecen razones suficientes, válidas y atendibles para proponer la legalización de la mariguana y, como tal, la apoyamos y la exigimos a nuestros legisladores. Se dice que fumar mariguana dificulta soñar, nosotros creemos que eso no es malo, nosotros creemos que, en este caso, es mejor no soñar con soluciones mágicas. Por eso decimos no al sueño guajiro de la prohibición y sí al proyecto realista de la regulación.

Creemos que cualquiera que argumente sin evidencia sólida sobre los supuestos méritos o las hipotéticas catástrofes que puedan generarse a partir de la legalización de la mariguana, está atentando contra la creación de una democracia bien deliberada, contra la toma de decisiones fundamentadas y contra la verdad. Los que promueven la legalización sin buenos argumentos atentan contra esta propuesta al dar a sus oponentes razones para ser descalificados. Los que la rechazan a ultranza atentan contra el estado de derecho que supuestamente promueven.

En Democracia Deliberada creemos en dar justo peso al alcance que tendrá la legalización de la droga y a la consideración de las medidas preventivas que la deben acompañar. La evidencia es nuestra aliada. Por tanto, declaramos: los dogmáticos del prohibicionismo a ultranza de ciertas drogas, los demagogos de los beneficios de la legalización y los detractores infundados de la misma, serán nuestros adversarios políticos.

Democracia Deliberada

Corriente política