Como cualquier corriente política de izquierda, en Democracia Deliberada consideramos fundamental el papel que puede jugar el Estado en la redistribución de los recursos y la promoción del crecimiento económico con el objetivo de construir una sociedad más equitativa. En particular, nos parece de suma importancia que tanto la recaudación como el ejercicio del gasto público incidan de forma progresiva sobre la distribución del ingreso.

Por tanto, vemos como un triunfo cultural de la izquierda que en la propuesta de reforma hacendaria presentada por el Ejecutivo Federal se reconozca la necesidad de hacer más progresivo el sistema tributario mexicano.  Sin embargo, aunque las modificaciones hechas en ese sentido en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en el Impuesto al Valor Agregado impactan de manera preponderante sobre la parte media y superior del 10% de la población mexicana con mayores ingresos, lo cierto es que son cambios francamente tímidos. Se debió haber aumentado el escalonamiento en el tramo final del ISR, así como elevado el monto gravable por la tasa impositiva más alta, con el fin de aumentar la progresividad del impuesto y evitar despropósitos como el que un profesor-investigador universitario pague la misma tasa impositiva que un millonario. De igual forma, se debió haber avanzado en la homogenización de las tasas con que se grava el mismo monto de ingresos según de donde venga, pues el sistema actual tasa diferente los ingresos obtenidos por el trabajo asalariado, por la venta de acciones y por la recepción de una herencia. Nos preocupa, que algunos elementos clave en la construcción de un sistema recaudatorio más progresivo, como son el cobro de IVA  a las colegiaturas de escuelas particulares así como el límite en las deducciones personales, sean monedas de cambio en la negociación política con las fuerzas políticas de derecha. Si lo que se busca es hacer del sistema tributario un mecanismo de redistribución del ingreso, no se puede ceder en este tipo de medidas.

Algo que nos preocupa de la reforma son las simulaciones en las que cae en varios de los programas más importantes y más publicitados. Se habla de una pensión universal cuando en realidad se trata de una pensión que excluiría a todos aquellos que reciben una pensión contributiva (IMSS, ISSSTE) y cuyo monto colocaría a quienes la reciben en situación de pobreza. Se habla de una reforma verde cuando buena parte de la inversión en infraestructura que en el presupuesto se considera está enfocada al desarrollo de nuevas carreteras, para así promover el uso del transporte automotor privado. El seguro de desempleo propuesto seguirá siendo financiado por contribuciones patronales (y, en caso de no ser suficiente, el gobierno aportará recursos), cuando en campaña se habló de que se financiaría con impuestos generales. Se insistió en la necesidad de despetrolizar las finanzas públicas, pero los incrementos en la recaudación calculados en la reforma (1.4% del PIB en el primer año, 3% del PIB al final del sexenio) quedan lejos de alcanzar ese objetivo. ¿Acaso no fue la promesa de un sistema de seguridad social verdaderamente universal una de las propuestas eje de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto? Lo que se propone actualmente son retazos que están lejos de constituir tal sistema, empezando por el hecho de que no se considera la integración de los sistemas de salud pública en uno solo y cuya ausencia en la propuesta de presupuesto devela que no se piensa echar a andar dicho proceso. Pareciera que el ejecutivo federal se olvidó de la segunda parte de su slogan de campaña, aquella que consistía en cumplir las promesas hechas.

Consideramos también como un triunfo cultural de la izquierda el abandono del dogma del déficit cero que prevaleció durante toda la década pasada. El que se recobre a la política fiscal como una herramienta para estabilizar a la economía resulta fundamental ante la inestabilidad de la economía global y la desaceleración de la economía nacional. Sin embargo, preocupa que el ejecutivo federal no haya sido capaz de establecer un mecanismo claro de operación de la nueva regla fiscal. Y el que la estrategia de reducción del déficit público esté fundamentado en tasas de crecimiento por encima del 3% anual de 2014 en adelante, cuando en la década pasada eso no ocurrió, hace que la estrategia de política contracíclica pierda solidez. No hay mejor forma de desacreditar una política pública que ejecutándola mal, y el diseño de la política contracíclica propuesto por el ejecutivo federal parece ir en ese camino.

En Democracia Deliberada consideramos que se requiere más y mejor gasto público, capaz de  actuar progresivamente en la distribución del ingreso y de resolver los déficits de infraestructura y de bienes públicos que existen en México. Esto sólo puede tener lugar en la presencia de un sistema nacional de fiscalización y transparencia del gasto público, verdaderamente funcional y con capacidad de sancionar el desperdicio de recursos públicos y no sólo señalarlo. Este elemento ha estado presente en las propuestas de política fiscal de la izquierda en las campañas presidenciales y haríamos mal en dejar de insistir en ello ante casos como el desvío de recursos ocurrido en Tabasco. La propuesta del gobierno federal deja de lado este tema y junto con el abandono en que han caído tanto la propuesta de crear una Comisión Nacional Anticorrupción, como la operación de la Secretaría de la Función Pública, pareciera indicar lo poco importante que es para este gobierno el correcto uso de los recursos públicos. Esto se vuelve más urgente si se considera que del incremento del gasto público por un billón de pesos solicitado por el ejecutivo federal, solamente 3.8% se explica por los nuevos programas de política social mientras que el resto de los recursos debe de ser operado por las distintas secretarías sin una estrategia clara que articule su uso en pos de resolver las carencias que aquejan al país.

Además, nos parece grave la centralización que se da en el gasto público, quitando a los estados la facultad de realizar las compras de medicinas que necesiten sus sistemas de salud y reconcentrando en el ejecutivo federal el pago de la nómina docente. Esto no es sino un paso más por parte del gobierno federal en la centralización del poder político y en la reconstrucción del hiperpresidencialismo, tendencia que ya habíamos señalado anteriormente. Pareciera que existe una preferencia por retirarle a los estados facultades antes que resolver los problemas que en ellos existan y que impiden el correcto ejercicio de las mismas. Pareciera pues, que se olvida que México es una república federal.

Por todo esto, en Democracia Deliberada nos parece un despropósito que se diga que esta propuesta de reforma rebasa por la izquierda, pues es tímida en aumentar recaudación y progresividad e ignora el tema de la fiscalización del gasto público. Un sistema tributario y un gasto público que beneficien en mayor medida a quien menos tiene, transparentes y eficientes en su recaudación y ejercicio, son mecanismos útiles en la construcción de una sociedad más igualitaria. Por tanto, nos oponemos a quienes busquen hacer menos progresivo el sistema tributario mexicano, si no es que incluso regresivo, en el que se termine por extraer, en proporción, más recursos de quien menos tiene. Nos oponemos, además, a quienes pretendan promover políticas públicas engañosas, así como a quienes estén a favor de gastar sin rendir cuentas. Serán nuestros adversarios políticos todos aquellos que pretendan gravar más, sin gastar mejor y sin transparentar el uso que se le den a esos impuestos. De igual forma, serán nuestros adversarios todos aquellos que consideren que no es necesario solucionar la fragilidad fiscal del Estado mexicano con una mayor recaudación y todos aquellos que busquen mantener sus privilegios fiscales a costa de mantener dicha fragilidad.