El metro es la punta del iceberg y la ciudad es el Titanic #PosMeSalto

La política de movilidad y la política urbana del Gobierno del Distrito Federal (GDF) es una gran incongruencia. Mientras se aumenta 66% la tarifa del metro para recaudar aproximadamente 2,915 millones de pesos, deja de recaudar 2,198 millones de pesos por el subsidio a la tenencia vehicular. Políticas que crean mayor desigualdad, una peor movilidad y son poco sustentables. Esta gran incongruencia de castigar a los usuarios del transporte público y beneficiar al transporte privado sólo es la punta del iceberg del problema de la planeación de la gran Ciudad de México.

En Democracia Deliberada sabemos que la Ciudad de México es esa gran sociedad enclavada en la mancha urbana de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y no sólo las dieciséis delegaciones del Distrito Federal. Una ciudad a la que todos sus habitantes tienen derecho a disfrutar, ya sea un habitante del municipio de Ecatepec, Chimalhuacán o Chalco, como uno de la delegación Benito Juárez, Coyoacán o Miguel Hidalgo. Situación que ninguno de los gobiernos que más tienen injerencia en esta ciudad (Distrito Federal, Estado de México y gobierno federal) han entendido al momento de tomar decisiones en el territorio. Por el contrario, todos ellos toman decisiones aisladas que no permiten reducir la inequidad, ni mejorar su movilidad y sustentabilidad.

El gobierno del Distrito Federal, encabezado por Miguel Ángel Manera, además de reducir el subsidio al metro y otorgar uno a los vehículos privados, también ha castigado a los usuarios de microbuses y metrobús con incrementos del pasaje, y premiado al automóvil anunciando inversiones millonarias para sus usuarios, como los 5 puentes y túneles en Circuito Interior, o la inminente construcción de la Autopista Urbana Oriente en Xochimilco. Si bien, las finanzas de los organismos de transporte  público dependen del financiamiento público para funcionar y tienen serios problemas de mantenimiento, la solución no es transferir el costo a sus usuarios directamente (metro y metrobús) e indirectamente (a los microbuses con su pésima calidad). La clave de su financiamiento (del subsidio y el mantenimiento) pasa por  eliminar el subsidio a la tenencia para usarlo para tal propósito así como usar parte de los ingresos de los parquímetros.

El subsidio al transporte público permite atenuar las desigualdades sociales y genera beneficios ambientales al disuadir de utilizar el automóvil, que justifican su existencia. Aunado a esto, el hecho de que esta decisión de política pública se haya tomado por medio de una encuesta sesgada en la formulación de sus preguntas con respecto a las promesas que se hace al usuario sobre las mejoras en el servicio del metro que habrá, atenta contra el derecho a una movilidad sustentable y costeable para las personas más vulnerables socioeconómicamente. Es cierto que se deben fortalecer las finanzas de los sistemas de transporte público, sin embargo, en Democracia Deliberada estamos convencidos de que antes de transferir el costo al usuario, existen otras alternativas que implican dejar de subsidiar el transporte privado y la corresponsabilidad entre los gobiernos estatales y el federal.

Debajo de la punta del iceberg, está la obvia falta de políticas coordinadas y homogéneas del GDF para ordenar y desarrollar la ciudad. Un día, la Agencia de Gestión Urbana anuncia la construcción de una gran maqueta  de la “Ciudad de México” por 60 millones de pesos sin ser parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; al otro día la Secretaría de Obras anuncia la construcción de puentes vehiculares,  mientras la Secretaría de Transporte y Vialidad anuncia que la prioridad es el peatón y la bicicleta; al siguiente se anuncian Zonas de Desarrollo Económico y Social(ZODES) con teleféricos, sin siquiera existir un Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, una declaratoria de Área de Gestión Estratégica o ser parte de algún instrumento de planeación de la movilidad de la ciudad.

En el cuerpo del iceberg se encuentra el Estado de México y los municipios de la ZMVM, allí se toman decisiones irresponsables, que perjudican a toda la ciudad e impactan fuertemente al DF. Es inaudito que  desde Toluca, Eruviel Ávila, decida la construcción de una autopista urbana (Siervo de la Nación) sin medir las consecuencias de congestión vial y ambientales que le acarreará al DF y a la Ciudad de México. O bien, impulse la construcción de un teleférico a Indios Verdes, sin darse cuenta que en Medellín, Colombia, donde ha sido un éxito, es parte del sistema metro de esta ciudad y un pretexto para aplicar otras políticas sociales. No una ruta aislada de transporte.  Cuando el Estado de México debería de tener como prioridad ordenar su pésimo sistema de transporte público concesionado. A esto habría que sumarle la irresponsable actuación de munícipes, que permiten la proliferación de conjuntos habitacionales cada vez más alejados de la ciudad, expandiéndola de manera anárquica.

Y al fondo del iceberg, el Gobierno Federal, en un afán de protagonismo aislado, abona a empeorar la situación con propuestas y proyectos fuera de toda planeación de la Ciudad de México, y contradice todos los objetivos ambientales y de equidad que pudieran buscar los gobiernos locales. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, ha planteado un nuevo viaducto elevado Indios Verdes-Santa Clara, conexión del segundo piso del Periférico con la autopista México-Cuernavaca y el segundo piso de la autopista México-Toluca. Obras que sólo garantizan el imperio del automóvil y la expansión urbana, cuando lo que habría que hacer es concentrarla. Además, plantean proyectos fuera de sus competencias, como un monorriel San Jerónimo-Polanco y un teleférico Metro C.U. a Magdalena Contreras. Proyectos que pueden resultar en un fracaso como el tren suburbano, debido a su falta de conexión con una adecuada planeación urbana y de la movilidad. También hay que sumar las enormes obras de los trenes DF-Toluca y DF-Querétaro, que aún requieren integrarse mejor a la planeación del desarrollo urbano de la ciudad. Los impactos de estas infraestructuras pueden ser tan grandes, que tienen el potencial de mejorar la vida de la ciudad, o empeorarla mucho. Por ejemplo, el arribo de Querétaro será a Buenavista, donde ya hay una línea de metrobús saturada, donde el metro ya no se da abasto y donde el entorno aún no es conducente al transbordo entre distintos medios de transporte. Algo similar ocurre en Observatorio, donde llegaría el tren de Toluca.

Conjuntamente, los tres gobiernos, también son responsables de la crisis del agua y los “desastres naturales” que vive la Ciudad de México. Son responsables de la expansión urbana que hace tremendamente oneroso el mantenimiento de los sistemas de agua y drenaje, han permitido de la deforestación que reduce el abasto de agua de la ciudad, y no aprovechan las aguas pluviales de la ciudad. Por el contrario, sólo piensan en construir megadrenajes para sacar el vital líquido (como si volviéramos a la época colonial) o apuestan por pavimentar las áreas sensibles, como Xochimilco con la Autopista Urbana Oriente, o construir sobre el Río de los Remedios la autopista urbana Siervo de la Nación. Mientras que manifestaciones pacíficas que buscan regenerar el Río la Piedad, son desalojadas ridículamente por la policía.

En Democracia Deliberada creemos que la Ciudad de México debe ser pensada y planeada en su totalidad, no como un lego, como una “gran maqueta de la Ciudad de México” que sólo incluye al DF y excluye a más de la mitad del territorio y población de la ZMVM. También creemos que las políticas de movilidad deben de ser planeadas en conjunto, como un asunto fiscal inclusive, existiendo un impuesto metropolitano a los automóviles que financien a los sistemas de transporte público de la ciudad y ordene a los concesionarios de transporte público (microbuses), pues tanto los habitantes del Estado de México como los DF gozan de estos servicios. Del mismo modo creemos que es básico transformar el enfoque de la administración del agua, y recuperar los ríos que aún tenemos, no construyendo autopistas urbanas sobre ellos. Demandamos que las decisiones de planeación de la ciudad y de sus servicios se realicen en conjunto, coordinadas y con objetivos sociales y ambientales, no en base a encuestas o promesas ocurrentes firmadas ante notario. Por todas estas razones, reiteramos, que aquellos que pretenden impulsar un desarrollo urbano y territorial fragmentado, desordenado, motorizado, no equitativo y no sustentable serán nuestros adversarios políticos.

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