-Vigésimo cuarto comunicado-

El gobierno de Enrique Peña Nieto prometió que a cambio de nuevos impuestos habría un esquema de seguridad social universal. Hubo de hecho quien interpretó esa propuesta como un rebase por la izquierda, digamos que hasta algunos sectores de la izquierda partidista lo vieron como un triunfo. Ahora parece que apenas se cumplió parcialmente lo primero, pero definitivamente no se va a hacer lo segundo. Se cobrará más, pero se devolverá muy poco por esta vía.

El seguro de desempleo no implica una erogación sustancial del gobierno federal. Pero dejemos eso para el final. Tampoco el empleador va a tener que hacer una nueva contribución al fondo de los trabajadores (gracias a un Acuerdo de Certidumbre Tributaria que congela el sistema impositivo por lo que queda del sexenio, en el cual el gobierno federal renuncia a uno de los instrumentos más importantes de política económica). El seguro de desempleo saldrá en realidad del fondo de vivienda que alimenta al INFONAVIT. Del 5% del salario de cotización que contribuyen los empleadores, 2% se queda en la subcuenta de vivienda y 3% se va al fondo mixto para el seguro de desempleo.

El problema no es sólo que le pegue al Infonavit, sino que lo saca de los propios fondos que ya le pertenecen a los trabajadores. En caso de que quien pierde su trabajo ya tenga un crédito de vivienda contratado vía INFONAVIT, el sistema no da acceso al trabajador a estos recursos y los amarra al pago de su crédito. Sólo en esa situación se vuelve importante la magra contribución de un salario mínimo del gobierno federal. No decimos que sea un despojo, pero sí que es una simulación. Nos negamos a aceptar que esta propuesta representa el otorgamiento de un nuevo derecho social. Más bien diríamos que se trata de una simple flexibilización de las formas de acceso a estos recursos, que de por sí ya son de los trabajadores. ¡Vaya logro social que, encima de todo, afecta la capacidad de los trabajadores mexicanos para adquirir una vivienda propia!

Lo que realmente nos deja perplejos y confundidos por lo grave de la situación es que no nos salen las cuentas de la nueva recaudación y del gasto del gobierno. Los tres partidos grandes decidieron aumentar la recaudación fiscal y lo lograron. No nos parece mal. Lo que nos parece mal es que de los más de 200 mil millones de pesos adicionales en recaudación, el seguro del desempleo le representará al gobierno una erogación de apenas alrededor de 2 mil millones de pesos más (en el mejor de los casos). Esto representa alrededor del 1% del total de la recaudación extra del gobierno federal. Y esto sin considerar los doscientos mil millones de pesos de gasto adicional que habrá gracias al aumento del déficit programado. En el gobierno perredista del Distrito Federal el seguro de desempleo sale de los impuestos generales (no de los fondos de los propios trabajadores). ¿Por qué no puede ser así a nivel federal?

Pero consideremos las demás partes de la reforma. La “pensión universal” aumentará su cobertura y comenzará con 580 pesos e irá creciendo durante 15 años hasta llegar a un  equivalente a 1,092 pesos al mes. Este crecimiento será muy lento en el tiempo y empieza y termina con una cantidad que queda por debajo de la línea de bienestar mínima en contextos urbanos, según lo define el CONEVAL ($1,234 pesos al mes por persona). Además, esta pensión que se dice universal, que quiere parecerse a la del DF, ni se le asemeja ni es universal. La razón es que en el caso federal los aspirantes a beneficiarios deben demostrar que no reciben ninguna otra pensión y que no perciben ingresos por más de medio salario mínimo mensual (alrededor de $1,009 pesos al mes). Esta expansión de la cobertura de la pensión universal a nivel nacional, por su parte, costará no más de 15 mil millones de pesos extra al erario federal. Esto significa que en este tema se gastará alrededor de 7% del monto total de lo que crecerá la recaudación fiscal por los nuevos impuestos.

En resumidas cuentas, el total de erogación federal que irá a las partes más sustanciales de ésta mal llamada reforma histórica al sistema de seguridad social es de apenas 17 mil millones de pesos. Es decir, de cada $100 pesos que pagaremos extra en nuevos impuestos, derechos o tarifas, tan sólo $8 pesos irán a reformas con implicaciones redistributivas y con ánimo social. Este gobierno quiere decirse reformista, pero como la vieja costumbre priista, prefieren fortalecer su reformismo en el papel, para que en los hechos los cambios sean mínimos.

Por todo esto la pregunta que se vuelve obvia es ¿para qué es el dinero que se está recaudando con los nuevos impuestos? ¿Acaso planean aumentar el gasto corriente? Se dijo que nos iban a rebasar por la izquierda y, como ya lo habíamos anticipado, no fue rebase, ni fue por la izquierda. ¿Dónde está la parte social de la reforma fiscal? ¿Cuál es la ganancia sustancial del Pacto por México en términos de una mejor seguridad social?

Por último, debemos decir que del PRI ya sospechábamos, pero ¿por qué hay legisladores del PRD que votaron o parecen estar planeando votar a favor de esta reforma? Por ello preguntamos con preocupación: y usted, diputado Silvano Aureoles, ¿por qué votó así? Y usted, senador Armando Ríos Piter ¿cómo planea votar?

Democracia Deliberada

Corriente política del PRD

@ddeliberada