-Vigésimo sexto comunicado-

La primer noticia de lo que después sería el caso Oceanografía se remonta a 2005, cuando una comisión especial de la Cámara de Diputados señaló a Oceanografía como una (pero no la única, ni la principal) de las empresas beneficiadas por el tráfico de influencias de la familia Bribiesca. Poco tiempo después, los diputados del PAN votaron por cerrar la comisión, dando carpetazo al asunto. La SFP exoneró a los Bribiesca de tráfico de influencias, y dos diputados del PRD decidieron entonces presentar una denuncia por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias y una por falsedad de declaraciones. Sin embargo, el 30 de noviembre de 2006, un día antes de que Vicente Fox dejara la presidencia, la PGR decidió no ejercer acción penalcontra los Bribiesca. En 2008 el caso volvió a salir a la luz pública porque, mediante una solicitud de información, se preguntó a la PGR la razón por la que no procedió penalmente, pero no entregó la información. El IFAI resolvió ordenarle dar a conocer información sobre el caso pero la PGR se negó. A esto se suman denuncias por violación de derechos laborales y finalmente la acusación de Banamex por fraude a la empresa hace unos meses.

El caso Oceanografía ilustra lo problemático del combate a la corrupción en nuestro país. Durante años se acusó a la empresa (algunas veces formalmente, otras en la prensa) de varios tipos de irregularidades, pero nunca hubo castigo. En ciertos momentos hubo investigaciones, denuncias, e información dada a conocer, pero no fue sino hasta ahora, casi nueve años después de haber sido investigadas inicialmente por la Cámara de Diputados, que se toman acciones para conocer presuntas irregularidad en las operaciones de la empresa. Esto sugiere que el problema al luchar contra la corrupción, en particular a gran escala, no es necesariamente la falta de conocimiento sobre posibles actos corruptos, o la falta de capacidad para perseguirlos: es la discrecionalidad de los funcionarios, que determinan cuándo procede la investigación, el ejercicio penal o administrativo y cuándo no. Podemos decir que el eslabón débil no es la falta de información, la indolencia de la prensa para investigar estos casos o incluso, el ejercicio de las facultades de control de ciertos órganos del Estado. En este caso podemos ver con claridad cómo los acuerdos políticos arropan la impunidad.

En la campaña electoral del 2012, Enrique Peña Nieto se comprometió a formar una Comisión Anticorrupción. La promesa no era ninguna sorpresa considerando su cercanía con otros políticos priístas acusados de corrupción que se mantienen impunes como Humberto Moreira, Arturo Montiel y Javier Duarte. La propuesta, que se aprobó en el Senado y espera todavía discutirse en la Cámara de Diputados, no es clara respecto a cómo va a solucionar el problema endémico de corrupción que hay en nuestro país. No define cuáles serán los ‘actos de corrupción’, cuáles serán las responsabilidades y funcionamiento del consejo consultivo de la Comisión, cómo se tomarán ciertas decisiones específicas, quienes serán los responsables de las varias partes del proceso, o bajo qué maneras va a “coadyuvar” en las investigaciones o procesos que requieran coordinación con las instituciones ya existentes. Y, sobre todo, no está claro cómo se garantizará que la Comisión persiga a funcionarios que, por negligencia o por corrupción, permiten que empresas como Oceanografía operen impunemente por años. Se supone que la legislación secundaria incluirá las distinciones y definiciones, pero no hay todavía nada concreto sobre su contenido específico.

Más importante aún: la propuesta de una Comisión Anticorrupción, aunque con autonomía legal -equiparable a la de otros órganos autónomos- revela el talante centralizador del actual gobierno. Por un lado parece que omite las responsabilidades y atribuciones que tienen órganos actualmente existentes como la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Procuraduría General de la República y, por otro, crea un órgano autónomo más, con un aparato legal paralelo, que deposita en una persona el poder y discreción para perseguir actos de corrupción. Dicho órgano no resolvería por sí mismo problemas como la falta de procesos apegados a la ley, el respeto al debido proceso y la autonomía de quienes investigan o sancionan. Estos problemas, que son la base de la impunidad generalizada, no se solucionan con una Comisión más sino que, incluso, podría ser un aliciente para burocratizar aún más la impartición de justicia en este rubro y aumentar la capacidad arbitraria de quienes están en el poder de perseguir a sus enemigos políticos y perdonar a quienes se disciplinan políticamente ante ellos.

La insistencia de Peña Nieto y el PRI en crear una Comisión Anticorrupción también parece seguir la tendencia de este gobierno a confundir los cambios cosméticos con los cambios sustantivos. Por ejemplo, en la reforma política recién aprobada uno de los cambios que parece sustantivo es la transformación de la Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la República, la cual – se supone – será autónoma frente al poder ejecutivo para perseguir delitos. La Fiscalía entrará en funciones hasta que se apruebe la ley reglamentaria, cuya iniciativa no se presenta aún. ¿Qué nos está diciendo el partido en el poder al insistir en crear una Comisión Anticorrupción? ¿Que la Fiscalía sólo es un cambio superficial y que, en la práctica, no existirá la autonomía prometida para investigar y perseguir la corrupción? ¿Nos están diciendo que crearán una Comisión como órgano redundante para aparentar una vez más que les preocupa la corrupción?

Un verdadero compromiso del gobierno de Peña Nieto en el combate a la corrupción tendría que, primero que nada, empezar por investigar y perseguir casos de corrupción que ya están documentados, aunque estos sean de sus aliados políticos. Que no sean excepciones, como ahora parece ser el caso Granier o el de Elba Esther. Hoy, el Poder Ejecutivo cuenta con los instrumentos legales y la capacidad para perseguir delitos, pero decide no usarlos o usarlos a discreción. Segundo, debería enfatizar medidas preventivas y no sólo punitivas, como reconstruir y mejorar el servicio civil de carrera, del cual sólo quedan pedazos y simulaciones que de poco sirven. Otro ejemplo sería definir que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos como información pública. Y por último debería garantizar en el largo plazo que la transformación de la Procuraduría en Fiscalía no sea un cambio cosmético más sino un cambio sustantivo.

Por estas razones declaramos que quienes se opongan a perseguir la corrupción en el gobierno, a dotar de autonomía de hecho al Ministerio Público y Fiscalía General de la República, y a incrementar y mejorar las medidas preventivas de combate a la corrupción, serán nuestros adversarios políticos.

Democracia Deliberada

Corriente política del PRD