-Vigésimo quinto comunicado-

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, uno de los pocos logros del ahora extinto Pacto por México, significó, al momento de su aprobación, un paso que si bien no era perfecto, apuntaba en la dirección correcta: una orientación que no apostaba a la protección de los concesionarios sino a la garantía de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, a diferencia de las últimas reformas en la materia. De alguna forma, la reforma constitucional reconoció la existencia de privilegiados que hasta ahora habían ganado gracias a un trato desigual por parte del Estado.

Pautas para que el Estado limitara a los poderes fácticos en radio, televisión y telecomunicaciones, inclusión de principios y reglas encaminadas hacia una mayor pluralidad en un México acostumbrado al duopolio televisivo y a una mayoría de comentócratas y opinólogos más interesados en exorcizar filias y fobias que en informar y debatir. Un órgano de control independiente y autónomo dotado de múltiples facultades que le permitiera hacer frente a sus poderosos regulados. Una cadena de medios nacional –como la BBC o PBS- espacio para la producción nacional independiente, medios comunitarios. En suma indicaba un posible cambio hacia más espacios, pluralidad de voces y, sobretodo, autonomía editorial mezclada con coberturas no comerciales de interés público. Un contraste con las televisoras públicas en los estados que hoy actúan como medios gubernamentales. Parecía el principio de un camino sólido hacia uno de los presupuestos básicos de cualquier democracia en serio: pluralidad de medios y en los medios.

Hace unas semanas, después de –una vez más– no cumplir con los plazos estipulados en la propia reforma, se presentó la iniciativa de legislación secundaria que debería de dotar de contenidos claros a los principios constitucionales. El ejecutivo federal, en primer lugar, y el Senador del PAN, Javier Lozano, en segundo, presentaron respectivamente dictámenes que, de forma abierta, contradicen el sentido original de la reforma constitucional.

En Democracia Deliberada pensamos que el rumbo de estas propuestas no es el deseable. La iniciativa de ley secundaria busca desmantelar la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones al subsumir algunas de sus funciones regulatorias a la Secretaría de Gobernación. Un regulador fuerte es clave para emparejar la cancha, porque éste pone las reglas en un mercado en el que sería imposible la competencia si no hay intervención del Estado. Lo que hace fuerte al regulador, en lo formal, son los instrumentos de ley, pero también la capacidad de inclusión de actores en la definición del interés general a través –como el modelo de IFT recoge– de la participación ciudadana en la regulación.

Un regulador fuerte tiene, por principio, más capacidades y más claras, no menos. Dentro del sector debe establecerse políticas para un amplio número de intereses; que incluyen, pero no se limitan, a las garantías de acceso, derechos, contenidos, pluralidad de medios, desarrollo económico del sector, entre otras. En la medida en que la ley le dé instrumentos suficientes tendrá una capacidad amplia de regular la industria con participación de los regulados. Un regulador fuerte podrá hacer cumplir los términos y condiciones a los regulados y buscar compensaciones al Estado o al público por el incumplimiento a los términos y condiciones. Un regulador fuerte difícilmente se dejará capturar por particulares y podrá establecer un conjunto de reglas en el mercado que atiendan los intereses generales de la mayoría.

Como se sabe, el debate público en torno a esta iniciativa ha girado alrededor de la censura en Internet. En Democracia Deliberada creemos que la información libre y accesible, la expansión en la cobertura y el acceso a nuevas tecnologías de la información son una infraestructura con valor público que ofrecen oportunidades de desarrollo, desde la persona que quiere presionar a su gobierno para que haga mejor su trabajo, hasta el pequeño productor que se quiere vincular con mercados globales. De ahí que resulten inaceptables las disposiciones tendientes al bloqueo de señales de telecomunicación, que atenten contra una red neutral y que establezcan un sistema de vigilancia gubernamental masiva. La experiencia en otros países ha comprobado no sólo que los programas de esta naturaleza no han funcionado sino que son costosos y violentan el derecho fundamental a la privacidad. La regulación a los medios como la televisión y radio tiene sentido para nivelar las condiciones del mercado, acotar las prácticas monopólicas y generar nuevas capacidades para las audiencias, por el contrario, la regulación a internet afecta directamente a las personas al impedir el pleno ejercicio de derechos fundamentales.

La propuesta que ha transitado por una discusión cerrada, por un lado no fortalece al regulador; lo que implicaría seguir beneficiando el sistema monopólico actual, y por el otro establece restricciones a los derechos que son regresivos y propios de un Estado policía.

Además de sus contenidos, los problemas de la discusión reflejan los saldos negativos del Pacto por México en donde la oposición fue aniquilada y se diluyó su voz frente al gran consenso de tal forma que hoy, sea casi imposible disentir de lo propuesto. Como resultado, el disenso se ha trasladado a las calles. Preocupan también las formas de esta reforma. Sin un intento serio del PRI y sus aliados, el PVEM y NA, de convencer al público y a la oposición con una buena reforma y atendiendo a las críticas, el mayor riesgo es que termine por aprobarse vía negociaciones opacas y como moneda de cambio para los grupos más oportunistas de la oposición. Preocupa el silencio del gobierno federal frente a la protesta social, su incapacidad o su falta de interés en explicar su propuesta, en debatir los puntos controvertidos, en informar más que en publicitar. El PRD, empero, logró salir de la trampa al presentar una propuesta de dictamen alternativa que se deberá discutir por todos en las cámaras. Sin embargo nos preocupa que también han salido a relucir posiciones contradictorias entre miembros del PRD que parecen acercarse y alejarse de los intereses de la industria a conveniencia. Los senadores Barbosa y Barrales deberían de, de una vez por todas, ser claros con respecto a sus posiciones frente a la propuesta del ejecutivo y la presiones de la industria.

Para Democracia Deliberada las movilizaciones acontecidas en abril son la mejor muestra de la falta de deliberación pública de nuestras leyes y de la exclusión de las voces no partidistas de un debate que les afecta. Desde la izquierda partidista nos pronunciamos por un debate abierto y plural constante y no por el arreglo cupular. Aquellos que apuesten a favorecer iniciativas que mantengan privilegios abusivos, prolonguen la captura del Estado o se nieguen a dar explicaciones de sus beneficios; así como aquellos que promuevan cualquier intento que pretenda restringir el flujo de conocimiento e información para proteger intereses políticos o económicos, o mantener la concentración de los medios de comunicación, así como su control por parte del gobierno, serán nuestros adversarios políticos.

Democracia Deliberada (@ddeliberada)

Corriente política del PRD