Penalizar el aborto es tapar el sol con un dedo #IleGROYa

-Vigésimo séptimo comunicado-

En Democracia Deliberada tenemos un compromiso con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, la salud pública y la justicia social. Por ello, estamos preocupados por dos iniciativas de ley que podrían cambiar la situación de las mujeres en dos estados de la república, pero cuyas consecuencias podrían ser de alcance nacional. Por un lado, el gobierno del PRD en Guerrero propuso una modificación a la ley de salud del estado y al código penal para despenalizar en esa entidad el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo. Por el otro lado, en Nuevo León está por aprobarse una iniciativa constitucional que criminaliza a las mujeres que interrumpan un embarazo bajo cualquier circunstancia.

Llamamos la atención sobre estas iniciativas, por una parte, porque en Guerrero las izquierdas están a punto de perder el balón en su propia cancha al enfrentar dificultades para juntar los votos que requieren pese a nominalmente tener mayoría en el congreso local; por la otra, porque una vez más estamos viendo al PRI hacer una alianza oportunista con los sectores más conservadores de la sociedad para meter un gol que no podrían meter con su aliado más tradicional, el PAN.

La propuesta de interrupción legal del embarazo en Guerrero es una necesidad urgente. Es una propuesta que, entre otras cosas, retoma el éxito en términos de salud pública de la despenalización del aborto que hace siete años fue aprobada en el Distrito Federal. Desde entonces, en el DF, no se ha registrado un solo deceso en más de 115 mil interrupciones realizadas dentro de las 12 primeras semanas, con un porcentaje de reincidencia del uno por ciento, el más bajo a nivel mundial. En contraste, en Guerrero, la tasa es de 172 muertes por cada 100 mil hospitalizaciones relacionadas con abortos clandestinos. Del total de estas defunciones se calcula que el 13.9% ocurre entre adolescentes. Tan sólo en 2012, la Secretaría Estatal de la Mujer declaró que fueron hospitalizadas 6,015 mujeres por complicaciones relacionadas con abortos en instancias del sector salud. Estos datos han mantenido a Guerrero durante la década pasada como la entidad con mayor mortalidad y morbilidad materna de todo el país.

Es necesario que Guerrero atienda los problemas de salud que enfrentan las mujeres de cualquier edad, origen socioeconómico o pertenencia étnica. Por eso en Democracia Deliberada consideramos que la despenalización del aborto no es sólo un tema de salud pública y de derechos sexuales, sino también de justicia social. En un país tan desigual como el nuestro, solo las mujeres con recursos tienen la opción de decidir sobre su cuerpo de forma segura e higiénica. Son las mujeres en situación de pobreza las que no pueden ni siquiera costear su pasaje a la Ciudad de México para interrumpir un embarazo de forma legal y segura. Son las mujeres pobres las que más mueren por abortos clandestinos. Estamos convencidos de que el Estado debe garantizar las condiciones para que una mujer pueda interrumpir su embarazo sin que ello arriesgue su vida ni su libertad. El hecho de tener la capacidad biológica de procrear no debiera significar que la maternidad en la adolescencia o en condiciones no deseadas deba ser el destino de muchas mujeres; mucho menos el de ir a la cárcel por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

Ya algunas viejas batallas se han logrado ganar para las mujeres en nuestro país. Cada vez más mujeres deciden sobre su cuerpo, su hogar y su sexualidad, pero muchas más siguen sin tener acceso a educación e información oportuna, a métodos anticonceptivos -incluso aquellos que no impliquen negociación con la pareja como el condón- y a atención sin discriminación. La respuesta a este problema de salud pública y justicia social no es penalizar y continuar con el status quo que pone en riesgo la vida de las mujeres. Una mujer que es orillada a abortar en condiciones clandestinas es víctima del abandono del Estado; ser criminalizada por ello, es un sinsentido doblemente injusto.

Respaldamos plenamente la iniciativa del Gobernador Ángel Aguirre de despenalizar el aborto en la entidad, pues nos parece un avance para atender algunas de las peores injusticias que sufren las mujeres. Por lo mismo, nos preocupa que una diputada local del PRD haya votado en contra de esta iniciativa. La diputada Ana Lilia Jiménez Rumbo, quien preside la Comisión de Equidad y Género del Congreso local, se declaró en contra del dictamen de la iniciativa, alejándose de la plataforma del partido y negando derechos de las mujeres de su estado. A pesar de ello, creemos que tienen una segunda oportunidad en el pleno del congreso local para rectificar y votar en contra de la injusticia y la violación de derechos. Nuestras razones no son electorales ni de disputa entre grupos políticos, sino que están fundadas en los principios de justicia social y en el respeto a las vidas de miles de mujeres en Guerrero y en todo el país.

Es igualmente preocupante que Nuevo León ahora intente sumarse a las 18 entidades de la República que, gracias a los diputados locales del PRI y PAN, penalizan la interrupción del embarazo a nivel constitucional. Si la iniciativa es aprobada, como actualmente la han propuesto los diputados del PAN, también sería penalizado el aborto que se realiza en situación de riesgo para la salud de la mujer, incluso en situación de riesgo de muerte, y al mismo tiempo frenaría la posibilidad de recurrir a métodos modernos de fertilidad a quien así lo requiera. Nos preocupa este ataque en contra de la libertad de las mujeres en el país y nos preocupa aún más que como en otras ocasiones las izquierdas social y partidista no organicen una férrea oposición a nivel local. En Democracia Deliberada esperamos que los diputados Erick Godar Ureña Frausto, Eduardo Arquijo Baldenegro del PRD, y el diputado Guadalupe Rodríguez Martínez del PT, defiendan los derechos de las mujeres en Nuevo León y debatan, argumenten y logren persuadir por qué la penalización constitucional del aborto le hace un servicio retórico a la derecha conservadora, sin mejorar la situación de vida de nadie. Es decir, es una iniciativa que crea problemas, restringe las opciones de política pública, y no soluciona absolutamente nada.

También estamos preocupados por cómo el silencio de los grupos políticos nacionales sobre estos temas en la arena local puede revelar una coalición conservadora que por vergüenza no se atreve a asumirse en público El silencio cómplice de los dirigentes nacionales y locales debe terminar. Por ejemplo, el PRI a nivel nacional se presume feminista, pero a nivel local actúa como mandadero de los sectores más conservadores de la iglesia católica. Por ello exigimos a las dirigencias nacionales de los partidos de izquierdas, que enfrentan y reten al PRI y al PAN a defender las posiciones de sus correligionarios a nivel local. Estamos seguros que hoy el PRD tiene los mejores argumentos a la mano para defender la interrupción legal del embarazo en Guerrero y en todo el país, lo que urge es que también tengan el ingenio y las agallas para dar el debate en público y denuncien la farsa e injusticia que se está gestando en Nuevo León. Guerrero y Nuevo León son dos caras de una misma moneda donde se está tratando la vida de las mujeres como un instrumento más de la negociación política o como evidencia de la aquiescencia frente a las decisiones ya tomadas por grupos conservadores.

En Democracia Deliberada defendemos una izquierda que gane elecciones sin perder su agenda. Para nosotros no tiene caso ganar elecciones si nuestros representantes no están listos para defender y avanzar la agenda con la cual fueron electos. Además creemos que no debemos prolongar la situación de injusticia y vulnerabilidad a la que están sometidas millones de mujeres a través de leyes injustas e inútiles, y que es hora de dar la la batalla, entidad por entidad, para que cada mujer sea libre de tener los hijos que quiere cuando crea que es el mejor momento para hacerlo. Es por ello que aquellos que tratan de intercambiar la vida de las mujeres por acuerdos políticos; que reduzcan, limiten o cancelen los derechos sexuales y reproductivos de los ciudadanos; que criminalizan a las mujeres en lugar de brindar educación, información veraz y opciones de prevención e interrupción legal del embarazo; y que guarden silencio ante los embates oportunistas en contra de las mujeres a nivel local, serán nuestros adversarios políticos.

Democracia Deliberada
Corriente política del PRD

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