-Trigésimo comunicado-

En Democracia Deliberada consideramos que es necesario profundizar el debate sobre el aumento del salario mínimo. En un primer comunicado respaldamos una medida que incrementara el salario mínimo y que desvinculara los pagos indexados, concluyendo que dicho aumento es un asunto de justicia social. Posteriormente manifestamos que además de los incrementos al salario debemos de poner atención en los mecanismos que determinan su monto, en las relaciones trabajador-empleador-gobierno y en la vida sindical. Desde entonces, las reacciones de buena parte de la prensa especializada y de algunos sectores de empleadores y trabajadores han sido tanto vacías como irresponsables. Si bien es cierto que es difícil predecir con certeza el efecto final de esa medida, consideramos que la discusión debe abundar en las razones económicas y políticas que justifican la existencia del salario mínimo y su potencial incremento.

El debate económico se ha centrado alrededor de dos argumentos: la relación entre los salarios, la inflación y el desempleo; y la relación entre los salarios y la productividad. A pesar de que estas relaciones tienen fundamentos conceptuales en el terreno de la economía, con frecuencia se argumenta olvidando los factores políticos y sociales que juegan al mismo tiempo que las fuerzas económicas y que conjuntamente determinan los salarios (y en particular el salario mínimo). Resulta paradójico que quienes más se empeñan en llamar a un debate “serio” y “profundo” sean a su vez quienes utilizan interpretaciones superficiales propias de quien sólo conoce un texto de introducción a la economía. Debatir sobre el salario mínimo implica considerar con seriedad al conjunto de factores que inciden en la determinación de éste, no sólo aquellos a modo.

La idea de que un salario mínimo genera desempleo, proviene de un modelo sencillo para analizar una economía. En dicho modelo, donde no hay ningún tipo de distorsiones de mercado (externalidades o monopolios, por ejemplo) un salario mínimo cuyo valor esté por encima del valor del salario del mercado lleva a que el número de plazas laborales disponibles sea menor al número de trabajadores, de tal forma que una parte de éstos no encuentra empleo. No está de más señalar que muchos de los supuestos que sostienen ese resultado no se cumplen en la realidad y que, bajo otros supuestos las conclusiones son distintas. La cuestión es identificar qué se asemeja más a la realidad mexicana. Esta situación es convenientemente ignorada por quienes señalan que incrementar el salario mínimo en México generaría mayor desempleo, pues implícitamente suponen que nos encontramos en un mundo de competencia perfecta y que el incremento del salario mínimo será por encima del valor que equilibra el mercado laboral. La evidencia sugiere que el efecto de incrementos en el salario mínimo sobre el salario de equilibrio depende de la posición del salario mínimo con respecto al resto de la distribución de salarios. La literatura indica que en el caso de México el salario mínimo tiene un rol no vinculante, esto es, que el resto de la distribución de salarios no está concentrada alrededor del salario mínimo y que, por tanto, el salario mínimo no juega un rol preponderante en la fijación del resto de los salarios.

La relación entre salarios y empleo se ha estudiado de forma vasta. El consenso existente hasta la década de los 90 era que un incremento en el salario mínimo de 10 por ciento aumenta el desempleo (sobre todo el juvenil) entre 1 y 3 por ciento. Mejores datos y técnicas aplicadas permitieron revertir las conclusiones apuntando a un efecto nulo de los incrementos del salario mínimo sobre el empleo. Hoy en día, el debate sigue vivo entre los economistas laborales y lo estará por mucho tiempo, aunque es difícil encontrar estudios que apunten a un efecto fuera del rango de 0 a 2 por ciento de aumento en el desempleo por un aumento de 10 por ciento en el salario mínimo. De la misma forma, la evidencia muestra sólo efectos moderados en la inflación, que llegan a ser pronunciados cuando ocurren en medio de un ambiente de alta inflación (es decir, de inflación de dos dígitos).

Otro de los argumentos que se esgrimen para oponerse a un alza del salario mínimo es que el salario sólo puede aumentar si se incrementa la productividad. La idea proviene de un resultado microeconómico básico, en donde el valor del producto marginal del trabajador debe de ser igual al salario que recibe. Es decir, que el trabajador recibe como compensación el valor de su participación en la producción. Así, si no se incrementa la productividad, no puede incrementarse la remuneración para el trabajador. En estas condiciones, imponer un salario mínimo más alto que el actual implica imponer como piso una remuneración que estaría por encima del valor del producto de algunos trabajadores (que al ser los menos productivos se asume que son los que cuentan con menor grado de educación formal, experiencia laboral y menor acceso a cuidados para la salud), generando mayores costos para la empresa, los cuales, pueden repercutir sobre los precios.

Quienes favorecen este argumento, olvidan que un incremento en el salario mínimo puede permitir a quienes lo reciben incrementar su gasto en educación, alimentación o salud, permitiéndoles elevar su productividad, como  señala la literatura sobre salarios de eficiencia. Olvidan también, que un incremento en la productividad no necesariamente se ve trasladado a los salarios, pues existen factores institucionales que limitan la capacidad de los trabajadores de obtener mayores salarios (por ejemplo, los “Pactos de Estabilización” de los ochenta y noventa). Así, no es obvio, como pretenden algunos ofrecer como verdad, que un incremento en la productividad deba de anteceder a un incremento en el salario mínimo. La productividad no es algo mágico que los trabajadores puedan adquirir de un día para otro para incorporar al proceso productivo, la productividad es: cuánto se obtiene de producción por unidad de insumo. El trabajo es sólo uno de los diferentes factores que influyen en la producción y obtener más producto por el mismo pago es lo que ha sucedido en los últimos años.

El salario mínimo se justifica como una forma de proteger al de por sí vulnerable poder adquisitivo de los trabajadores. Los trabajadores más vulnerables en cuestiones de salario lo son también en otras dimensiones. Los trabajadores más pobres de México  son mujeres y hombres que carecen de acceso al mercado de crédito que les permita acumular riqueza para volverse más productivos (o invertir en las capacidades productivas de sus hijos). Son ellos quienes son más vulnerables a todo tipo de fluctuaciones en sus ingresos a causa de circunstancias tanto macroeconómicas como propias de sus actividades laborales, enfermedades y accidentes; obreros, campesinos y empleados que viven al día, sin un prospecto de vida distinto a aquel con el que nacieron. No son pocos quienes viven con un ingreso que apenas cubre la línea de bienestar alimentaria y quienes no se han beneficiado de las reformas económicas de los 90 y a quienes se les ha prometido que las nuevas reformas traerán una mejora en su calidad de vida. En ese sentido, el salario mínimo actúa también como una institución que fortalece la capacidad de negociación de los trabajadores en un escenario en donde sus propias representaciones sindicales actúan más como administradoras de las condescendencias de los patrones que como defensores de los derechos laborales.

Si bien los estudios ofrecen una evidencia mixta y a veces favoreciendo sólo modestos aumentos del nivel de precios y el desempleo ante cambios en los salarios mínimos, lo cierto es que el efecto depende mucho de las características institucionales de cada país y el funcionamiento del resto de los mercados. En el caso de México, celebramos que el debate sobre un posible aumento al salario mínimo haya generado el interés de los expertos para presentar posibles escenarios.

En Democracia Deliberada nos dimos a la tarea de analizar un simple experimento natural proveniente de la redefinición de las zonas del salario mínimo, como una aproximación al debate con datos. En las ciudades que pasaron de a una zona con un salario mínimo más alto (de la B a la A) encontramos que la inflación fue de 3.41 por ciento, mientras que en las ciudades en las que no hubo cambio alguno, la inflación fue de 3.43 por ciento, es decir, ambos grupos de ciudades se comportaron de forma indistinta.

De la misma manera, los análisis y simulaciones incluidos en la propuesta del Gobierno del Distrito Federal sugieren que el aumento del salario mínimo a 82 pesos por 8 horas de trabajo, generaría un aumento en la inflación no mayor a uno por ciento. Asimismo, en un ejercicio más refinado que el comentado anteriormente, explotando la variación en las definiciones de las zonas del salario mínimo, no se encontraron efectos destructivos de empleo, pero sí una reducción en la probabilidad de pasar de la formalidad a la informalidad en aquellas ciudades donde el salario mínimo subió con respecto a las ciudades donde esto no ocurrió, así como un incremento en la probabilidad de obtener un empleo formal para las personas desempleadas.

En conclusión, la propuesta de subir el salario mínimo no es una propuesta populista. Es una medida que acarrearía costos, los cuales deben justificarse por los beneficios que tendría. Es una medida también de redistribución. En Democracia Deliberada damos la bienvenida al debate con ideas, datos y nos oponemos a la imposición como verdad de los debates que aún no se concluyen. Ojalá que muchos más investigadores y políticos alimenten la discusión pública respecto del tema.

En Democracia Deliberada nos oponemos a quienes pretenden cerrar de golpe la discusión pública sobre el aumento del salario mínimo. Lamentamos la forma en que una fracción de los sectores obrero y patronal han concluido que esta medida perjudicaría más a todos de lo que beneficiaría a los trabajadores más pobres  y desprotegidos.  Por ello, los repetidores del libro de texto que cuentan las verdades a medias, los líderes sindicales oportunistas y alineados a los gobiernos en turno, los “opinadores” que asustan a la opinión pública con el petate del muerto, y los patrones que se han beneficiado por décadas de las condiciones precarias del trabajo en México, serán siempre adversarios políticos de Democracia Deliberada.

Democracia Deliberada
Corriente política de la izquierda partidista