Una agenda de Derechos y Justicia.

En Democracia Deliberada celebramos las expresiones de solidaridad y las manifestaciones ciudadanas que se han producido a partir de los dolorosos acontecimientos en Iguala, Guerrero. Creemos que la protesta y la solidaridad ciudadana no son factores de desestabilización sino que son herramientas fundamentales para avanzar en el proceso democratizador en cualquier país. De igual manera, consideramos necesaria la articulación de un discurso político desde una perspectiva de izquierda que permita canalizar el descontento social y vislumbrar una ruta para afrontar los graves problemas de corrupción y violencia que afectan al país. Este intento es ahora más necesario que nunca dado que la izquierda partidista ha sido incapaz de articular propuesta alguna en estos temas.

Al igual que el movimiento #AyotzinapaSomosTodos, consideramos que el Estado es responsable de la corrupción y la intensificación de la violencia de los últimos años. Específicamente, consideramos que México vive una profunda crisis de derechos, donde la razón de ser del Estado es garantizar y proteger esos derechos de manera universal y no selectiva. Así pues, consideramos que toda estrategia de seguridad debe de ser parte de una estrategia más amplia que tenga como propósito construir un Estado democrático con capacidad efectiva para proteger, garantizar y expandir los derechos humanos fundamentales a todos los sectores de la población.

La respuesta del gobierno de Peña Nieto en forma de decálogo es una demostración clara de que la clase política no ha comprendido la dimensión de la crisis que enfrentamos o que intencionalmente ha preferido ignorar la gravedad del problema y que pretende llevarnos a un falso debate. El problema no son las policías municipales o la falta de profundización de la fallida estrategia de seguridad de Calderón, expresada en operativos o leyes de delincuencia organizada, el problema fundamental es el acceso al derecho a la justicia en un sentido amplio y democrático. Nos preocupa sobremanera que la perspectiva de la administración actual sea continuar la guerra contra las drogas que ha sido implementada sin éxito sexenio tras sexenio en el país. No se trata de combatir a las organizaciones criminales, enemigos misteriosos que desde la oscuridad parecen acechar a la clase política y a la alta burocracia, sino que se trata de garantizar los derechos de los ciudadanos que viven cotidianamente toda clase de abusos e injusticias que se han vuelto parte de la normalidad; que han vivido en carne propia todo tipo de violencias: la marginación social, la falta de oportunidades, la falta de movilidad social, la violencia contra las mujeres, las desapariciones, los desplazamientos forzosos, la extorsión, los homicidios, el reclutamiento de jóvenes como ejército de reserva criminal, los feminicidios y el alarmante número de homicidios y desapariciones en el país y sobre todo la impunidad que ha seguido a esta violencia.

Existe un debate entre los que piensan que el crimen y la violencia es la causa de la descomposición del tejido social y del Estado y los que pensamos que existen problemas estructurales que son la fuente de la descomposición social que sustenta la proliferación de la corrupción y la intensificación de la violencia. Para el primer grupo el problema se resuelve con más policías y penas más severas. Eso es justamente el enfoque que ha prevalecido todos estos años. Debido a ello, administración tras administración se ha ignorado o pospuesto la necesidad de enfrentar los problemas estructurales que identifica la posición alternativa y no se han implementado políticas de desarrollo efectivas. De acuerdo a esta otra posición, si bien es cierto que la violencia criminal produce descomposición y atraso, también lo es que la desigualdad de oportunidades contribuye a generar violencia, crimen y descomposición social. Por ello, en Democracia Deliberada proponemos una serie de medidas que se distancian de la respuesta equivocada e insuficiente que ha ofrecido el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de su decálogo.

1. Derechos sociales y económicos. Es tiempo de que veamos a la desigualdad como parte fundamental de la explicación del problema de violencia en México. Regiones como Tierra Caliente en entidades como Guerrero, Michoacán y Estado de México tienen más de la mitad de la población en pobreza y sin acceso a servicios básicos. Garantizar el desarrollo en el sur del país y en las zonas marginadas de todo el territorio es un esfuerzo indispensable para hacer que los derechos sociales a la educación, la vivienda digna, la salud, el ingreso digno y el acceso a la cultura sean una realidad en regiones con violencia en el país.

2)     Fortalecer al sistema de justicia. Debemos hacer del derecho a la justicia una realidad para todos los ciudadanos, el acceso a la justicia es hoy privilegio de pocos. Las policías, jueces, ministerios públicos y el sistema carcelario deben comenzar a funcionar como deberían sin necesidad de una reforma legal. La independencia del Ministerio Público es fundamental para garantizar su eficiencia y disipar sospechas de uso político de la justicia, jueces que trabajen con el principio de presunción de inocencia y policías capacitadas no necesitaríamos leyes extraordinarias para perseguir la infiltración del crimen, la corrupción, y reducir la impunidad. Es urgente que se garantice la autonomía del ministerio público de cualquier interés político y de la aplicación del nuevo sistema penal oral.

3)     Reformar la política de prevención social de la violencia y volverlo el eje de la política de seguridad. Acelerar urgentemente el proceso para unificar los programas federales de prevención, reducir la diversidad de acciones a aquellas que resulten más certeras y orientarlas a las demandas específicas que tengan las localidades de acuerdo a los tipos de delito y los fenómenos de violencia que sufren. Las comunidades deben participar en la construcción de la seguridad. La grave contradicción a la que ha llegado el gobierno actual es que su primer plan de seguridad proponía en primer lugar la prevención del delito y la reconstrucción del tejido social y resultó la gran ausente en el decálogo anunciado por el presidente. La prevención debe de ir encaminada a ofrecer oportunidades de movilidad social a los hombres jóvenes que han sido reclutados por las organizaciones criminales.

4)     Coordinar y no centralizar. Apostamos por el federalismo bien diseñado y por el fortalecimiento de los poderes locales a través de procesos democráticos. La política de derechos que proponemos es federalista. Dando a cada nivel de gobierno responsabilidades y obligaciones. Sustituir a los poderes locales, como en el caso del Comisionado de Michoacán, no sólo desvirtúa y debilita a las instituciones locales en el largo plazo, sino que en el corto plazo pone en peligro los debidos procesos judiciales y expone a las localidades a intervenciones centralistas con intereses político-electorales. Rechazamos la posibilidad de disolver el municipio que se ha propuesto como solución. Creemos que el municipio es el espacio democrático más necesario para los ciudadanos en este contexto de violencia. Fortalecer al municipio es una misión.

5)     Reforma policial real. Desaparecer policías, despedir policías no certificados o subsidiar corporaciones sin evaluaciones no servirá de mucho. Necesitamos dignificar la labor de la policía en todo el país. Es necesaria una reforma que les garantice a todos los policías el acceso a seguridad social y a sueldos dignos, capacitación en materia de derechos humanos y políticas de proximidad para la prevención del delito. En nuestra propuesta federal creemos que las policías deben ser el espacio para aplicar el número más diverso de políticas de prevención en todo el país.

6)     Políticas anti mafias, no guerra contra el narco. Es necesario abandonar el enfoque de guerra para combatir a las organizaciones criminales. Los operativos, la fragmentación de carteles, la quema de plantíos y la militarización no sólo no han resuelto el supuesto problema de las drogas, lo han empeorado al extender la violencia a todo el país. Urge la aplicación de políticas anti mafias efectivas, por ejemplo, de inteligencia financiera, programas de testigos protegidos, arrestos estratégicos y perseguir la diversidad de delitos patrimoniales que sustentan financieramente a las organizaciones criminales. Podríamos empezar por aplicar la Convención de Palermo de las Naciones Unidas. Además, es urgente cambiar el enfoque del tema de drogas a un tema de salud pública que aleje a los ciudadanos de los mercados negros. La política de prohibición no ha funcionado y el país debe comenzar a cuestionar seriamente la viabilidad del régimen internacional de prohibición de drogas.

7)     Justicia transicional para México. Proponemos una Comisión Ciudadana de la Verdad sobre las Causas y las Consecuencias de las Guerras contra las drogas en México, un plan de recuperación de las comunidades que han sido asoladas por la violencia en México, y que a partir de los trabajos de la comisión se finquen responsabilidades a las autoridades responsables de las políticas que nos llevaron a la espiral de violencia e injusticia que vivimos.

8)     Combatir la corrupción en serio. Es indispensable que el combate a la corrupción sea un eje fundamental de una política de seguridad de la izquierda. Los conflictos de interés, como el del presidente Peña Nieto con la constructora HIGA, el tráfico de influencias, el desvío de fondos y la infiltración de las organizaciones criminales suceden por la total impunidad y discrecionalidad con la cual los actúan los funcionarios públicos. La nueva Fiscalía General de la República debe ser auténticamente independiente y los sistemas y comisiones deberían trabajar en función de reducir la impunidad.

9)     Abrir el sistema político a los ciudadanos. Los partidos políticos actuales no han representado ni dado cabida a las demandas de justicia, atención a las víctimas y a los familiares de los desaparecidos. Es urgente que el sistema político se abra a los ciudadanos para que aquellos quienes han sido víctimas de la violencia puedan expresar y cambiar las políticas de seguridad. Hemos defendido recientemente la vía de las candidaturas ciudadanas, sin asumir una actitud antipartidista,,porque el sistema de partidos esta cerrado. Estas vías podrán ser usadas, sin excluir otros mecanismos de participación, hasta que haya condiciones reales para la creación de nuevos partidos políticos.

10) Que se re-encienda el faro de los derechos humanos. Hace un año advertimos que el faro de derechos que significaba la Ciudad de México se estaba apagando ante la política de abusos policiales y detenciones arbitrarias del Gobierno de Miguel Ángel Mancera. Ahora vemos que esa tendencia se ha vuelto una realidad imperante. Es necesario para las izquierdas recuperar al Distrito Federal como espacio para la manifestación, la protesta y las demandas de las y los ciudadanos inconformes con la situación de injusticia en el país. Debemos re-encender ese faro de libertades que habíamos conquistado con nuestro voto. Los derechos civiles y políticos son intrínsecamente necesarios para cambiar la situación de seguridad del país.

Por lo antes dicho, declaramos que los que pregonen que no ha sido el Estado el responsable de la impartición selectiva de justicia y protección a nuestros derechos, los que nieguen un cambio de dirección de la política de seguridad del país, los que propongan una mayor centralización de las instituciones, los que propongan cambios cosméticos en lugar de reformas verdaderas al sistema de justicia y los que nieguen el problema de la desigualdad como elemento explicativo fundamental de las condiciones actuales del país, serán nuestros adversarios políticos.