Comunicado originalmente publicado en Animal Político el 9 de mayo de 2016.

La desigualdad carcome la estructura de nuestra economía y nuestra sociedad. Aunque se ha pretendido vender la idea que el crecimiento económico repartiría eventualmente sus beneficios entre todos, cuando hablamos de la distribución de la riqueza no ha ocurrido ese proverbial “ganar-ganar”. Al pensar en la desigualdad con que se captura la riqueza nacional debemos reconocer que lo que sólo algunos han ganado, muchos otros lo han perdido. Esto empeora cuando esa desigualdad se perpetúa de una generación a otra… y a otra… y a otra más. Mientras unos pocos heredan millones sin realizar esfuerzo alguno, otros millones de mexicanos heredan deficiencias alimenticias, desventajas, discriminación y falta de oportunidades.

En el contexto de un país donde se recauda poco en impuestos, consideramos que una manera de revertir parcialmente esta tendencia es gravando las herencias. Se propone que los fondos recaudados se empleen en financiar programas que ayuden a la mayoría de los mexicanos a heredar oportunidades de una vida digna en el futuro. Proponemos que quienes más riqueza acumulan y transmiten a sus descendientes, sean los que paguen más impuestos.

Esta no es una idea sacada de la manga de Democracia Deliberada, sino una política común y bastante longeva en otros lugares. Más de la mitad de los países de la OCDE recaudan impuestos a la herencia de los más ricos. Estados Unidos tiene una tasa de hasta 40 por ciento (el estate tax tiene sus orígenes en el siglo XVIII), mientras que Japón y Corea del Sur tienen tasas de más de 50 por ciento. En América Latina, Chile tiene un impuesto de hasta 25 por ciento. México, en cambio, no tiene ningún impuesto a la herencia, por lo que la riqueza se acumula y transmite de manera libre en forma de cuentas bancarias y suntuosas propiedades. ¿Qué beneficios podría tener instituir un impuesto a la herencia?

Se calcula que la riqueza patrimonial total en México es de aproximadamente siete veces el tamaño del PIB anual. Esa riqueza patrimonial, que se concentra en apenas el uno por ciento de las familias más ricas del país, se transfiere vía herencias aproximadamente cada 35 años. Esto quiere decir que en promedio cada año el tres por ciento de la riqueza de nuestro país cambia de manos, un equivalente al 20 por ciento del PIB. Si a ese porcentaje del PIB que cambia de manos cada año se le pusiera un impuesto con una tasa de 20 por ciento (una de las más bajas del mundo), se podría recaudar, en el mejor escenario, hasta un cuatro por ciento del PIB. Siendo más conservadores, si solo se le cobra el impuesto de 20 por ciento a aquellos que hereden más de un millón de dólares, es decir, a los 122 mil individuos que tienen riquezas mayores a un millón de dólares (según cálculos de Credit Suisse), se recaudaría al menos el 1.8 por ciento del PIB.

Tomemos en cuenta que la mayor parte de esa riqueza se ha concentrado en una pequeña lista de los 4 mexicanos más ricos, quienes en 2002 apenas tenían el 2 por ciento del PIB y que hoy tienen el 9 por ciento. Por eso, el nuevo impuesto a la herencia que proponemos estaría sobre todo dirigido a las fortunas que han acumulado, entre otros, Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego yAlberto Bailleres. El impuesto propuesto tendría una excepción lo suficientemente alta como para no afectar a la clase media ni a los pequeños y medianos empresarios

El impuesto a la herencia – pero también a los regalos y donaciones – de estas grandes fortunas alcanzaría, cuanto más, sólo a ese uno por ciento de la población que posee el 43 por ciento de la riqueza del país y permitiría recaudar hasta el 1.8 por ciento del PIB. Sin embargo, como bien lo han ejemplificado los Papeles de Panamá, donde empresarios como Ricardo Salinas Pliego han figurado, el pago de impuestos es fácil de evadir en México usando empresas fuera del país en paraísos fiscales. Quizás estos empresarios y herederos eviten que se cobre algo del impuesto, por eso, es más realista y sensato calcular quelas arcas del Estado podrían recibir alrededor de uno por ciento del PIB.

Para dimensionar el potencial recaudador del impuesto que proponemos, cabe mencionar que el uno por ciento del PIB recaudado equivaldría aproximadamente a los mismos recursos que han sido recortados al gasto del gobierno federal a raíz de la caída de los precios del petróleo de 2015. Con los nuevos recursos se podrían financiar los proyectos de inversión que eran necesarios para rescatar a Pemex. De igual manera, se podría recuperar el gasto en ciencia, educación, en transporte público, e incluso en unos años podríamos comenzar a financiar proyectos de salud, educación, vivienda e inversión que beneficien a los más pobres del país.

Varios argumentos en contra de esta propuesta son previsibles. Algunos dirán que este impuesto es un artilugio envidioso contra los millonarios que empujan la innovación. Algunos otros apelarán a un posible efecto desincentivador en la inversión. Se dirá que esta propuesta incluso podría ser ilegal debido a una doble tributación – que es un dinero que ya pagó impuestos por vía del ISR y que no es legal volverlo a gravar. Atendamos estos argumentos de una vez.

Creemos que las anteriores previsiones son injustificadas. El impuesto no sería “envidioso” sino un impuesto justo pues estaría focalizado fundamentalmente en aquellos millonarios que han vivido, en el contexto mexicano, de posiciones ventajosas en economías monopólicas u oligopólicas, o que se benefician regularmente no de su capacidad de competir, sino de su capacidad de aprovechar la “economía de los contactos” y de recibir hasta concesiones de los bienes nacionales, como lo son las mineras y las telecomunicaciones. La mayor parte de estas fortunas fueron obtenidas bajo el amparo del Estado y no por innovaciones tecnológicas.

La falta de inversión privada en investigación y desarrollo en México es tan solo una muestra de lo poco que necesitan de la innovación estos grandes capitales mexicanos para subsistir y crecer. Además, también en términos de justicia, se ha calculado que con los puros rendimientos anuales de la riqueza que heredarán los hijos de estos millonarios, se podría emplear – con el actual salario mínimo – a todos los desempleados del país y, aún así, sus fortunas seguirían intactas. Esto tiene implicaciones prácticas también: dependiendo de que tan escalonado quede este impuesto, es poco probable que el tamaño del impuesto pagado afecte realmente sus decisiones de inversión.

Por otro lado, como dijimos arriba, este impuesto es cobrado en países conocidos por su innovación tecnológica, como Corea del Sur o Japón, en tasas que superan el 40 por ciento, sin realmente afectar su capacidad de invertir sabiamente e innovar. Finalmente, el argumento de la doble tributación es falso; lo cierto es que lo que está sujeto a impuestos no es el capital per se, sino la transferencia del mismo a una persona distinta. Por ley, el que paga impuestos es la persona. Si una persona se hizo de nueva riqueza que antes no le pertenecía, debe pagar por ello. No hay doble tributación.

En cambio, consideramos que el impuesto a la herencia podría tener varios efectos positivos. El más claro e inmediato de ellos es su carácter progresivo: gran parte de esas riquezas a las que nos referimos es producto del arduo trabajo de millones de mexicanos, cuyos beneficios se han concentrado en unas cuantas manos que han hecho todo lo posible para evitar que los trabajadores reciban un ingreso justo que les permita una vida digna. El impuesto comenzaría a rebalancear esta tendencia.

Por otra parte, el impuesto a las herencias puede ser un buen instrumento para fomentar la actividad económica. La razón es que el efecto del impuesto en la dinámica del consumo e inversión  hace más productivo el uso de recursos que de otra forma continuarían acumulándose de forma improductiva. El impuesto a la herencia tiene el potencial de fomentar una mejor distribución de la riqueza en la sociedad aportando simultáneamente tanto a la disponibilidad de capital en el mercado de consumo interno, como a la disminución de la desigualdad, principalmente en términos del aprovechamiento de oportunidades de inversión que existen en la economía y que no se aprovechan por la elevada concentración de la riqueza. Incentivar el uso de estas oportunidades genera ganancias en términos de eficiencia y por ende en un mayor potencial de crecimiento.

El impuesto a las herencias podría convertirse, además, en un importante factor para la proliferación de las organizaciones de la sociedad civil. El tercer sector ha sido uno de los grandes beneficiados de este impuesto debido a que fomenta que las herencias sean destinadas a la filantropía. La salud de la filantropía privada estadounidense ha sostenido una correlación inversa con las alzas y bajas en las tasas del impuesto a la herencia a lo largo del siglo XX.

Finalmente, el impuesto a la herencia puede jugar un rol de anti monopolios, fomentando la competencia e incluso, el emprendedurismo al incrementar la liquidez en la economía. Muchos piensan que los emprendedores son los más afectados con un impuesto así, ya que al no poder heredar su riqueza a sus hijos, no invertirán en sus empresas. Esto es falso, no solo porque es una exageración que no podrán heredar nada a sus hijos, sino porque hay pocos indicios de que estos impuestos jueguen un rol importante en la toma de decisiones de los fundadores de las empresas. De hecho, frente a estos impuestos los emprendedores son más propensos a responder trabajando más duro con el fin de dejar más para sus hijos. Hasta entre los más ortodoxos los beneficios de un impuesto a las herencias son indiscutibles. Considerando estos argumentos resulta urgente discutir una política pública al respecto en nuestro país.

Consideramos que no toda discusión fiscal debe concentrarse en el IVA. Hay otras formas de financiar el gasto redistributivo, incluyendo nuevos impuestos. La mezcla ideal deberá en todo caso considerar los aspectos anteriormente mencionados así como las necesidades recaudatorias, aspectos de justicia, redistribución y eficiencia económica. No debemos huir a la necesidad de mejorar y encontrar respuestas al problema de un fisco famélico y de un Estado que no tiene recursos para políticas de generación y redistribución de la riqueza o políticas de crecimiento. Nos hemos quedado cruzados de brazos ante la desigualdad en parte porque no tenemos los recursos para hacer algo. Los ricos y poderosos al verse beneficiados por el estatus actual han decido ignorar las voces de los trabajadores de clase media que son contribuyentes cautivos. Debemos hacerlos corresponsables.

Proponemos un impuesto a los pocos que heredan enormes fortunas para beneficiar a los muchísimos condenados a vivir en pobreza y desigualdad por generaciones. Este impuesto no afectaría el patrimonio de nuestra pequeña clase media porque sólo sería cobrado a las grandes fortunas y con los años podría ser diseñado para que haya tasas mucho más altas para quienes heredan fortunas más grandes. Consideramos que el impuesto a la herencia es justo, no provoca graves distorsiones a la economía y va en el sentido correcto de políticas públicas que promuevan un México más igualitario, donde las oportunidades no se concentren en unos cuantos y las ventajas y oportunidades se puedan disfrutar por todos.

Por lo antes dicho, declaramos que quienes se opongan al impuesto a las herencias, quienes evadan impuestos en paraísos fiscales y quienes protejan a las millonarias riquezas que pagan muy pocos impuestos, serán nuestros adversarios políticos.