Publicado en Animal Político.

Por fortuna, y por desgracia, hemos conquistado numerosos de nuestros derechos en la lucha democrática. Algunos fueron conseguidos por esta generación, como el matrimonio igualitario y el derecho a decidir, y otros por generaciones precedentes, como el derecho al voto de la mujer. Sin embargo, también pueden ser cuestionados e incluso restringidos en espacios democráticos. En ese sentido, hemos sido afortunados de que muchos de estos derechos se encuentran protegidos por la condición laica del Estado y por la incorporación del principio de no discriminación en nuestra Constitución. No obstante, el Frente Nacional por la Familia ha surgido en reacción ante estos avances. Estamos ahora en el reto de defender nuestros derechos y el Estado laico ante las amenazas de estas organizaciones conservadoras en el mismo espacio donde los conseguimos: la democracia.

Paradójicamente, el sistema autoritario príista era una barrera ante la influencia de la Jerarquía Católica en los asuntos públicos, gracias a su respeto al Estado laico, pero no fue sino hasta el advenimiento de la democracia y de la independencia de nuestra Suprema Corte que se lograron ampliar derechos tan importantes como el matrimonio igualitario y la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, en esta época, cuando la Corte ya se había pronunciado, es problemático que un PRI impopular haya insertado estos temas a discusión sin visión estratégica. El Partido Acción Nacional, Partido Encuentro Social y el Frente Nacional por la Familia, constituido de numerosas organizaciones cristianas, pueden avanzar en una peligrosa agenda legislativa que ataca a la diversidad de las familias en México. Estamos ante el riesgo de que el PRI, en pos de tener tranquilidad electoral en el bajío y norte del país, abandone sus principios laicos, permitiendo que las iglesias cristianas impongan su visión sobre todos los ciudadanos del país, atacando así la separación de la Iglesia y el Estado.

Ante esta coyuntura, en Democracia Deliberada creemos que es tiempo de hacer una defensa estratégica y argumentada de por qué es necesario el Estado laico y los derechos que son protegidos por este. No basta con decir que son pilares de nuestra democracia. Es necesario que la sociedad mexicana sea consciente de las consecuencias desastrosas de permitir que la Jerarquía de la Iglesia pueda intervenir en asuntos del gobierno. Los derechos no sólo son valiosos porque son inherentes a nuestra condición humana, también son necesarios porque nos protegen de la violencia, la arbitrariedad y la humillación. Así mismo, debemos defender las virtudes sociales que surgen a partir de nuestros derechos. El matrimonio igualitario, la interrupción legal del embarazo, la educación científica y libre de prejuicios, y el reconocimiento a la identidad contribuyen a nuestra sociedad y al bienestar de millones de mexicanos.

En este sentido, de aprobarse la iniciativa que propone la Jerarquía de la Iglesia Católica por medio del Frente Nacional por la Familia se desconocerían los derechos de más del 60% de las familias que hay en México.  Eso, como argumenta Olivia Rubio, entre otras cosas, prohibiría a las personas solteras tener hijos, a las mujeres a divorciarse por tener una obligación criar sus hijos exclusivamente en un matrimonio y, como también propone la diputada Sylvana Beltrones, prohibir a las personas en general a tener reproducción asistida a menos que estén casadas entre hombre y mujer. El Frente Nacional podría llegar a decir que esto no sucedería, pero en varios países de América Latina existían estas restricciones. No es exagerado pensar que el Frente Nacional quiere aplicar el proyecto ideológico de la Jerarquía de la Iglesia Católica que se ha llevado a cabo en la región en México.

En cambio, el matrimonio igualitario tiene la virtud de permitir que los niños sin padres tengan acceso a familias que también están deseosas de recibirlos. El proceso estricto de adopción garantiza que padres amorosos y con ingreso suficiente protejan a un niño. No sólo es la protección de los niños cuando no tienen guardián, también son las consecuencias de largo plazo en sus vidas. Niños protegidos implica adultos sanos y capaces de aportar a la sociedad. Limitar los beneficios de la protección infantil, cuando se ha probado vastamente que las parejas del mismo sexo son igual de capaces para la crianza que una pareja de sexo distinto, es también una medida que afecta el desarrollo del país en su conjunto. Así mismo, gracias a este derecho, dos personas podrán compartirse acceso a la salud. Podremos prevenir miles de muertes por falta de acceso a la seguridad social y darle calidad de vida a miles de personas.

Al inventar un concepto llamado “ideología de género” y tergiversar los conocimientos científicos básicos sobre biología humana, el Frente Nacional por la Familia quiere prohibir en nuestras escuelas la educación para un ejercicio de la sexualidad responsable y para la planeación familiar. La educación y los beneficios de la ciencia son derechos porque nos permiten tomar mejores decisiones. Negarles educación científica y sin dogmas a nuestros jóvenes tiene graves consecuencias. Si el Frente Nacional triunfa, es probable que nuevamente aumente el embarazo adolescente, que se limite a las mujeres de nuestro país de tomar decisiones sobre sus cuerpos y que se enseñe a los hombres que no hay consecuencias de tener sexo sin protección. Aún más, el Frente Nacional contribuiría a que aumente el número de enfermedades de transmisión sexual, causando no sólo pena en quienes las porten, también costos elevados en el sistema de salud.

La educación sexual científica y libre de dogmas, lejana a las mentiras del Frente Nacional, no sólo garantiza que las mujeres puedan planear cuántos hijos tener y de qué manera, también permite limitar la violencia contra las mujeres: si los hombres de este país están conscientes de que el ejercicio de la sexualidad es planeado, debe ser seguro y con consentimiento, podremos evitar numerosos casos de violencia contra las mujeres, tales como violación, lesiones o feminicidios. En cambio, el Frente Nacional quiere educar a los niños varones de nuestro país para el machismo.

Oculto en el discurso de la “ideología de género”, el Frente Nacional busca allanar el terreno para oponerse a los reclamos de las poblaciones transgénero y transexuales por acceso a seguridad social y por el reconocimiento a su derecho a la identidad, por medio del cambio de nombre y género que deseen en sus documentos oficiales. Es básico para todos los seres humanos tener salud y tener identidad, y la Jerarquía de la Iglesia Católica, al ridiculizar que una persona pueda elegir su identidad sexual, no sólo los discrimina, también crea un ambiente de linchamiento y violencia para todo aquella persona que en la búsqueda de ser, vivir, estudiar y trabajar con el género que quiere le sea reconocido. Prueba de esta desprotección es que en menos de un mes hayan ocurrido once transfeminicidios y que una mujer trans haya sido atacada brutalmente. Estos crímenes no deben quedar impunes.

El reconocimiento a la identidad de las personas transexuales y transgénero ayudará a cerrar el ambiente de violencia en el que viven y también les dejará tener acceso a la salud, la educación y al trabajo sin discriminación. Todas las personas transexuales y transgénero deben ser parte integra de la sociedad y de la economía. Darles acceso a sus derechos mediante la identidad y la no discriminación puede aumentar laexpectativa de vida de estas poblaciones que, en promedio, ronda los 35 años de edad. En cambio, lo que el Frente Nacional quiere es la muerte prematura de miles de personas valiosas de nuestro país.

A esto sumemos los triunfos que obtuvo la Jerarquía de la Iglesia Católica por medio del PAN y el PRI en diversas entidades sobre la penalización al acceso al aborto. Al hacer esto, ambos partidos autorizaron que los gobiernos encarcelaran a mujeres que intentaron interrumpir su embarazo, incluidas aquellas que podían tener embarazos de alto riesgo o que vivieron una violación. Por eso, es inaceptable que la Jerarquía de la Iglesia y estos partidos quieran llenar nuestras cárceles de mujeres.

Vale la pena reiterar los argumentos con los cuales las mujeres conquistaron su derecho a la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. No sólo trata de su derecho a decidir sobre sus cuerpos, no sólo es para evitar un castigo desproporcionado e injusto, también tiene consecuencias importantes en salud pública.Cuando las autoridades públicas no ofrecen una opción accesible y segura para el aborto, miles de mujeres de escasos recursos se verán en la necesidad de recurrir a servicios privados y clandestinos de mala calidad, en los cuales sus vidas están en riesgo. Esto también es una lucha por el derecho a la salud de todas las mujeres de nuestro país, en especial de las más desprotegidas.

No queremos dejar pasar dos signos sumamente preocupantes de las actividades del Frente Nacional por la Familia. En su marcha del 24 de septiembre en la Ciudad de México se hicieron presentes miembros declarados de organizaciones fascistas y racistas. Ni los asistentes ni los organizadores de la marcha condenaron la asistenta de estas personas. Es indignante que un movimiento de esta naturaleza sea incapaz de condenar la infiltración de personas con estas ideas deleznables en sus iniciativas.

Igualmente, se nos hace condenable que una organización dedicada a la defender la familia omita de su agenda temas cruciales para las familias de México, como la licencia de paternidad, el aumento del salario mínimo, la extensión del acceso a la salud y la educación públicas, o los horarios de trabajo alienantes. Este Frente ha sido incapaz de reconocer a las otras familias, a las de los desaparecidos y víctimas de la violencia en todo el país. Su falta de solidaridad con el resto de las familias en México exhibe de cuerpo completo su verdadero interés, atacar derechos.

Por estas razones, en Democracia Deliberada llamamos a todos aquellos quienes buscan defender la laicidad del Estado mexicano y los derechos conquistados hasta ahora para las mujeres, las familias (así en plural) y las personas LGBTTTIQ, nos unamos en una defensa de las razones prácticas por las cuales estos derechos universales nos benefician como sociedad. Defender estos derechos es defender el Estado laico y la defensa del Estado laico es defender nuestros derechos. Igualmente, creemos que la izquierda partidista no debe, ni abstenerse de pronunciarse sobre este tema, ni negar estos derechos o pedir que sean sometidos a consulta pública.

Por lo antes dicho, declaramos que aquellos que quieran limitar o eliminar al Estado laico; quienes quieran la prohibición del matrimonio igualitario y con ello restringir el derecho de los niños a padres amorosos; quienes quieran la modificación de los contenidos de libros de texto para que tengan mensajes religiosos, seudocientíficos y dogmáticos, y con ello limitar el derecho a la salud, a la educación, a los beneficios de la ciencia y a una vida libre de violencia; quienes quieran limitar a las parejas heterosexuales la posibilidad de la reproducción asistida; quienes quieran negar a las parejas del mismo sexo el acceso a seguridad social; quienes quieran limitar el derecho de las mujeres al acceso seguro a la salud por medio de la interrupción legal del embarazo; quienes quieran negar el derecho al reconocimiento de la identidad a las personas transexuales y transgénero; quienes quieran someter a consulta o mantener el silencio sobre nuestros derechos, serán nuestros adversarios políticos.