#Gasolinazo: esto hubiéramos hecho

Las condiciones actuales de la economía mexicana no nos permiten lidiar con todas las consecuencias derivadas de políticas públicas mal diseñadas y/o enfocadas para beneficiar a unos cuantos. Esto ha quedado demostrado con la discusión respecto al alza de las gasolinas y muchos de los temas a su alrededor: la vulnerabilidad de las finanzas públicas, un Estado débil sin suficientes recursos fiscales para la provisión efectiva de bienes y servicios públicos, mercados de bienes de consumo básico altamente concentrados, elevados niveles de contaminación y otras consecuencias negativas del uso de combustibles fósiles, así como  terribles deficiencias de infraestructura –particularmente en transporte público–  que hemos arrastrado por años. Todo esto como resultado de un manejo equivocado e irresponsable de la política económica, energética y de planeación urbana en el país.

Como ejemplo de las consecuencias provocadas por decisiones equivocadas en las últimas décadas, tenemos que México ha pasado de ser del octavo al cuarto lugar en el consumo per cápita de gasolina en el mundo, al mismo tiempo que pasó de ser el sexto productor mundial a estar mucho más abajo del décimo lugar. Estas trayectorias, opuestas en las direcciones reales entre la oferta y demanda de combustible en nuestro país, reflejan negligencia por parte del Gobierno Federal. El crecimiento acelerado de la demanda de gasolina se debe a un crecimiento similar en el parque vehicular, producto de una falta de planeación urbana y una insuficiente infraestructura de transporte público. Mientras tanto, por años, el Gobierno y el Congreso han impulsado una crónica desinversión en las capacidades de refinación de Pemex, desmantelando poco a poco la empresa. Ejemplo de ello es que la última refinería que se construyó data de 1980 y su mantenimiento ha sido relegado. Igualmente, hace unos años la petrolera tenía una capacidad instalada para producir más de 1.6 millones de barriles diarios, mientras hoy produce poco menos de 400 mil barriles diarios; lo anterior representa tan solo entre el 36 y el 40 por ciento del combustible que empleamos –el resto es importado.

El actual alza de precios en la gasolina se debe, en buena medida, a la combinación de tres factores: la fuerte depreciación del peso dado que cada vez importamos más combustibles, el aumento en el precio internacional del petróleo y los enormes costos logísticos asociados a su distribución. Esto último es consecuencia directa de no haber desarrollado en el pasado la infraestructura para el transporte y almacenamiento de combustibles que una economía como la nuestra requiere.  

Durante las dos administraciones del PAN y el inicio de la actual administración del PRI, México contó con recursos petroleros extraordinarios: más de 400 mil millones de dólares de excedentes. Toda esa riqueza petrolera no se transformó en una modernización de nuestras refinerías, ni en mejor transporte público con mayor planeación urbana, ni en una transición energética que redujera la dependencia en los combustibles fósiles; tampoco fue parte de un fondo que permitiera costear las necesidades de inversión pública en momentos difíciles como los de hoy. Toda esa riqueza petrolera fue desperdiciada, pues se utilizó en diversas formas de gasto improductivo, haciéndonos heredar serios problemas en las finanzas públicas.

Ante todo lo anterior, es difícil pensar que existe una forma efectiva de disminuir el costo de las gasolinas en el corto plazo –además, habría que preguntarnos si es deseable o no por su impacto en el medio ambiente, el cambio climático y la salud de las personas–. En este contexto, es irónico que lo primero que se pretenda sea reducir su precio mediante la liberalización del mercado, obviando el hecho que no hay suficiente infraestructura de distribución para que exista competencia y el precio efectivamente baje.

Por el contrario, lo primero que se debe abordar es la concentración de mercados, pues mientras persista un sistema donde unos pocos tienen capacidad para fijar precios y trasladar los costos de distribución de los combustibles al consumidor, la liberalización expondrá a los más vulnerables a precios más altos en una amplia gama de productos. Las consecuencias de no hacerlo son significativas; en un país como México, con millones de personas bajo la línea de pobreza y otros millones en condición de vulnerabilidad, una repentina alza de precios en productos de consumo básicos puede terminar por empujarlos de la pobreza a la pobreza alimentaria o de la vulnerabilidad a la pobreza.

Por otra parte, cabe aclarar que la alteración del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas tampoco es una medida adecuada en el corto plazo. El impuesto no solo no es responsable por el alza en precios en esta ocasión, sino que su uso ha llegado a solventar hasta 53% de las pérdidas en los ingresos públicos tras la caída de los precios del petróleo. Ante esta gasolinización de las finanzas públicas, queda claro que la reducción del IEPS causaría aún más inestabilidad en el gasto nacional; esta vulnerabilidad evidencia, una vez más, los profundos defectos en las decisiones que han conducido la economía del país durante los últimos 15 años.

Por ello en Democracia Deliberada, esto hubiéramos hecho:

Reducir la demanda de gasolina, mediante el financiamiento y subsidio al transporte público masivo y el fomento a una mejor eficiencia energética de los automóviles nuevos.

Lo primero es posible mediante la utilización de la parte del IEPS correspondiente al impuesto por dióxido de carbono a la gasolina y diesel, cuyo monto recaudado en 2015 fue de aproximadamente de 7,700 millones de pesos. Solo como ejemplos: con estos niveles de recaudación anuales se podría continuar financiando la extensión de la línea 4 y A del metro de la Ciudad de México y terminar de fondear la construcción de la línea 3 del metro de Monterrey, ambas frenadas por los recortes presupuestales. Asimismo, esto tendría que financiar prioritariamente la integración del pago por transporte público en todo el país mediante un mecanismo único (tarjeta inteligente) que facilite el otorgamiento de subsidios focalizados a quienes más utilizan el transporte público.

Lo segundo se puede lograr al establecer una nueva meta de eficiencia energética para autos nuevos de 21 kilómetros por litro hacia 2020, superior a la adoptada por EUA y similar a la de China, aprovechando que este año se deben plantear los nuevos objetivos de la Norma de Eficiencia Vehicular 163. Esto debe venir acompañado de la publicación inmediata de una norma de eficiencia para vehículos de carga (NOM 044), y además asegurar que se mantiene, por tiempo indefinido, la prohibición de entrada a México de autos usados, debido a que incrementarían rápidamente la motorización del país, siendo por lo regular más contaminantes e ineficientes.

Reducir los impactos inflacionarios del gasolinazo, con la implementación de una transferencia a los más afectados; ésta puede ser establecida mediante un seguro de desempleo, o bien, siguiendo la ruta de países que sustituyeron los subsidios energéticos por transferencias en efectivo universal (como por ejemplo se hizo en Irán). De igual forma, puede ser financiada mediante la suma de todos los ahorros enunciados por la administración pública como respuesta al gasolinazo y con la eliminación de los privilegios fiscales a las grandes compañías, las cuales han recibido miles de millones de pesos en devoluciones por parte de la administración de Peña Nieto. Asimismo, se debe combatir a los monopolios y oligopolios que también son responsables por la apreciación de bienes de consumo básicos.

Reducir la dependencia sobre las importaciones de gasolina, mediante la inversión en nuevas plantas y la reconversión de las refinerías existentes. Esto se puede financiar cambiando el régimen fiscal a PEMEX, para que los impuestos que se le cargan no sean tan altos y tenga posibilidades de reinvertir en la producción nacional.

Recaudar progresivamente, combatiendo el secreto fiscal en condonaciones y créditos fiscales que privilegian a unos cuantos. Es cierto que el escenario no es sencillo; sin embargo, no es menos cierto que desde el Gobierno Federal se han emprendido acciones fiscales que han terminado por privilegiar a los más ricos por encima de los más desaventajados. La política tributaria guarda una estrecha relación con el combate a la desigualdad. Al respecto, FUNDAR reveló en su estudio Privilegios fiscales que la discrecionalidad que opera al momento de cobrar impuestos es una constante nociva: tan sólo en 2015, a 15 empresas se les canceló un monto superior a los 15 mil millones de pesos, más del doble de lo que se recaudó por impuesto de dióxido de carbono a los combustibles. Al final del día, esta práctica fomenta el incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de quienes de por sí, no pagan sus impuestos correspondientes. Es decir, si de distribuir y compartir los costos se trata, el reparto es por demás injusto. Combatir el secreto fiscal en condonaciones y créditos fiscales sería un primer paso para recaudar y con ello financiar las medidas aquí expuestas, así como otras más.

En el complejo momento que atravesamos, hay quienes realizan propuestas irresponsables, como la idea del PAN de desaparecer la única secretaría enfocada a planeación urbana o realizar más recortes para disminuir la inversión pública y la capacidad del Estado. También, diferentes políticos de todos los partidos han planteado la eliminación de un impuesto que, si al menos en el corto plazo, da sostenibilidad a las finanzas públicas. Finalmente, otras posturas igual de irresponsables desde el PRI, obvian tanto los efectos sociales del gasolinazo, consecuencia de la inflación; como los efectos indirectos de implementar una liberalización de la gasolina en un mercado concentrado, lo cual dañaría aún más los ingresos de las ciudadanas y ciudadanos. Por ello y dado el panorama a futuro, quienes promuevan políticas irresponsables para la población serán nuestros adversarios políticos.

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