Desmilitaricemos México

Publicado en Animal Político.

Han pasado ya diez años de la estrategia militar para combatir el crimen organizado en México y las cuentas que se nos entregan los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hablan de un rotundo fracaso. Desde 2007 ha habido más de 180 mil homicidios en nuestro país. Pasamos de ser un país que en 2006 tenía 9 homicidios por cada 100 mil habitantes a un país que en 2015 tuvo 17 homicidios por cada 100 mil habitantes, 30 mil personas desaparecidas, más de 250 mil personas desplazadas por la violencia y 1 billón de pesos gastados (que equivale a 100 mil millones de pesos al año durante los últimos 10 años). Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido 123 recomendaciones y 10 mil 89 quejas en contra de la actuación militar. Esto implica que ni la decapitación de organizaciones criminales, ni los operativos conjuntos militares, ni el incremento del presupuesto militar y policial, han tenido los efectos deseados. Una estrategia exitosa hubiera tenido como consecuencia traernos paz como prometió Felipe Calderón, incluido el fin de la necesidad de mantener un despliegue cotidiano de las instituciones militares.

Incluso, el General Secretario de la Defensa Nacional ha reconocido que la guerra es un error. Sin embargo, el mismo General Cienfuegos parece dispuesto a continuarla al decirle a los legisladores que retiraría al Ejército a los cuarteles a menos que no se apruebe una ley que regule sus actividades en seguridad pública. Y los legisladores del PAN, el PRI y el PRD, en lugar de reconocer el fracaso de la estrategia militar y abrir una discusión pública para planear un cambio de estrategia, insisten en el mismo error con la próxima aprobación de una Ley de Seguridad Interior que legaliza la presencia perpetua de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. En Democracia Deliberada nos parece que tanto la amenaza del General Cienfuegos como las iniciativas de Ley de Seguridad Interior ponen en riesgo a las instituciones democráticas de nuestro país.

Como se ha documentado, los proyectos de Ley de Seguridad Interior presentados hasta ahora no regulan nada que no haya hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus jurisprudencias. En realidad, son una forma velada de decretar un estado de excepción, dado que el congreso no intervendrá en las decisiones de comités de seguridad interior que proponen; así mismo, las iniciativas permiten que el presidente pueda imponer a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina por sobre todas las instancias civiles del país. Igualmente, estas amplían las facultades de las mismas secretarías a tareas de salubridad general, protección civil y seguridad pública que no les corresponden. En suma, estas leyes no resuelven lo que dicen resolver y ponen en riesgo nuestra democracia al otorgar poderes extraordinarios al presidente, al Ejército y la Marina.

Aun así, entendemos que no podemos volver atrás. Que las condiciones del país no son las condiciones de hace diez años. Sin embargo, creemos que no podemos mantener la misma estrategia de seguridad pública si queremos tener resultados distintos. Los riesgos que hemos descrito en las iniciativas de ley de “seguridad interior” así nos lo exigen.  Por lo tanto, nos parece que la forma correcta para cambiar de estrategia y proteger tanto a las instituciones democráticas como a las instituciones militares es con una auténtica ley que establezca la salida paulatina del Ejército y la Marina de las tareas de seguridad pública. Esto quiere decir: dejar de usar a las instituciones militares como un parche frente al problema más serio que es la incapacidad de los distintos gobiernos para construir fuerzas de seguridad pública civiles.

Una ley para la desmilitarización obligaría a todas las autoridades del país a planear de forma inteligente la salida del Ejército de las calles y su sustitución por fuerzas policiales, en un tiempo razonable, con rendición de cuentas y con estrategias públicas. Con esto se abriría un espacio urgente para retomar otras soluciones a los problemas de seguridad pública. Entre estas soluciones, que han sido consideradas pero no se les ha dado seguimiento y evaluación sistemáticas, están: el crecimiento de la Policía Federal y su infraestructura para que tenga despliegue territorial permanente en todo el país; la creación de un servicio profesional policial que de seguridad laboral a todos los agentes del país; la despenalización del consumo y producción de distintas drogas hoy ilegales; el desarrollo de estrategias de reducción de la violencia con métodos no punitivos y la creación de programas de desarrollo regionalizados en zonas con mayor criminalidad.

Al igual que con la reforma del sistema de justicia penal, es necesaria una ley que permita una planeación pública que obligue a las autoridades del país a dar resultados en un esquema en el que todos estemos de acuerdo, esto con el propósito de establecer un ambiente de exigencia y monitoreo constante de las políticas de seguridad y prevención. La creación de esta ley no sólo reconocería que la “guerra contra las drogas” ha fracasado, también sería un esfuerzo sistemático para construir una serie de estrategias de seguridad alternativas para salir de la ola de violencia y crimen que azota el país. Al igual que con el pasado esfuerzo del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, abrir un debate sobre la estrategia militar es una oportunidad inmejorable para reconocer a todos los afectados de este innecesario conflicto y dar esperanza a todos los que son afectados por el crimen y la violencia.

Por lo antes dicho, convocamos a todos los interesados en resolver de manera definitiva la situación de inseguridad y violencia, a construir esta iniciativa de ley para la desmilitarización del país para que sea retomada por el Congreso de la Unión. La obligación de los congresistas y autoridades es procurar justicia y seguridad ciudadana, no proteger a las fuerzas militares ante posibles violaciones de derechos humanos. Por ello, aquellos que se opongan a la desmilitarización del país serán nuestros adversarios políticos.

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