Publicado en Animal Político.

En México no hay justicia. En cada ocasión que un ciudadano pisa la oficina del ministerio público o un juzgado, se confirma una terrible realidad: el resultado del proceso que enfrentará dependerá casi todo el tiempo de la capacidad que tenga para corromper a los operadores del sistema. En cambio, algunos privilegiados tendrán beneficios de las leyes porque tienen los recursos para ello. Mientras, otros sufrirán de torturas, vejaciones y acusaciones sumarias porque no tuvieron la capacidad de probar que son inocentes. Es otra forma de desigualdad, la de no tener la oportunidad de ser juzgado de manera transparente y apropiada. Una forma de desigualdad en el acceso a la justicia.

Por estas razones, desde hace años, se han llevado a cabo una serie de reformas al sistema de justicia en materia penal, derechos humanos y anticorrupción. Sin embargo, estas no pueden funcionar si no hay una Fiscalía General de la República autónoma. El actual intento de nombrar un Fiscal a modo es parte de los intentos de contrarreforma contra estos cambios necesarios.

En Democracia Deliberada vemos con preocupación la posibilidad que Raúl Cervantes, el actual Procurador General de la República, se transforme en Fiscal General por nueve años. Como lo han apuntado diversas organizaciones de la sociedad civil, Cervantes no cumple con el perfil adecuado para ser Fiscal General. No obstante, diversos legisladores y actores políticos han defendido su nombramiento. Y, aunque estos personajes defienden lo defienden como un asunto legal, en realidad es profundamente ético y político por sus consecuencias en materia de abuso del poder y ventajas para sectores privilegiados. Por eso, a continuación, revisamos sus argumentos y sostenemos por qué sería dañino para la justicia en México que Cervantes sea el nuevo Fiscal General.

“Me parece una torpeza que ya todo lo que se está decidiendo, sea en función de que nadie de los posibles candidatos a los distintos cargos sean ajenos a partidos políticos. Si todos los servidores públicos hemos pertenecido, en uno u otro momento, a partidos políticos, no nos podemos autodescalificar. Por lo pronto, no estoy de acuerdo con eso, y sobre lo del pase automático, mantengo reservas sobre ese tema”.

Para el senador Lozano, la militancia en el PRI de Raúl Cervantes no es un problema para que sea Fiscal General. Sin embargo, la militancia de Cervantes en dicho partido constituye un conflicto de interés en la investigación del caso Odebrecht, entre muchos otros. En el mencionado caso,  se acusó a Emilio Lozoya, entonces vicecoordinador de asuntos internacionales de la campaña presidencial del PRI en 2012, de recibir sobornos de la empresa brasileña que ha causado escándalos de corrupción en toda América Latina. En el momento de los sobornos a Lozoya, Cervantes fungía como abogado nacional del PRI, como se confirma en su semblanza pública. Por eso, senador Lozano, sí, los militantes de los partidos políticos deberían autodescalificarse de ser fiscales porque tienen conflictos de interés en casos de corrupción y, en particular, corrupción durante campañas electorales.

Por su parte, Enrique Ochoa Reza, dirigente del PRI, dijo:

“Estamos de acuerdo en que la Fiscalía General de la Nación tenga puntuales características de autonomía, de eficiencia, de calidad siguiendo las mejores prácticas internacionales, así está el diseño constitucional e institucional de la Fiscalía, consideramos puntualmente que la persona que reúne las características para llevar a cabo esa transformación de Procuraduría a Fiscalía General es el doctor Raúl Cervantes, por su trayectoria, por los resultados, porque es un jurista reconocido a nivel nacional y que en ese sentido contará con todo nuestro apoyo”.

Sin embargo, no sólo el procurador Cervantes no es autónomo por su militancia política y relaciones personales, sus acciones ante el caso Ayotzinapa demuestran que ni ha sido un procurador eficiente o que siga las mejores prácticas internacionales. El procurador no ha cumplido con los avances de investigación que acordó con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y no ha cumplido con las recomendaciones que ha sugerido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, señor Ochoa Reza, no, el señor Cervantes no tiene esas características puntuales.

Finalmente, el senador Pablo Escudero del Partido Verde mencionó que:

“El doctor Cervantes es un abogado exitoso, de mucho prestigio; es doctor en Derecho con mención honorífica, tiene especialidades en derecho penal, en amparo, en derecho financiero, derecho comercial, derecho bancario; fue profesor investigador del ITAM de tiempo completo, es un perfil que sin duda podría ocupar esto, habría que preguntarle a él si quiere”.

Senador Escudero, le informamos que Cervantes no fue profesor investigador del ITAM, sino profesor de asignatura de esa institución de 2003 a 2005 como obra en el oficio que envió el presidente Peña Nieto al Senado cuando lo propuso procurador. Quizás fue un error de apreciación, y no dudamos de las credenciales del procurador, sin embargo, creemos que debería ser Fiscal General alguien con una trayectoria sin militancia partidista. Incluso, es extraño que diga esto el senador Escudero porque hasta ahora el Senado no ha designado a un Fiscal Anticorrupción de los perfiles capacitados que propuso el comité consultivo que ellos mismos aprobaron. Aún más, no creemos que Cervantes deba ser fiscal porque no cumple con la condición de “gozar de buena reputación” que se especifica en el artículo 102 de la Constitución porque, como ya es conocido, el señor Cervantes evadió el pago de impuestos de un ferrari al registrarlo en una casa de interés social en Morelos. Por eso mismo, senador Escudero, Cervantes no es un perfil que sin duda podría ocupar el puesto.

En ese sentido, por su militancia, su reputación, sus antecedentes y su desempeño queda claro que Raúl Cervantes no debe ser Fiscal General de la República y que debe abrirse un nuevo proceso para nombrar una #FiscalíaQueSirva con el objetivo de hacer de la justicia un derecho para todas y todos. En particular, suscribimos la propuesta del presidente Peña Nieto de modificar el pase automático y que se haga vigente el procedimiento que menciona actualmente la Constitución, sin embargo, se debe eliminar la posibilidad de que Cervantes pueda participar en el proceso de nombramiento del nuevo Fiscal General. Esta designación definirá el funcionamiento de la justicia en México por muchos años, por lo cual esta decisión, más que jurídica, es ética y política.

Por lo antes dicho, quienes defiendan el nombramiento de un Fiscal General de la República que no cumpla el perfil de independencia, honorabilidad y experiencia que requiere el cargo, serán nuestros adversarios políticos.