Publicado en Animal Político.

En Democracia Deliberada lamentamos la enorme tragedia que ha padecido el país después de los sismos del 7 y el 19 de septiembre. En particular, la pérdida de 369 vidas en Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y, en su mayoría, Ciudad de México. Igualmente, compartimos el dolor de cientos de personas que resultaron heridas y que han perdido su patrimonio. Compartimos el dolor de este desastre y nos solidarizamos con los damnificados y los deudos.

Sin embargo, este desastre no es producto simplemente de un fenómeno natural. Éstos son consecuencia de la forma en que las sociedades se organizan en el espacio geográfico y de cómo los gobiernos planean el desarrollo y previenen los riesgos. El #19s y la actuación de las autoridades pusieron en evidencia un gobierno poco preparado, indolente y hasta cómplice en Ciudad de México.

El gobierno de Ciudad de México contribuyó al desastre al carecer de políticas activas de prevención (como reforzamiento de edificios); al no desarrollar investigación científica para actualizar la normatividad; al no vigilar la correcta aplicación del reglamento de construcción; al permitir ilegalidades (construcciones, antenas o espectaculares) que asesinaron a muchos; al ser parte de la corrupción en el sector inmobiliario y al carecer de protocolos de reacción ante la emergencia, responsabilidad que en muchos casos tuvo que asumir la misma ciudadanía para garantizar la seguridad colectiva.

Muestra de la incapacidad del Gobierno de la ciudad es que no pudo garantizar la seguridad de sus propios inmuebles y con ello la seguridad de los servidores públicos y de la ciudadanía que los utilizan, sitios en donde se resguarda información crucial ante un desastre como el sismo, tal y como sucedió con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuyo edificio sede resultó con daños graves. Esta situación puso en riesgo la vida de los usuarios y dañó sus equipos informáticos e impidió durante días poder consultar en línea información sobre los usos de suelo autorizados, los anuncios espectaculares y los Directores Responsables de Obra, información básica para dirimir responsabilidades o para poder conocer quién puede o no dictaminar edificios dañados.

Con las labores de rescate concluidas es necesario prepararse en caso de que eventos similares ocurran en el futuro y asistir a todos aquellos afectados por el #19s. El gobierno de Ciudad de México propuso como primera respuesta la “Ley para el Programa para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México”, para utilizar los aproximadamente 9 mil quinientos millones de pesos con los que cuenta para responder ante un desastre natural.

De dicha propuesta se debe resaltar que permitirá la demolición expedita de hasta mil edificios en la ciudad de forma obligatoria. Es preocupante la premura con que quiere actuar el gobierno por demoler los edificios, que sólo se justifica en casos extremos. Es claro que los que más riesgo representan para la población tienen que ser demolidos pronto, pero el resto no necesariamente. Al menos hay dos motivos para ello. Por un lado, se requiere asegurar que sean irreparables, algo que necesita de un análisis detallado. Por otro lado, se necesita aprender de las edificaciones dañadas, estudiar el porqué se dañaron, qué problemas técnicos tenían, y qué tipo de mantenimiento y permisos hubieran evitado los daños, de tal forma que se modifique la legislación con base en esta experiencia. Demolerlos sin investigar es no sólo dejar que se pierdan las lecciones del sismo, es borrar las responsabilidades de quienes pudieran ser responsables directa o indirectamente de los daños ocurridos en estas construcciones y las afectaciones a la población y sus bienes.

A esto se suma que, según la propuesta de ley, las demoliciones tendrán que ser evaluadas por una comisión cuyo titular será designado directamente por el Jefe de Gobierno y que, aunque contará con un consejo consultivo, no contará con la participación de la sociedad civil, lo cual abre sospechas de un posible manejo opaco y discrecional de las demoliciones en perjuicio del bien público.

De igual forma, consideramos que esta propuesta de ley podría servir como un medio para legalizar las irregularidades de uso de suelo de las edificaciones afectadas. Incluso, en el proceso de reconstrucción de la vivienda, la propuesta de ley facilita que haya mayor potencial constructivo (más altura y más densidad). Aunque sea necesario regularizar y facilitar algunos procesos de construcción, este mecanismo no debería legalizar posibles violaciones que pudieron haber ocurrido en los procesos originales de construcción ni debería servir para evadir las regulaciones de planeación de construcciones y riesgos.

Sin un programa de desarrollo urbano que contemple la información del Atlas de Riesgos de Ciudad de México, el cual sigue sin ser público, la reconstrucción de vivienda de mayor altura en zonas dañadas podría tener resultados contraproducentes para el desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, que no haya suficientes servicios públicos para absorber la mayor densidad poblacional e incluso que haya nuevamente riesgos de construcción. Por eso, un programa de desarrollo urbano y un atlas con metodología y datos abiertos, permitirían a la sociedad civil juzgar la funcionalidad de las nuevas construcciones.

La iniciativa de ley no deja claro quién realizará los proyectos de reconstrucción de vivienda y, en algunos casos, podría permitir que los fondos de reconstrucción sean asignados de forma directa. Este mecanismo no permitirá revisar que haya mejores proyectos de reconstrucción y dejaría expuestos a los damnificados cuando estos tengan que negociar con las empresas inmobiliarias encargadas de la reconstrucción, las cuales podrán cometer abusos contra ellos para obtener ventajas indebidas.

Igualmente, es preocupante que el gobierno de la ciudad proponga créditos “blandos” para quienes han perdido todo su patrimonio, porque claramente no serían suficientes. Aún menos justificado está que el gobierno pretenda vender terrenos de Ciudad de México para atender el desastre, cuando se cuenta con un fondo anual para solventar los temas de vivienda. Esto puede llevar a un proceso de privatización de los bienes públicos, so pretexto de una supuesta falta de recursos y de emergencia.

Finalmente, la iniciativa de ley deja abierta la posibilidad de utilizar los fondos públicos y privados mediante un fideicomiso, instrumento que en muchas ocasiones ha demostrado ser perfecto para evadir la rendición de cuentas. Por el contrario, consideramos necesario crear un mecanismo transparente y eficiente para el ejercicio de los recursos de la Ciudad.

En Democracia Deliberada creemos que en lugar de dejar todo el proceso de reconstrucción a manos del sector privado, este es el momento que se requiere para reconstruir al gobierno de Ciudad de México como un actor que mitigue las desigualdades y permita la pronta recuperación de todos los afectados por el #19s. El gobierno de Ciudad de México debe emprender un programa de reconstrucción con participación ciudadana, en especial de los damnificados, que sea transparente y enfocado a mantener las comunidades y evitar la amplificación de desigualdades mediante su desplazamiento.

Si bien en algunos procesos y fases se requiere la participación del sector privado para la reconstrucción, nos oponemos a los arreglos privados desiguales. Los fondos de reconstrucción deben ser ejercidos mediante concursos públicos y otorgados a las empresas constructoras que ofrezcan los mejores costos y mayor seguridad. Deben ser concursos públicos acompañados de una planeación participativa y deliberativa. Esto puede ser el inicio de una nueva política de vivienda asequible, que tanto requiere la ciudad.

Por los motivos anteriores nos oponemos a la aprobación exprés de la Ley de Reconstrucción, sin una discusión detallada de sus implicaciones y sin una planeación urbana adecuada. Nos oponemos a una ley que puede cobijar la impunidad y el mantenimiento de la situación actual, en la que el gobierno de la ciudad se encuentra capturado por algunos desarrolladores inmobiliarios.

Por lo antes dicho, aquellos que lucran económicamente con la desgracia de la población, que deseen mantener las redes de complicidad entre inmobiliarias y gobierno, y que busquen mantener al gobierno como un agente opaco, débil y sometido a intereses privados, serán nuestros adversarios políticos.