Hacemos una condena enérgica y en los más enfáticos términos al uso que el gobierno federal le está dando a las instituciones del Estado para intervenir en la contienda electoral. El uso faccioso de la impartición de justicia es el más nítido ejemplo de las prácticas que -sin reparo- pueden llamarse autoritarias. Es importante hacer un llamado a todos los sectores de la sociedad a impedir que el grupo en el poder siga usando las instituciones del Estado, que nos pertenecen a todos, como sus instituciones.

No podemos, sin embargo, dejar de hacer notar que tanto el candidato de derecha como el Partido Acción Nacional son sujetos de las mismas prácticas que en el pasado innovaron. Recordemos que al consumarse el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador en 2005, el presidente panista Vicente Fox dijo: “Hoy México da un ejemplo al mundo de legalidad”, y Santiago Creel, desde la Secretaría de Gobernación, leyó un comunicado a los mexicanos: “permitamos todos que la ley siga su curso”, sólo para recular días más tarde al quedar claro que incurrían en un abuso de poder. Las mismas voces que caricaturizaron la denuncia que en su momento hizo AMLO sobre el uso de sus instituciones para perseguir políticamente a oponentes, ahora se escandalizan por la actuación de la PGR.

En mayo de 2009, durante el proceso electoral, la Policía Federal bajo el mando del expresidente panista Felipe Calderón detuvo a once alcaldes de oposición en funciones por presunta vinculación con el crimen organizado, solamente para liberarlos tras las elecciones ante la imposibilidad de imputarles cargos. En el contexto de la regulación de las campañas electorales, Anaya, como legislador, dijo: “si se hace un señalamiento con las pruebas en la mano de cosas que son ciertas, pues aunque incomode al candidato, los ciudadanos tienen derecho a saberla”.

Quienes ahora exigen solidaridad con Ricardo Anaya, convenientemente han callado sobre sus rasgos autoritarios. Quienes lo seleccionaron deben hacerse responsables de su decisión pues hasta este momento electoral, podemos conocer los detalles de su reputación. El futuro de Ricardo Anaya debe decidirse en las urnas, de perder, debe ser por su trayectoria como candidato y como dirigente del PAN, más no por la intervención facciosa del gobierno en turno.

Mientras estuvieron en el poder, usaron esas instituciones para su beneficio y callaron. Hoy que las usan en su contra, exigen. Tomamos nota de su selectividad, pero no podemos dejar de coincidir en lo obvio: rechazamos el uso faccioso de las instituciones para perseguir políticamente a oponentes. Y lo hacemos porque el episodio de la PGR no hace sino dar la razón a quienes lo denunciaron desde hace lustros en la izquierda, a quienes han padecido la criminalización de la protesta, a quienes han sido encarcelados o asesinados por sus opiniones políticas y su resistencia ante las imposiciones de megaproyectos o Presidentes de la República.

En DD tenemos diferencias sustantivas con el candidato Anaya pero consideramos que en una democracia debe ser la deliberación pública, el voto libre, y no el uso faccioso de la ley, lo que debe privar para sopesar a las alternativas en contienda. Todos aquellos que hagan uso faccioso de la justicia y las instituciones serán nuestros adversarios políticos.

Esto es ser oposición en nuestro país.

Bienvenidos a esta lucha.