Publicado en Animal Político.

Ante la indiscutible importancia de la crisis de violencia, inseguridad y violaciones de derechos humanos que vive el país, y ante el fracaso de las políticas de seguridad represivas, es más relevante que nunca discutir nuevas estrategias en la coyuntura electoral. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar. No deben pasar seis años más bajo el mismo paradigma de seguridad fallido. En ese sentido, Andrés Manuel López Obrador ha hecho una propuesta fuera del esquema convencional de la guerra frontal: explorar todas las posibilidades para construir la paz, incluida la amnistía a ciertos criminales, previa consulta con las víctimas de la violencia.

Esta propuesta ha sido tratada de manera irresponsable por medios de comunicación, políticos y activistas, con imprecisiones e incluso con llanas mentiras. En algunos casos, se ha argumentado que López Obrador está perdonando sin proceso penal a cualquiera, y que ese perdón iría desde el líder de una organización criminal hasta a un político corrupto. En otros casos, se ha argumentado que es un perdón con olvido. Y en muchas ocasiones más, periodistas han tergiversado el sentido de la propuesta para decir que aplicaría a presuntos secuestradores o a personas que cometieron homicidios. Estos argumentos no sólo caricaturizan una propuesta que ha sido planteada con seriedad, también justifican la lógica de la guerra y la venganza que ha agravado la situación del país. Muestra de que estos argumentos son mentiras es la declaración de Alfonso Durazo, posible secretario de seguridad pública de López Obrador, que aclaró que no se daría amnistía a criminales sanguinarios, secuestradores, entre otros. Incluso, aquí el lector podría hacer lectura textual de la propuesta de palabras de López Obrador:

“Repito: haremos todo lo que sea necesario para conseguir la paz; someteremos a debate y consulta principalmente con las víctimas, la posibilidad de otorgar amnistía a infractores que opten por su readaptación, como ha sucedido en otros tiempos en nuestro país y en el mundo. El único propósito, no hay otro, es explorar todas las posibilidades para detener la violencia y garantizar la tranquilidad del pueblo de México”.

En cambio, nosotros celebramos que se haya hecho una propuesta para readaptar a miles de infractores de la ley que pueden colaborar con información para la pacificación del país. Entre ellos pueden ser los campesinos involucrados en la producción de drogas, de integrantes de organizaciones criminales que no hayan cometido delitos graves, que puedan proveer información para que avance la justicia, o personas que fueron forzadas a trabajar para estas organizaciones. Es tiempo de recuperar la rehabilitación y el perdón como parte de los ejes del funcionamiento de nuestro sistema de justicia.

A diferencia de la amnistía de facto que ocurre cotidianamente México por la impunidad que impera en el país, y de una Ley de Seguridad Interior que hace legal y explícito el modelo militarizado de seguridad pública, un debate y consulta sobre la propuesta de amnistía es esperanzador.

Sin embargo, si se espera que esta propuesta tenga efectos importantes para reducir el conflicto violento no convencional en el que nos encontramos, es necesario discutir diversos detalles de su posible implementación. Al equipo de López Obrador y a la sociedad en general, lanzamos estas cuatro preguntas.

1.- ¿Quiénes deberían ser beneficiados por esta idea?

Es crucial saberlo, ya que no es posible desmovilizar en masa a las grandes organizaciones criminales porque el régimen internacional de control de drogas sigue presente y porque cada vez es más complicado identificar cuáles de ellas causan violencia o si esta ya es realizada por pequeñas organizaciones. Es así que la propuesta, de manera obligatoria, debe venir acompañada de una revisión del régimen excepcional de prohibición de drogas y de excepcionalidad por delitos relacionados al crimen organizado. No puede haber desmovilización sin regulación de las drogas.

2.- ¿A cambio de qué?

Debe ser claro qué se le ofrecerá al que estará en este programa y, sobre todo, si entre lo que se ofrecerá será una especie de perdón, reducción de alguna condena −si se garantiza que habrá proceso penal− o algún otro tipo de incentivo. En ello, la propuesta no sólo debe ser hecha con anuencia de las víctimas, también debe ser de ayuda a las víctimas, por ejemplo, para encontrar a una persona desaparecida o para tener justicia por un caso de homicidio. Pero, en general, este mecanismo debe ser parte de un proceso amplio de justicia transicional para que se conozca la verdad de los hechos durante estos años. No puede haber paz sin justicia.

3.- ¿Qué entregarán aquellos que sean procesados por este programa?

La información que ofrezcan los que estarán al programa no sólo debe ser acerca de los delitos que se hayan cometido, también deben revelar a las componendas políticas que permitieron que esta crisis sucediera, deben llevar a incautar las armas con las que se han cometido delitos y, en más de un caso, deben ayudar para que pasen por la justicia aquellos quienes hayan cometido violaciones graves de derechos humanos, sean de organizaciones criminales o agentes del Estado.

4.- ¿Cómo serán reintegrados a la sociedad?

En el actual contexto de desigualdad, pobreza y empleo precario, es necesario que aquellos que sean sometidos a esta propuesta, al igual que como debería ser a todo reo liberado en México, sea reintegrado a la vida normal del país. El programa debe responder a una integración auténtica que evite la reincidencia o a la reagrupación de organizaciones criminales.

Esta propuesta puede revalorar el papel de la justicia, la paz y las vías no violentas en la seguridad pública de nuestro país. Por eso, debe ser planteada sin medidas de militarización y no debe ser utilizada para continuar con la guerra, por ejemplo, con el uso de información de testigos protegidos para “abatir” a líderes de organizaciones criminales, hecho que ha causado amplias olas de violencia en el país.

No debe ser una Guardia Nacional la encargada de esta iniciativa, es tiempo de desmilitarizar. Sobre todo, porque los otros candidatos, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, no se han alejado del paradigma de guerra que ha causado tanto dolor en México.

En razón de lo anterior, como lo hicimos con el Proyecto Alternativo de Nación, llamamos al debate sobre esta y otras alternativas para pacificar el país, y aquellos que nos acompañen en esta tarea sean nuestros aliados políticos.