Al inicio del nuevo Gobierno Federal hubo un primer mensaje que los diferenciaba de sus antecesores: un gabinete paritario. Esto igualmente sucede, por primera vez en la historia mexicana, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.  

Si bien en Democracia Deliberada reconocemos el progreso que se ha logrado en involucrar a las mujeres en los puestos de toma de decisiones más importantes en la política pública, no es evidente que ello se esté traduciendo en un fortalecimiento de las políticas con perspectiva de género.

Los roles de género tradicionales han limitado la acción de las mujeres a la esfera privada, pero las revoluciones feministas del siglo XX han logrado avances importantes, tales como el derecho al sufragio en 1953 y el aumento sostenido de la proporción de mujeres en el mercado laboral.

Sin embargo, persisten problemas como el techo de cristal, las dobles jornadas laborales ocasionadas por el trabajo del hogar no remunerado (por no ser valorado) ni compartido, el trabajo del hogar remunerado pero sin acceso a seguridad social, las brechas salariales, la persistente disparidad de género en los mandos medios y directivos, además del acoso sexual en espacios y transportes públicos, el embarazo adolescente, la penalización del aborto y una tasa de violaciones y feminicidios al alza.

Un gobierno de izquierda debe tener como cimiento el diagnóstico correcto y minucioso sobre los orígenes de los problemas asociados a la desigualdad de género y comprender que los símbolos, como por ejemplo, un gabinete paritario, no son suficientes si éstos no se acompañan de políticas públicas que empoderen a las mujeres mexicanas en todos los ámbitos.

En particular, nos preocupa que ante la restricción presupuestaria plasmada en el Paquete Económico Fiscal se decida qué políticas, programas e institutos desaparecen de tajo justificadas al amparo de una interpretación errónea sobre la intermediación entre gobierno y población-objetivo, o bien, tachando de irremediables ciertas instituciones en vez de apostar por su reformulación además de iniciativas de ley que vayan en contra de los derechos humanos o propuestas de ternas patriarcales para puestos tan relevantes como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Muestras de esto son la reducción del presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y diversos programas sociales dirigidos a mujeres, la voucherización para las estancias infantiles, la eliminación de los subsidios a las organizaciones que administran los refugios de mujeres y sus hijas e hijos víctimas de violencia extrema, la iniciativa de ley en el Senado para penalizar el aborto a nivel federal y las posturas machistas de algunas candidatas para ser ministras de la SCJN, así como del Secretario de Hacienda respecto a perpetuar que la carga del cuidado recaiga sobre “las abuelas”.

Hay que decir que las acciones antes mencionadas contrastan con el muy positivo papel del Gobierno de México en la próxima aprobación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la reforma a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por medio de la cual se ha conseguido la inclusión de las trabajadoras del hogar (en hogares de terceros) al sistema de seguridad social mexicano, y del lanzamiento programa piloto del IMSS. Este último, es un claro ejemplo de una política pública con enfoque de género en este país.

El Gobierno de México está a tiempo de corregir los errores de estos acelerados meses por medio de una discusión pública donde se sopesen las diferentes alternativas antes de desaparecer políticas y programas públicos. Citando nuestra 13a batalla:

Un problema estructural, como lo es la inequidad de género, no se resuelve con políticas ornamentales y simplistas: son necesarias políticas públicas con perspectiva de género; educación que combata estereotipos de género y masculinidades no violentas; regulación que garantice un mercado laboral con remuneración equitativa; una política de salud pública que reconozca la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo; un sistema de impartición de justicia no revictimizante.

https://democraciadeliberada.org/acerca-de/13-batallas/

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que “Por el bien de todos, primero lo pobres”, pero en un país donde las mujeres jefas de familias en situación de pobreza constituyen el 27% (Coneval, 2016) es fundamental que el presupuesto público no las excluya. Las decisiones presupuestales deben tener perspectiva de género; de lo contrario, se ampliarán las brechas de desigualdad entre las mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad y los sectores más privilegiados. Consideramos fundamental que los poderes del Estado y sus instituciones configuren un verdadero pacto social hacia la equidad de género. Llamamos a todas las aliadas de la Cuarta Transformación para hacerlo realidad.