Hace un año la voluntad popular derribó las puertas que impidieron por más de tres décadas el acceso de una opción de representación mayoritaria al poder político y completó un urgente relevo de élites, necesario para detener las políticas neoliberales. La elección del 1 de julio de 2018 significó más que un cambio de gobierno, es un cambio de rumbo: ocurrió un quiebre en la historia política y social de México, un punto de inflexión a partir del cual no hay a dónde volver y desde donde sólo es posible construir hacia adelante.

La coalición hoy a cargo del gobierno ofreció rescatar al Estado para transformar México en un país más inclusivo, con un crecimiento económico que alcance a todos. Propuso construir un país en el que el paradigma sea el desarrollo con bienestar, en el que la libertad efectiva de todas y todos esté garantizada, que el acceso al poder político no esté mediado por el dinero, que las instituciones judiciales traten a todos por igual, respetando los derechos y libertades, para que las víctimas encuentren justicia: un México posneoliberal con una democracia popular, igualitaria y que sirva a las mayorías.

A raíz del triunfo de la coalición obradorista, el discurso público viró radicalmente hacia un lenguaje más accesible para las mayorías, visibilizando las siempre existentes contradicciones de clase y etnia, revitalizando el papel de la familia, la comunidad y el pueblo en la sociedad y la política. Las mayorías se apropiaron de la discusión pública, hasta entonces exclusiva de una minúscula comentocracia: hoy todo se discute, todos opinan.

La política popular enfrenta ahora más que nunca el dogma neoliberal que excluía a la mayoría de los mexicanos de las decisiones públicas. La razón estática de la ortodoxia a toda costa en las políticas de gobiernos anteriores está siendo desafiada por una idea de bienestar y universalidad. Este cambio de enfoque se ha ido cristalizando en acciones tangibles de gobierno, como la reforma laboral aprobada hace un mes o el incremento sustancial del salario mínimo. Producto de la reforma, por primera vez los trabajadores pueden elegir democráticamente a sus líderes sindicales, reconquistando así parte del poder que el régimen de la revolución institucionalizada les quitó mediante el charrismo sindical y que el neoliberalismo perpetuó por conveniencia. Existen condiciones para llevar la democracia al lugar de trabajo, en donde están las mayorías (los trabajadores). De igual forma, el incremento al salario mínimo es un paso importante para hacer que los frutos del crecimiento económico del país se repartan entre todos sus habitantes y romper así con el ciclo pernicioso que concentra la riqueza en una minoría privilegiada.

Si bien estos son pasos encaminados hacia la construcción de ese México posneoliberal que queremos, el ejercicio del poder por parte del gobierno en estos primeros meses de gestión se ha quedado corto en algunos ámbitos. Por ejemplo, el gobierno carece de estrategias dirigidas a uno de los grupos que sistemática e históricamente se han encontrado en desventaja: las mujeres. Las políticas de reasignación del gasto, de modificación del sistema de provisión de ciertos servicios públicos y –no sobra decirlo– la dinámica de trabajo impuesto dentro de la propia administración pública vulnera especialmente a las mujeres y las aleja aún más de la materialización de una verdadera igualdad en el ámbito laboral y de una mejor conciliación de la vida personal y el trabajo. El ritmo del ejercicio del poder, de nueva cuenta, sigue el paso masculino. Insistimos: decisiones de esta naturaleza terminan acentuando la ausencia de políticas para las mujeres de nuestro país.

Por otro lado, hasta ahora no se vislumbra una alternativa firme a la política social de gobiernos previos, que descansaba en el mercado. Más aún, seguimos presenciando una voucherización del gasto público en lugar del fortalecimiento de los servicios públicos para los menos privilegiados. La austeridad –que se ha intensificado con el paso de los meses– no nos da mayor esperanza de una rectificación que proteja a mujeres, indígenas u otras poblaciones vulnerables más allá de una transferencia en efectivo. La nueva ola de recortes afecta ya la provisión de servicios públicos, el empleo y los bolsillos de las y los mexicanos más necesitados.

Vemos también señales de alarma en decisiones que, en nuestra opinión, ponen en riesgo la sustentabilidad fiscal y el ritmo de por sí ya lento del crecimiento económico en México. Un ejemplo es la creencia de que la industria petrolera es la única que permitirá al país desarrollar su potencial productivo. Esta idea debe someterse a una revisión frente a otras alternativas de industrialización o fuentes recaudatorias; de lo contrario, se corren riesgos no sólo en términos medioambientales sino también económicos, dada la problemática interconexión entre Pemex y la hacienda pública.

Urge un sector energético funcional y productivo que atienda la demanda de energía del país y que, además, tenga como una de sus directrices la transición a energías sustentables necesarias para enfrentar el desafío del cambio climático. No debemos sacrificar la capacidad del Estado para garantizar el ejercicio de derechos de la ciudadanía ante el plan de rescatar a Pemex mediante sucedáneos recortes al resto del gasto, los cuales tienen también efectos serios en la desaceleración de la economía.

Si en el periodo neoliberal se concentró la riqueza mediante la colusión con empresarios rentistas, una función del Estado posneoliberal es redistribuir la riqueza generada por el crecimiento económico vía impuestos. Aunque es necesario el rescate de la empresa productiva del Estado para asegurar la soberanía energética, el petróleo no puede ser la única vía de redistribución en el siglo XXI, ni el sustituto de una recaudación cada vez más insuficiente para las necesidades que enfrenta el país: por sus dimensiones, la economía mexicana demanda mayor complejidad, nuevas políticas industriales y de crecimiento. Se debe reconocer que las limitaciones fiscales actuales impiden la construcción de un México en donde primero estén los pobres.

A un año de la elección acudimos al reto de definir qué tipo de posneoliberalismo queremos. Creemos que la única forma de garantizar que el México posneoliberal sea igualitario es mediante la existencia de un Estado fortalecido, eficiente y eficaz. Un Estado que garantice el ejercicio de los derechos sociales que se encuentran plasmados en la Constitución de 1917, sin importar de dónde se viene, el color de piel, el sexo o los ingresos. Un Estado vigoroso que garantice, mediante servicios públicos, el ejercicio de estos derechos para que no se encuentren sujetos a los vaivenes del mercado, los cuales terminan por excluir a quienes no cuentan con los recursos para participar en él. Un Estado donde ni la ley ni la justicia sean herramientas que abonen en la desigualdad.

En Democracia Deliberada celebramos el viraje hacia la dignificación de la política y de lo público. Por eso, en el ambiente de este viraje creemos que es posible formar una nueva generación de técnicos democráticos y populares que se atrevan a pensar más allá de los límites impuestos por los paradigmas neoliberales de las relaciones marginales, el costo-beneficio monetario y la ortodoxia, ya superados en buena parte del mundo. Aspiramos a que se consolide una nueva burocracia honesta, digna y al servicio del pueblo, armada del talento necesario para responder con nuevas herramientas y nuevos instrumentos de política a los complejos desafíos del país.

Ante una oposición desarticulada, sin legitimidad, sin proyecto y refugiada en el reciclaje de membretes y pactos cupulares, creemos que las rectificaciones deben surgir desde el interior de la coalición de gobierno. Ante la limitada capacidad de la reacción intelectual para interpretar el cambio, y para diagnosticar y analizar la nueva realidad política, es responsabilidad colectiva de todo el movimiento articular una narrativa del cambio, ponderar los aciertos y los errores y, sobre todo, señalar estos últimos cuando estamos aún a tiempo para corregirlos. Creemos que esa narrativa debe deshacerse del gobierno ineficiente y de las soluciones que recaen exclusivamente en el mercado, pero sobre todo debemos imaginar un México con un Estado capaz de levantar e igualar y proteger al más desfavorecido.

El 1 de julio del año pasado se abrió una oportunidad para comenzar la construcción del posneoliberalismo, la cual requiere de ejercicios de imaginación y crítica constante. Este proceso que creíamos lejano ya se instaló y no podemos dejar pasar esta oportunidad para diseñar el porvenir. En nuestras trece batallas hemos apenas delineado un México que queremos construir y este gobierno representa el momento histórico para dejar sólidos cimientos. Llamamos a discutir ampliamente el México que antes se veía imposible y a ser críticos para dirigir el rumbo hacia una sociedad igualitaria. El posneoliberalismo será democrático, popular e igualitario, o no será.