Las consecuencias de la pandemia del COVID 19 serán de proporciones históricas. El impacto en la salud, la economía, los empleos, la pobreza, las dinámicas dentro de los hogares y en la sociedad en general será de tal magnitud, que sólo la intervención decidida del Estado y la acción colectiva darán viabilidad y certeza en el corto y mediano plazo. La crisis de salud ha hecho evidente que se requiere echar mano de todas las atribuciones y recursos públicos para salir adelante pero, sobre todo, se vuelve necesario repensar la función del Estado y el pacto social en el cual está cimentado. En pocas palabras, sólo lo público podrá salvarnos.

Desde Democracia Deliberada queremos reconocer a quienes están en la primera línea de defensa: el personal médico, de cuidados, de limpieza y de infraestructura crítica, que arriesga su propia salud para proteger la vida de las y los demás en un contexto muy desafiante. También nos solidarizamos con aquellos que sufren desde ahora las consecuencias de la pandemia, con quienes perdieron su empleo, así como con las familias de quienes han perdido la vida.

Este contexto de emergencia nos obliga a avanzar en una transformación de fondo y hacia la construcción de un estado de bienestar. Hay dos alternativas: i) la de un Estado que administra problemas mediante la subrogación de servicios públicos esenciales, que sólo ofrece respuestas coyunturales y apoyos directos a las grandes empresas; o ii) uno capaz de intervenir en la distribución de los trabajos de cuidado, impulsar la generación de infraestructura y de bienes públicos que sienten las bases del estado de bienestar al que aspiramos. Quienes sólo ven la primera alternativa siguen viendo al Estado como un mal necesario. En contraste, quienes optamos por la segunda consideramos que, en una crisis como ésta, el Estado es un instrumento de bien: la institución social y política más relevante para generar una mejor sociedad. En Democracia Deliberada siempre hemos apostado por esta alternativa.

La emergencia no debe ser un pretexto para seguir postergando esta tarea. Por el contrario: ha sacado a la luz la manera en que la corrupción rapaz y la ideología de mercado han desmantelado al Estado y, en específico, al sistema de salud. Así, se han puesto otra vez de manifiesto las deficiencias históricas y estructurales del actual Estado mexicano: la debilidad e inequidad de los servicios públicos –notablemente los de salud–; la división sexista de los trabajos de cuidados y el desdén gubernamental a su atención; la pobre inversión pública en infraestructura, así como la exigua recaudación tributaria (tanto nacional como subnacional) que impide ejercer el gasto necesario para la construcción del estado de bienestar que el país demanda.

Hasta ahora, el gobierno de México ha anunciado una serie de medidas económicas para mitigar los efectos de la pandemia. Ha dejado claro que sus beneficiarios no deben ser los ganadores de los rescates del pasado; que el costo no debe ser asumido sólo por el pueblo; que esta crisis no debe ser aprovechada para el abuso y la corrupción y, sobre todo, que es fundamental poner dinero en las manos de la gente para estimular la demanda agregada y paliar la previsible reducción de sus ingresos. Particularmente, debe apoyarse económicamente a las personas más desfavorecidas, ya sea porque se queden sin empleo, porque vean reducidas las remesas o porque tengan que enfrentar gastos catastróficos en salud.

Para estos fines, el gobierno federal usará la red de programas sociales existentes, un nuevo programa de créditos, así como el derrame económico (incluyendo los empleos) que representan las grandes obras de infraestructura. Respaldamos estas acciones básicas para favorecer a quienes menos tienen y a quienes frecuentemente han sido excluidos de los paquetes de ayuda ante las crisis. Nunca más un plan económico sin que los pobres sean la prioridad.

No obstante, nos preocupa que los efectos del choque económico y social puedan ser más profundos y duraderos de lo que hasta el momento ha estimado el Ejecutivo, tanto en los precriterios de política económica como en el plan económico anunciado. La posibilidad de hacer frente de forma oportuna a la contingencia sanitaria, de atenuar el impacto de la crisis en la población que vive apenas por encima de la línea de pobreza y de impulsar un sistema universal de salud y de cuidados dependerá de la disponibilidad de recursos suficientes.

En concreto, nos preocupa que la ayuda del gobierno federal no llegue a ciertos grupos, como a los cerca de 8.8 millones de autoempleados informales del sector urbano o las micro y pequeñas empresas que no serán cubiertas por los programas existentes. Familias enteras dependen de estos empleos y enfrentarán una reducción en la demanda de sus productos en el futuro cercano. Debe asegurarse a toda costa que los fondos sean suficientes, sobre todo para el sector que no tiene seguridad social ni acceso al crédito formal.

En Democracia Deliberada tenemos la convicción de que los esfuerzos más ambiciosos deben enfocarse en la construcción de un sistema universal de salud, así como en un nuevo sistema de cuidados y de protección social, en el que destaque la creación de un seguro nacional de desempleo. Es decir, respaldamos la creación de un auténtico estado de bienestar que promueva la igualdad entre hombres y mujeres en los ámbitos público y privado, que proteja la diversidad de estructuras familiares y que no espere que éstas resistan las crisis de manera aislada y con transferencias insuficientes.

Compartimos la visión con la que la actual administración llegó al poder, de instaurar un estado de bienestar. Sin embargo, las medidas anunciadas para responder a la crisis provocada por el COVID 19 no resuelven la debilidad del Estado por la falta crónica de recursos que permitan mejorar sustantivamente su capacidad de provisión de servicios mínimos. Por ello, consideramos que ahora es imprescindible: 1) multiplicar y diversificar estratégicamente la inversión pública, 2) no descartar el endeudamiento como un recurso para completar los fondos requeridos, mientras éste aún es accesible y antes de que se vuelva condicionado y 3) hacer una reforma fiscal progresiva para solventar los dos primeros puntos.

Ya es tiempo de ver más allá del petróleo. Mantener a flote Petróleos Mexicanos es un objetivo estratégico, pero esta crisis y la caída de los precios del petróleo de nuevo señalan lo imperativo de transitar hacia fuentes de energía renovables frente a la emergencia climática y replantear el papel de Pemex en las finanzas públicas.

La experiencia histórica de México muestra que la deuda, efectivamente, sirvió para beneficiar a unos cuantos y avanzar la agenda neoliberal. Pero el gobierno actual cuenta con la legitimidad política y los instrumentos legales para que los recursos obtenidos por esta vía sean exclusivamente canalizados a programas dedicados a la atención de las y los más pobres y a reducir la desigualdad en el país. Creemos que el endeudamiento puede ser considerado como una opción, aunque no la única, de complementar los recursos para hacer frente a la circunstancias.

Para que este auténtico estado de bienestar se sostenga en el tiempo, es necesario que cuente con los recursos que no tiene actualmente. Además de la posibilidad de contratar deuda, es indispensable considerar una reforma fiscal progresiva que contemple el impuesto a las herencias y a la riqueza, que incluya las plataformas digitales y otros negocios propios del constante progreso tecnológico, que reduzca los incentivos a la informalidad, que funcione como una verdadera herramienta de redistribución y que asegure que los costos de un posible endeudamiento recaigan en quienes tienen mayores recursos.

La grave recesión global que se avecina puede transformarse en una coyuntura para fortalecer la resiliencia de la economía mexicana, diversificar las oportunidades de desarrollo y disminuir las desigualdades históricas. Parafraseando el final de la famosa carta de Keynes a Roosevelt: bien aprovechado, el contexto de la crisis puede reactivar y reformar la economía mexicana, restaurando la fe de la gente en lo público, en el gobierno y en el poder de la acción colectiva.

En Democracia Deliberada creemos que es impostergable transformar el país y que esta crisis, por sus consecuencias en la salud pública y en la economía, harán aún más visibles las desigualdades y las debilidades de nuestra sociedad y de nuestros gobiernos. Pero, precisamente por esa razón, se presenta la necesidad de movilizar todos los recursos disponibles para construir un estado de bienestar para todas y todos. Abocarnos de lleno a esa construcción no sólo brindará la atención que tantas mexicanas y mexicanos han requerido durante décadas, sino que echará a andar la economía a partir de la inversión productiva, tanto pública como privada.

La incertidumbre nunca es aliada de los de abajo, ni del bienestar, ni del crecimiento económico. Por ello, lo que se requiere es dar certidumbre, dar claridad de que después de esta crisis no volverán a hacer falta camas en hospitales, protecciones para personas desempleadas, ni regresaremos a la redistribución injusta del trabajo en el hogar. Ni las familias ni las personas deben vivir con miedo de que una situación imprevista, como es una pandemia, pueda tornarse una calamidad. Sólo así haremos que la vida social y la vida económica estén listas para enfrentar crisis, epidemias y catástrofes equiparables –como las climáticas, que surgirán en el futuro–. La magnitud de esta crisis exige autocrítica y flexibilidad para hacer realidad el ideario social que la Constitución de 1917 prometió y que aún está por cumplirse.