Nuestro programa: las 13 batallas

1. CRECIMIENTO REDISTRIBUTIVO. Muchos actores públicos y privados insisten en que el crecimiento económico debe priorizarse sobre la redistribución. Su argumento está incompleto. Es un error asumir que únicamente el crecimiento soluciona los problemas económicos y de desarrollo de la mayoría, especialmente de las clases medias y sobre todo de los más pobres. La redistribución de la riqueza es uno de los factores principales que pueden favorecer sustancialmente el crecimiento sostenido en el largo plazo. Enfrentaremos cualquier intento que pretenda priorizar políticas públicas enfocadas únicamente en el crecimiento económico ignorando su impacto redistributivo.

2. RECAUDACIÓN Y GASTO PÚBLICO PROGRESIVO. La desigualdad social antes del cobro de impuestos es casi igual que la desigualdad social después del ejercicio del gasto público. En el agregado, la recaudación y el gasto del Estado no tienen efectos redistributivos notables y su intervención fracasa cotidianamente en construir una sociedad más igualitaria. Así como los grupos con mayor ingreso deben de pagar más impuestos, también se necesita reconocer que sin un gasto público más progresivo, sin mejor y más seguridad social, sin educación pública de mejor calidad, sin un mercado bien regulado, sin un sistema laboral más incluyente, sin más movilidad social, la mayoría de la población seguirá sin recibir buena parte de los beneficios del magro crecimiento económico. Enfrentaremos cualquier intento por aumentar el carácter regresivo de la recaudación y del gasto público.

3. ESTADO SIN CONSENTIDOS. Una de las grandes premisas del trato igualitario es el combate al privilegio. Esta premisa es especialmente importante cuando se trata de los recursos del Estado. En nuestro pasado hemos acumulado muchos actores que capturan rentas públicas y posiciones de mercado sin que haya una justificación pública de por medio. Otorgar privilegios de trato y de gasto, por ejemplo a través de exenciones y gastos fiscales, tráfico de influencias en contratos y contrataciones o captura regulatoria, son todos una manera de gobernar con la máscara de un Estado fuerte y dadivoso que, en el fondo, esconde un Estado débil y dependiente de grupos de interés y privilegio presupuestal. Construir un Estado fuerte pasa por construir un Estado que imponga condiciones a los que han sido los consentidos, sean empresas, monopolios, sindicatos, u organizaciones sociales. Para tener trato igualitario, el Estado debe ser autónomo y fuerte. Enfrentaremos cualquier intento por mantener privilegios abusivos, prolongar la captura del Estado o negarse a dar resultados socialmente beneficiosos.

4. BUENA CALIDAD EN EL SERVICIO A LAS PERSONAS. La atención a las personas en los servicios públicos que ofrece el Estado es deficiente, excluyente y a veces denigrante. Desde los trámites de ventanilla hasta la organización de licitaciones públicas, pasando por la oferta educativa, las exclusiones por razones étnicas, de lenguaje, y hasta el sistema de justicia, la atención no es expedita ni igualitaria en los hechos. No todos reciben el mismo trato ni calidad en la provisión de servicios. La corrupción, la ineficiencia, las dobles ventanillas, el trato diferenciado, suelen resultar en que los servicios públicos privilegien a los que tienen mayores recursos y mejor información. La mala atención afecta – sobre todo- a los más pobres y a los más marginados, no sólo es un problema para las minorías indígenas sino para la gran mayoría de personas en situación de vulnerabilidad. No se puede seguir justificando el trato diferenciado en el acceso a servicios como la seguridad social y la educación pública a las personas simplemente por residir en el campo y vivir de la producción agrícola. Enfrentaremos cualquier oposición a mejorar la atención, calidad y el trato igualitario en los servicios públicos.

5. DISPERSIÓN DEL PODER. La concentración del poder, a menos de que esté meticulosamente justificada y supervisada, suele ser el sustrato donde germinan la tiranía y la opacidad. Los derechos civiles y políticos de las personas son la base mínima de una democracia. Asumir su existencia plena es el primer paso para enfrentar la concentración del poder. Este tipo de concentración se ha hecho patente en el Congreso de la Unión, entre los liderazgos de los partidos políticos, en la influencia externa en los órganos autónomos del Estado y del Poder Judicial, y en los liderazgos de las organizaciones gremiales y sindicales. Al mismo tiempo la autonomía relativa de las autoridades locales, la representación del Estado más cercana a las personas, se ha disminuido frente a gobiernos estatales y federales En el ámbito privado las cosas no son distintas. La concentración económica revela una de sus caras más perversas al traducirse, también, en concentración del poder. Esta es una lucha que requiere una reforma política que incremente la pluralidad, amplíe los espacios de participación directa de la ciudadanía, y fomente la rendición de cuentas. Enfrentaremos cualquier iniciativa de concentración del poder público o privado que no esté debidamente supervisada y justificada con argumentos meticulosos, en términos prácticos y con carácter de excepcional.

6. JUSTICIA SIN VIOLENCIA. Los gobiernos recientes han promovido una estrategia de combate a la violencia de tipo punitivo que se olvida de la provisión de justicia imparcial y para todos. La estrategia punitiva ha usado la fuerza del Estado de forma mal administrada y ha resultado en altos niveles de violencia sin justicia. Hace falta una estrategia disuasiva que reduzca los niveles de violencia y la exaltación del castigo. Es necesario reconocer la necesidad de reformar el sistema de justicia para que los fiscales no sean quienes deciden los resultados del juicio de antemano. La seguridad a cualquier precio, la que no construye a la vez un sistema de impartición de justicia eficiente, transparente y público es una seguridad injusta y no sustentable al largo plazo. El crecimiento de la población carcelaria no puede ser el principal indicador de éxito de las fuerzas de seguridad. Enfrentaremos cualquier iniciativa que promueva políticas públicas de seguridad que no estén basadas en el reconocimiento de los derechos civiles de todas y todos, que apueste por la criminalización, y que ignore el fortalecimiento del sistema de impartición de justicia.

7. LA VIDA EN LAS CIUDADES. Cada vez más mexicanos viven y vivirán en centros urbanos. La construcción de ciudades más humanas y sustentables requiere un cambio de enfoque que se aleje de la cultura del automóvil y de la provisión de vivienda de mala calidad y alejada de los servicios que ofrece la urbe. El proceso de urbanización debe encaminarse a ciudades en donde no queden separadas las zonas de residencia de las zonas de trabajo, donde el espacio publico tenga un uso más humano y saludable, donde la superficie urbana sea más limpia y donde los espacios se presten al encuentro y no a la separación de los habitantes. Dentro de las ciudades, la construcción pública y privada debe hacerse a escala humana, priorizando el espacio para peatones y ciclistas, y mejorando la calidad y oferta del transporte público. Enfrentaremos el abaratamiento relativo del automóvil frente el transporte público, la segmentación urbana sobre la construcción de espacios compartidos, la construcción de vivienda como coartada financiera y no como la mejora de la calidad de vida.

8. DESPETROLIZAR LA ECONOMÍA Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE. El efecto en el largo plazo que ha tenido el énfasis en el uso de energías fósiles en las finanzas públicas y en el medio ambiente no es motivo de celebración. Considerar la producción petrolera como el pilar de las finanzas públicas y la palanca del desarrollo económico es mantener un error del pasado. Se necesitan desarrollar nuevas fuentes de energía, renovables, con bajo impacto ambiental que permitan la disposición de energía en el largo plazo a un costo asequible. La eficiencia ambiental y energética, es un asunto de patrones de desarrollo industrial, pero también lo es de hábitos de consumo, construcción y administración energética de nuestros espacios de trabajo y habitación. Hay que transformarlos. La explotación de recursos naturales debe siempre tomar en consideración el impacto en las comunidades afectadas directa e indirectamente, en la biodiversidad y en los servicios ambientales. Enfrentaremos cualquier intento por convertir los hidrocarburos en el centro del desarrollo, ignorar la degradación ambiental y sus impactos comunitarios y en la eficiencia y sustentabilidad de nuestra producción y uso de la energía.

9. INFORMACIÓN LIBRE Y ACCESIBLE. Los cambios tecnológicos más recientes han hecho obvios los beneficios masivos del libre intercambio de información e ideas por medios electrónicos. La reacción irreflexiva de intereses económicos que pretenden sostener modelos de distribución de información y entretenimiento basadas en tecnologías previas toma su peor expresión con los intentos de restringir el uso de internet, priorizar ciertos intercambios de información sobre otros, automatizar la protección de la propiedad intelectual, y contener o limitar la diversidad en los medios de comunicación. La expansión en la cobertura y acceso a nuevas tecnología de la información son una infraestructura con valor público que ofrecen oportunidades de desarrollo, desde la persona que quiere presionar a su gobierno para que haga mejor su trabajo, hasta el pequeño productor que se quiere vincular con mercados globales. Enfrentaremos cualquier intento que pretenda restringir el flujo de conocimiento e información para proteger intereses políticos o económicos, o mantener la concentración de los medios de comunicación.

10. DESCENTRALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL. Una de las aproximaciones a las políticas públicas que se han perpetuado en nuestro país, sin mayor reflexión, es la centralización de la producción de bienes culturales y su vinculo con los procesos políticos. Esto va desde la concentración de las decisiones y el presupuesto en las instituciones públicas dedicadas a la cultura en oficinas de poderes ejecutivos, hasta su peor expresión en la integración vertical de los medios de comunicación. Se necesita fragmentar y fomentar la producción cultural. Se necesita reconocer cómo la descentralización también promueve la creación multicultural que existe en las distintas regiones y grupos étnicos del país. Enfrentaremos cualquier intento por seguir concentrando la producción cultural.

11. MIRAR DE FRENTE AL MUNDO. La relación de México con el mundo está atrofiada por la compleja relación que tenemos con Estados Unidos. Una integración menos desigual hacia el norte debe priorizar la expansión de nuestras relaciones hacia el sur y su ampliación hacia otras latitudes. El TLCAN ha beneficiado a algunos de los sectores más importantes de nuestra economía, y la política de seguridad compartida ha atendido nuevos problemas; sin embargo, la relación hacia el norte padece de una seria asimetría de poder. Revertir ese problema no sólo depende de nuestra fortaleza y seguridad interna o de continuar con el multilateralismo autónomo de nuestra actual política exterior. Volvernos a enfocar en nuestros intereses nacionales pasa por ampliar y diversificar nuestras relaciones en el exterior, especialmente en los temas donde ya hay cooperación con América del Norte: seguridad y comercio, por ejemplo. También debemos trabajar con nuestros vecinos del sur en materia migratoria y económica. Mejorar el trato que damos a los migrantes en México es apenas un paso indispensable para construir las alianzas que nos den la fuerza necesaria para negociar exitosamente nuestros intereses en el exterior.  Debemos fortalecer nuestra relación con los mexicanos que viven en Estados Unidos. No nos negamos a mirar al norte, pero antes queremos construir las condiciones para hacerlo con menos desventajas. Enfrentaremos cualquier intento de profundizar la relación con Estados Unidos sin preocuparse por contrarrestar la asimetría de poder que existe el día de hoy.

12. UNIVERSALIZACIÓN DE DERECHOS. El cuerpo de las personas es su propio dominio. El espacio íntimo, en pocas ocasiones -sin considerar daños a terceros- debe ser sujeto de intervención del Estado o pública. La erradicación de la violencia dentro de las familias es un ejemplo de la intervención justificada del Estado. El respeto a la vida privada, a las decisiones sobre si integrar o no una familia, cómo hacerlo, con cuántos integrantes, debe considerar los máximos derechos disponibles para quien así lo solicite. El Estado debe ser ciego frente a las decisiones de la vida íntima y por tanto proveer los mismos servicios y protecciones legales a todas y todos. La única discriminación justificable será aquella que mejore las condiciones reales del ejercicio de derechos civiles de quienes se encuentran en desventaja estructural por razones socioeconómicas, étnicas, de género, de credo, de preferencia sexual, o por tener alguna discapacidad física o intelectual. Enfrentaremos cualquier intento que pretenda violar la intimidad de la vida de las personas o discriminarlas para restringir el ejercicio pleno de sus derechos.

13. CIUDADANAS PLENAS. Las mujeres han sido marginalizadas históricamente por la sociedad y el Estado, pues enfrentan múltiples tipos de desigualdad y violencia, como la física, laboral, sexual, psicológica, económica, jurídica, política y social. La sociedad está sostenida en una estructura patriarcal y desigual que da a las mujeres un estatus de ciudadanas de segunda clase. Un problema estructural, como lo es la inequidad de género, no se resuelve con políticas ornamentales y simplistas: son necesarias políticas públicas con perspectiva de género; educación que combata estereotipos de género y masculinidades no violentas; regulación que garantice un mercado laboral con remuneración equitativa; una política de salud pública que reconozca la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo; un sistema de impartición de justicia no revictimizante; etcétera. Asimismo, la sociedad debe escuchar a los feminismos para promover la transformación en los espacios privados, comunitarios y públicos. Si bien las luchas feministas han logrado avances importantes en la igualdad de género, los poderes del Estado y sus instituciones deben configurar un nuevo pacto social hacia la equidad de género de manera efectiva. Enfrentaremos cualquier iniciativa ornamental que no atienda las causas estructurales de las violencias o la desigualdad de género desde las instituciones formales e informales, privadas y públicas, en las políticas públicas y el cambio social.

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